Muchos colores para explicar el mundo
Muchos colores para explicar el mundo
Claudia Leal, doctora en Geografía e investigadora en Historia Ambiental, invita a mirar los fenómenos de nuestro pasado y presente reconociendo su profunda relación con lo que consideramos natural, para así descubrir un panorama más complejo y colorido.
Los libros que escribe y edita Claudia Leal son una mezcla de elementos de la geografía y la historia que, sumados, aportan una visión amplia de cómo el paisaje y sus transformaciones han ayudado a darle forma al acontecer de Colombia y de Latinoamérica y el Caribe.
Ese enfoque resulta de pensar la historia como “una construcción a dos manos”, en la que no se puede disociar lo natural de lo humano para explicar la realidad política, social y económica. De ese entendimiento surge la Historia Ambiental, que no se limita a estudiar los ambientes naturales, sino también el devenir de la gente. La profesora Leal ha cultivado esta rama del saber y ha dejado una impronta como autora, editora o coeditora de tres publicaciones recientes con sello de Uniandes.
Aunque fueron escritos por distintas personas y sobre temas muy variados, los tres libros tienen un hilo común: incluyen ríos, suelos y bosques en la historia. En ellos descubrimos el tipo de sociedad que le dio sentido a la libertad tras la abolición de la esclavitud en el Pacífico colombiano, aquellos elementos que distinguen el pasado ambiental del subcontinente, además de historias bogotanas en las que los cerros, los humedales, los ríos y la basura son centrales. Los múltiples autores pretenden hacernos notar que vivimos en una casa común y que cuanto más apreciemos los colores de sus paredes, sus enseres y su entorno, más rica será nuestra experiencia y comprensión.
Paisajes de libertad. El Pacífico colombiano después de la esclavitud tiene su semilla en la tesis de doctorado de Claudia Leal en la Universidad de California en Berkeley. Su versión en inglés ganó el premio Michael Jiménez, en 2019, otorgado por la sección Colombia de la Latin American Studies Association (LASA) al mejor libro sobre historia de Colombia publicado en los dos años precedentes. En español salió en agosto de 2020 y hace parte de las publicaciones de la celebración de los 40 años de Ediciones Uniandes.
Con la minuciosidad de la academia y la sencillez de la prosa del cronista reconstruye cómo la gente negra del Pacífico forjó una libertad singular. Esa particularidad está ligada a su acceso al oro y el platino del subsuelo; a la tagua y el caucho de los bosques; en fin, al control territorial. Tal conjunto dotó a esa población de un alto grado de autonomía, porque al poder extraer y vender productos naturales no estaba obligada a trabajar al servicio de sus antiguos amos, como sí sucedió con la gente negra en lugares donde había plantaciones como Cuba y Brasil.

El libro desarrolla dos conceptos para entender la experiencia de la libertad: economía extractiva (referida a la mercantilización de productos extraídos de la naturaleza como base de una economía) y paisajes racializados, que utiliza para designar la transformación física de la región lograda por la gente negra, que fue poco reconocida dada la ideología racial imperante en la época.
Fragmentos de historia ambiental colombiana salió a la luz en 2020 y también es parte de las publicaciones que celebran los 40 años de Ediciones Uniandes. La profesora Leal es la editora académica de 11 artículos de historiadores y geógrafos, egresados de los programas de pregrado, maestría y doctorado del Departamento de Historia y Geografía de Los Andes. Los autores desentrañan la forma en que la naturaleza hace parte de nuestro devenir, centrados en tres grandes temas.
El primero, bosques, muestra cómo la deforestación que tanto nos preocupa se remonta, en ciertos lugares como el César y La Guajira, al siglo XVIII. La sección también indica que los bosques no solo entran en la historia cuando desaparecen; así lo evidencian los usos cambiantes de los manglares del Chocó y la historia profunda y violenta de las selvas del Chiribiquete. El segundo gran tema devela algunos de los costos ambientales de la modernización agrícola, como son la escasez de agua, la contaminación causada por los plaguicidas y la vulnerabilidad ocasionada por las grandes obras de infraestructura. El último tema, que es el más nutrido, examina a Bogotá. Desentraña parte de la historia de los cerros y de los humedales, así como de los ríos Tunjuelo y Bogotá. Muestra, además, que las basuras y su gestión han sido parte integral del crecimiento urbano.

Un pasado vivo. Dos siglos de historia ambiental latinoamericana fue publicado por Ediciones Uniandes y el Fondo de Cultura Económica, y editado por Claudia Leal, John Soluri y José Augusto Pádua. Catorce investigadores de diversas latitudes exploran regiones (como el Gran Caribe), ambientes (como las ciudades) y procesos (como la ganadería) para dar un panorama general de 200 años de historia regional en los que las ideas sobre la naturaleza y su manejo y transformación son centrales. La introducción, escrita por los editores, explica cuatro características fundamentales que marcan ese panorama, entre ellos la condición tropical de buena parte de este territorio y el uso de la riqueza ambiental en la construcción de los estados nacionales.
“Debido a su imponente presencia y al hecho de que siempre han estado allí, las selvas tienden a ser consideradas como la mejor expresión de la ‘naturaleza’ y, en ese sentido, como espacios desprovistos de historia. Sin embargo, como muestra este libro, las selvas llevan mucho tiempo entreveradas con nuestro pasado social de una forma tan simbólica como material”.
Conclusiones, página 296
Reforma tributaria, una urgencia inaplazable
Reforma tributaria, una urgencia inaplazable
El Gobierno debe solucionar el hueco fiscal que viene de tiempo atrás y que se ha incrementado durante la pandemia. Según el Grupo de Investigación en Macroeconomía de Los Andes, recaudar más impuestos es indispensable en este momento porque las finanzas actuales del país no son sostenibles y el no hacerlo acarrearía problemas mayores.
Colombia necesita recaudar entre 15 y 16 billones de pesos en los próximos meses para garantizar el funcionamiento del Estado y la continuidad de programas sociales puestos en marcha para paliar los efectos de la pandemia, como el ingreso solidario para los más pobres, el subsidio a la nómina de las empresas y la vacunación gratuita de la población.
El cálculo es de Andrés Zambrano, profesor de Economía e integrante del Grupo de Investigación en Macroeconomía de la Universidad de los Andes, quien considera que idealmente el recaudo debería crecer en 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Para conseguir esa cantidad existen alternativas que van desde las reformas tributarias y la venta de activos del Estado hasta el endeudamiento externo, la emisión de dinero o préstamos del banco emisor.
Entre Marcela Eslava, Mark Hofstetter y Andrés Zambrano, integrantes del Grupo de Investigación en Macroeconomía, no cabe duda de que es urgente aumentar el recaudo de impuestos, pero no puede hacerse de cualquier manera. Por un lado, hay que prestar atención a cómo distribuir el peso de la carga impositiva para que sea equilibrado, y por el otro, es importante saber comunicarle a la ciudadanía las razones por las cuales se debe hacer la reforma tributaria, algo en lo que el gobierno de Iván Duque ha fallado.
Según el profesor Zambrano, es fundamental que el gasto público sea más eficiente, lo que no significa disminuirlo; todo lo contrario, debe aumentarse, pero focalizándolo donde es más útil, es decir en programas de inversión, infraestructura, educación, salud, vivienda y al mismo tiempo eliminando gastos innecesarios. También hay que fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia para devolverle confianza a la ciudadanía hastiada de la corrupción.
Históricamente, en Colombia el gasto público es mucho más alto que el recaudo. Antes de los años noventa, el gasto era bajo y se situaba en menos de 10 % del PIB. La situación cambió con la Constitución del 91 que buscó generar un estado social de derecho garante de los derechos básicos de sus ciudadanos, entre ellos salud, educación, pensiones y vivienda digna. Para lograrlo fue necesario aumentar el gasto público, pero, dice el investigador Zambrano, no vino aparejado del crecimiento en el ingreso, lo que ha ido acrecentando la brecha año a año.
Y lo que es peor, en 2020 la brecha tuvo un salto enorme, pues en solo un año el gasto público pasó de 19 % a 24 % del PIB, debido a las políticas puestas en práctica por el Gobierno para mitigar los efectos de la pandemia. Zambrano resalta que si el Ejecutivo no hubiera implementado programas como el del ingreso solidario o los subsidios de nómina a las empresas, la recesión sería más profunda y la caída en pobreza habría sido mayor.
En eso coincide el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, quien dice que sin esas ayudas sociales ordinarias y extraordinarias durante 2020, la pobreza monetaria no hubiera sido de 42,5 % (21.021.564 personas), sino de 46,1 %. Es decir, hubiera subido 3,6 puntos porcentuales.
Muchas reformas, pocos ingresos
Para disminuir la continua brecha existente entre los ingresos y los gastos, los gobiernos de los últimos 20 años han hecho 11 reformas tributarias y solo el de Iván Duque había impulsado 3 durante su mandato, con corte a abril de 2020, de las cuales solo una se puso en práctica. La primera, en 2018, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional; la segunda, en 2019, está vigente, y la tercera, en abril de 2021, fue retirada del Congreso por el presidente debido a la presión de los partidos políticos, del empresariado y de los sindicatos y a las masivas manifestaciones de inconformidad ciudadana. Esta última tuvo una particularidad: fue propuesta en el tercer año de mandato, cerca de doce meses antes de las elecciones y en medio de una crisis económica y sanitaria. Esto, sin duda, incidió en el fuerte rechazo de los congresistas que no quieren darse la pela de perder votos entre los electores con algo tan impopular como aumentar los impuestos.
El hecho de que, en promedio, haya una reforma tributaria cada dos años indica que los proyectos que llevan los gobiernos al Congreso suelen ser
modificados drásticamente y la diferencia entre lo previsto y lo aprobado reduce la posibilidad de recaudar el dinero necesario para cerrar la brecha. Aunque suele hablarse de reformas estructurales, lo cierto es que casi siempre solo se logra pasar algunas propuestas, pero no se le mete a fondo la mano al asunto de la tributación equitativa, amplia y progresiva.
Para Andrés Zambrano, sin una reforma tributaria es más difícil bajar el nivel de endeudamiento que hoy ronda en los 570 billones de pesos y el no pagarles a los acreedores aumentaría las tasas de interés. Esto nos envolvería en una espiral muy difícil de manejar: causaría una mala reputación ante las calificadoras de riesgo y afectaría la confianza de los inversionistas extranjeros, lo que se traduciría en menos inversión, menos empleo y más personas necesitando ayuda gubernamental.
Los niveles de tributación en Colombia son demasiado bajos comparados con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) compuesta por 37 países y cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. También en relación con los países de Latinoamérica. Algunos ejemplos son:
IVA. El recaudo en Colombia es de 5,6 %, frente a 6,4 % de Latinoamérica y 7% de la OECD. Según la Nota Macroeconómica n.º 29, elaborada por Marcela Eslava, Mark Hofstetter y Andrés Zambrano, profesores de Los Andes, es fácil de recaudar y por ello cualquier ajuste tributario debe incluir un aumento de este impuesto. Pero deben pagarlo las personas de altos ingresos y compensar a los más pobres. “Sin duda, aumentar el IVA deberá ir acompañado de una política mucho más agresiva en términos de devolución, que garantice al menos la cobertura de los hogares en situación de pobreza”, afirma el economista Zambrano.
Impuesto de renta de personas naturales. Actualmente en Colombia solo 8 % de las personas ocupadas lo pagan y aporta solo 1 % del PIB. En Latinoamérica el recaudo es de 2,2 % y en la OECD es de 8 %. “Es muy difícil sostener un país y construir estado si solo 8 % de las personas contribuyen con este impuesto; por eso es importante ampliar esa base y que por lo menos 20 % contribuyan, pero no es posible hacerlo durante la crisis de pandemia, cuando hogares de clase media han reducido sus ingresos; lo ideal es que sea gradual, a 5 años”, resalta Zambrano. Además, debe ser proporcional a los ingresos, ya que no es equitativo aplicar la misma tasa marginal a quien gana diez millones de pesos que al que percibe dos millones y medio de pesos.
Impuestos a las empresas. A diferencia de los demás tributos, en Colombia son más altos que en Latinoamérica y la OECD. Otro de los análisis del grupo de macroeconomía de Los Andes concluye que los impuestos corporativos progresivos pueden ser problemáticos en el largo plazo porque terminan penalizando el éxito empresarial, ya que las mejores empresas pagan más. En compensación, recomienda implementar dicha progresividad a través de los impuestos a los dividendos.
Jóvenes y Constitución del 91: “A la violencia le respondimos con más democracia”
Jóvenes y Constitución del 91:
“A la violencia le respondimos con más democracia”
Carros bomba, asesinatos selectivos —incluidos cuatro candidatos presidenciales—, exterminio de militantes de partidos de izquierda y conflictos con grupos narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares marcaron la década de los 80 y los inicios de los 90. Eran tiempos violentos a los que el movimiento estudiantil y la sociedad civil respondieron con una Constitución que marcaba el comienzo de un nuevo pacto social y una promesa de más democracia, pero, esta vez, participativa.
“Salir de rumba en Cali en esa época (finales de los 80 y principios de los 90) era un acto de fe de los papás, pienso hoy que tengo una hija y miro hacia atrás. Los traquetos entraban a los bares y si les gustaba una pelada se podía armar una balacera”, recordó Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral, en un encuentro en Los Andes por los 30 años del movimiento juvenil que impulsó la Séptima Papeleta.
Por su parte, Natalia Ángel Cabo, profesora de Derecho de la Universidad de los Andes, calificó esa misma época como de violencia desmedida, en una charla organizada por la Comisión Colombiana de Juristas por los 30 años de la Constitución: “Mi adolescencia en los 80 era ver cuatro candidatos presidenciales asesinados, 19 carros bomba, cientos de muertos y el exterminio de la Unión Patriótica”.
Eran tiempos de desazón, incertidumbre y mucho miedo, pero también de un hartazgo por la situación del país que congregó a los estudiantes de universidades y colegios públicos y privados en un movimiento juvenil para impulsar un cambio. Lo hizo recogiendo y promoviendo la propuesta de convocar un plebiscito para reformar la Carta Magna de 1886 por fuera del Congreso, formulada por el presidente Virgilio Barco en una carta dirigida a El Espectador en enero de 1988.
El resultado fue calificado por Catalina Botero, profesora de Derecho en Los Andes y una de las líderes del movimiento —junto con Barrios, Gustavo Salazar (hoy magistrado de la Justicia Especial para la Paz) y muchos otros—, como un ‘diálogo entre improbables’ y un ‘típico momento constituyente’. Impulsada por la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán, la universidad privada salía a marchar y unía fuerzas con la pública.
“Nosotros promovimos emociones completamente positivas (‘sí es posible’, ‘tenemos esperanza’, ‘queremos trabajar juntos’) en unos de los peores años. Ese impulso, esa ilusión y esa esperanza mostraron que la mejor manera de arrebatarles el país a las mafias era hacer un ajuste estructural e institucional”, aseguró Botero en el encuentro por la Séptima Papeleta.
“Respondimos a una violencia extrema con la promesa de más democracia en la Asamblea Constituyente. En vez de una respuesta autoritaria, quisimos limitar el autoritarismo”.
Natalia Ángel Cabo, profesora de Derecho
En las elecciones del 11 de marzo de 1990, además de las seis papeletas oficiales, los ciudadanos depositaron en las urnas un voto para pedir una constituyente y de ahí su nombre de Séptima Papeleta. Aunque no fue contabilizado oficialmente, los estudiantes adelantaron su escrutinio, Virgilio Barco reconoció su mandato popular y expidió el Decreto 927 de 1990 con el cual se declaró que el 27 de mayo de ese año, además de elegir a un nuevo presidente, los colombianos votarían por si querían o no una Asamblea Constituyente. El 89 % de los votantes aprobó esta iniciativa que daría vida a la Constitución de 1991.
“Decidimos que el miedo no restringía la democracia, sino la ampliaba. Ante las dificultades, más democracia”, enfatizó Salazar.
“Respondimos a una violencia extrema con la promesa de más democracia en la Asamblea Constituyente. En vez de una respuesta autoritaria, quisimos limitar el autoritarismo”, aseveró Ángel Cabo.
Un espíritu participativo
“La democracia participativa como proyecto político aparece como eje central del Gobierno de Barco. Está en todas las ideas sobre lucha contra la pobreza de su Plan Nacional de Rehabilitación, porque la pobreza es una manifestación de exclusión política, no solo de ausencia de recursos —explicó a Nota Uniandina Manuel José Cepeda, exdecano de la Facultad de Derecho y exasesor del presidente César Gaviria en la Asamblea Constituyente—. La Séptima Papeleta fue fundamental para mostrar que podía ser eficaz y producir transformaciones profundas, no meramente simbólicas, por eso el único tema sustantivo de la papeleta de mayo de 1990 fue ‘para fortalecer la democracia participativa’”.
Contra el escepticismo y la oposición de líderes políticos, especialmente expresidentes, y el enorme temor en algunos gremios y de prestigiosos constitucionalistas de la época, precisó Cepeda, se logró sacar adelante ese proyecto gracias a la unión y la perseverancia de los estudiantes, la decisión de Barco de dictar un decreto de Estado de Sitio para contar la papeleta en las elecciones del 27 de mayo y “porque se establecieron enunciaciones generales de los diferentes mecanismos de participación y se vinculó la democracia participativa a derechos políticos más amplios, así como a la protección de los derechos fundamentales”.
“Quizás la agenda pendiente más importante consiste en modificar las prácticas políticas y en hacer que el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales entren en su onda, sean más abiertos a las deliberaciones e incluyan las voces de la sociedad civil”.
Manuel José Cepeda, exasesor del presidente César Gaviria en la Asamblea Constituyente.
Desde entonces, continuó, todos los gobiernos han acudido a alguno de estos mecanismos (referendo, consulta popular o plebiscito) para consultarle al pueblo algunas de las decisiones más importantes; la acción de tutela ha defendido los derechos fundamentales de ciudadanos y organizaciones sociales y la sociedad civil se ha fortalecido y está presente en las principales discusiones sobre temas específicos de modernización social y de transformación política.
Aunque también reconoce que queda mucho por mejorar: “Quizás la agenda pendiente más importante consiste en modificar las prácticas políticas y en hacer que el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales entren en su onda, sean más abiertos a las deliberaciones e incluyan las voces de la sociedad civil”.
A esto se le suma una preocupación de Natalia Ángel Cabo: “Veo un poco de distorsión en el uso de estos mecanismos”. Se refiere a las consultas encaminadas a recortar los derechos de algunas minorías, como las propuestas para que las parejas del mismo sexo no puedan adoptar e incluso la de anticipar las elecciones, que buscan, en últimas, silenciar sus voces.
Los aportes de Los Andes a la Constitución de 1991
Los aportes de Los Andes a la Constitución de 1991
En 2021 estamos conmemorando 30 años de la proclamación de la Constitución. ¿Cuáles han sido los aportes de Los Andes al proceso de transformación constitucional?
Exdecano de Derecho y asesor del presidente César Gaviria en la Asamblea Constituyente.
El autor de este escrito, egresado de la Universidad de los Andes y exdecano de la Facultad de Derecho, fue asesor del presidente César Gaviria en la Asamblea Constituyente e integrante del llamado kínder presidencial, un grupo de jóvenes abogados y economistas en su mayoría uniandinos, cuyo papel en la reforma de la Constitución de 1991 fue relevante.
En 2021 estamos conmemorando 30 años de la proclamación de la Constitución adoptada por la Asamblea Constituyente en 1991. Desde sus inicios se ha sostenido que es una obra de permanente construcción colectiva, en la que han intervenido numerosos actores en un proceso participativo amplio y sin precedentes en la historia nacional. Sin embargo, en esta publicación de la universidad cabe hacerse la siguiente pregunta, que de otro modo pasarán desapercibida en las numerosas publicaciones de conmemoración:
¿Cuáles han sido los aportes de la Universidad de los Andes al proceso de transformación constitucional?
Antes de responder, resulta pertinente dimensionar la magnitud de este cambio profundo en todos los ámbitos y sectores. No se sostiene que la Constitución haya sido la única causa de las transformaciones. Sin embargo, esta ha cumplido un papel determinante en las que enuncio de manera general y de forma incompleta:
- Millones de personas han recibido protección de su libertad y su autonomía personal como sujetos dignos capaces de autodeterminarse.
- Los derechos sociales, principalmente el derecho a la salud, a la educación y a las pensiones, pero no solo estos, son protegidos en Colombia como en ningún otro sistema constitucional del mundo.
- El derecho a un ambiente sano ha sido desarrollado por todo un sistema nacional de protección ambiental con nuevos instrumentos, procedimientos y órganos, complementados por sentencias importantes.
- Las personas en condiciones de vulnerabilidad han sido reconocidas y reciben protección constitucional especial.
- Las organizaciones de la sociedad civil han florecido y han adquirido un rol protagónico en los más diversos ámbitos de la vida nacional.
- Colombia dejó de ser un estado confesional y pasó a vivir bajo principios de laicidad, tolerancia, y pluralismo religioso.
- La acción de tutela revolucionó el acceso a la justicia y la eficacia de la justicia.
- La Corte Constitucional es un actor clave en la vida nacional y es el árbitro de las principales controversias, puesto que por ella pasan las decisiones más importantes en todos los ámbitos.
- La interpretación de la Constitución ha promovido una transformación acelerada del derecho en todas sus ramas, caracterizada por una disminución del formalismo jurídico y una mayor valoración de la justicia sustantiva.
- El sistema de partidos evolucionó de un bipartidismo férreo a un sistema multipartidista donde hay mucho juego político.
- Si bien las prácticas clientelistas no han desaparecido, el electorado puede votar de manera más suelta, ha aumentado la incertidumbre y la apertura política, lo que ha facilitado el surgimiento de nuevas figuras de izquierda, derecha y centro.
- La Corte Suprema de Justicia, en aplicación del fuero que reemplazó la inmunidad parlamentaria, y el Consejo de Estado, en aplicación de la pérdida de investidura, han investigado y sancionado a decenas de congresistas involucrados en escándalos.
- Dentro de la Constitución han podido gobernar presidentes con políticas diametralmente opuestas, pero todos han tenido que respetar sus límites.
- Los presidentes no pueden gobernar por decreto, como se hacía bajo la figura del estado de sitio, sino que están obligados a llevar las principales políticas al Congreso de la República.
- La Fiscalía General de la Nación contribuyó de manera determinante a desmantelar los carteles de la droga que habían desafiado al Estado y puesto a Colombia al borde del abismo.
- Con la Constitución se consolidó el proceso de paz con el M-19, se facilitaron los procesos de paz con tres grupos guerrilleros más (EPL, Quintín Lame, PRT) y dentro de ella se llevó a cabo el proceso de paz con la Farc, a pesar de que este grupo guerrillero originalmente no quiso participar en el proceso constituyente y se rebeló contra la Constitución durante más de dos décadas.
- En todos los gobiernos se han intentado o realizado referendos, consultas populares, o plebiscitos, como expresiones de la democracia directa.
- Los pueblos indígenas, así como otros grupos étnicos diferenciados, han recibido reconocimiento a sus derechos colectivos y con las consultas populares han ganado voz en los proyectos que pueden afectarlos directamente.
- La junta directiva del Banco de la República, en virtud de su autonomía constitucional y sus mandatos, ha reducido significativamente la inflación.
- Las instituciones relacionadas con la política fiscal ofrecen un marco para la toma de decisiones razonables, en las que el gasto social es prioritario, sin que la Constitución haya impuesto un modelo económico.
- Se han desarrollado las bases constitucionales para la inserción de Colombia en la globalización económica, sin que ello signifique desconocer los derechos constitucionales.
- El régimen de servicios públicos ha permitido la expansión de su cobertura y el mejoramiento de su calidad con participación de actores privados sujetos a la regulación estatal.
- Los municipios han adquirido mayor capacidad para decidir sobre los asuntos de interés local.
- La Constitución ha podido ser reformada para responder a las cambiantes expectativas y necesidades, siempre y cuando sus ejes centrales no sean destruidos, con lo cual se ha obtenido un balance entre flexibilidad y rigidez para proteger la democracia.
En cada uno de estos cambios algún egresado de Los Andes ha contribuido en mayor o menor medida. Ellos pertenecen a diferentes facultades de la universidad.
Sin embargo, en este artículo me limito a mencionar con nombre propio solo a uno, el único que ha sido presidente de la República: César Gaviria; pero aludiré a muchos otros.
Gaviria, que no era abogado sino economista, estuvo impulsando la transformación constitucional desde el gobierno del presidente Virgilio Barco hasta la terminación de su propio mandato presidencial. Como ministro de Gobierno suscribió el memorando que le daba sustento a la propuesta de convocar el plebiscito por fuera del Congreso, por vía de un referendo o una asamblea constituyente. La propuesta de convocar un plebiscito en 1988, planteada en una carta del presidente Barco dirigida al periódico El Espectador en enero, fue el antecedente del movimiento estudiantil que retomó y mejoró la idea con la Séptima Papeleta, votada en marzo de 1990. En dicho movimiento participaron numerosos uniandinos.
Posteriormente, la papeleta aprobada por abrumadora mayoría —el 27 de mayo de 1990— era solo una idea y un mandato político. Faltaba hacer lo imposible: transformarla en una Asamblea de carne y hueso. César Gaviria lo hizo liderando acuerdos políticos y expidiendo el Decreto 1926 de 1990 que autorizó la convocatoria por el pueblo el 9 de diciembre de1990. De ahí surgió la Constitución que nos rige y que está celebrando 30 años.
El equipo que promovió distintas iniciativas en torno a la creación de la Asamblea también era predominantemente Uniandino. El llamado kínder de Gaviria era esencialmente de abogados y politólogos de Los Andes, elaboró el proyecto de nueva Constitución presentado por el Gobierno a la Asamblea Constituyente.
Asimismo, en la aplicación y desarrollo de sus principales innovaciones también han participado uniandinos formados en distintas facultades. Por ejemplo, el primer ministro de Medio Ambiente, que promovió la creación del sistema nacional ambiental para aplicar lo que la Corte Constitucional ha llamado la ‘constitución ecológica’.
También, el primer ministro de Defensa civil, que impulsó las nuevas relaciones entre el poder civil y militar y, previamente, lideró el proceso de paz con el M-19 y con los demás grupos guerrilleros que luego estuvieron presentes en la Asamblea Constituyente. Con él trabajamos conjuntamente en justificar ante la Corte Suprema de Justicia que el decreto de estado de sitio, que autorizaba contar la papeleta para convocar una asamblea constituyente, contribuiría a la desmovilización de varios grupos guerrilleros.
Por su parte, la primera etapa de la Corte Constitucional estuvo integrada no solo por dos magistrados uniandinos, uno graduado y otro por adopción, sino por magistrados auxiliares y abogados asistentes mayoritariamente de Los Andes. Desde entonces, los abogados de la Universidad siguen jugando un influyente papel en esta corte.
Y finalmente, el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y numerosas organizaciones de la sociedad civil con muchos abogados uniandinos han promovido interpretaciones de la Constitución que han conducido a sentencias transformadoras de la Corte Constitucional.
Se quedan muchos temas y nombres en el tintero. Un “divertimento” para celebrar los 30 años de la Constitución puede consistir en asociar uniandinos, graduados o por adopción, a la lista de transformaciones y en las tres etapas claves del proceso: en el camino que llevó a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, en la elaboración de la Constitución y en su posterior interpretación y desarrollo.
Cosas de casas... y su gente
Cosas de casas... y su gente
El periodista y docente del Centro en Estudios de Periodismo Lorenzo Morales recopiló más de 30 crónicas de familias de 11 localidades de la ciudad, en las que relata sus formas de vivir y sus espacios de convivencia. La exposición de su libro Adentro, Formas de vida en Bogotá está habilitada al público hasta julio del 2021 en la Casa Sámano del Museo de Bogotá.
PIES DE FOTO
1. Elvira Gaviria de Kroes vive en un apartamento de los años 70, del barrio El Nogal. Creció en la Hacienda Casablanca, que fue invadida y convertida hoy en un barrio de Ciudad Bolívar. “Todavía llaman de la Dian, dizque a cobrarme los impuestos”, se quejó. Su pasatiempo son las matas, leer el periódico y hacer casas de muñecas.
2. José Alfonso Henao cuida un inquilinato del barrio Las Aguas, que antes fue una fábrica de dulces. Vive en una pieza que comparte con un muchacho que trabaja administrando un parqueadero de motos en lo que fue el solar de la casa. “La he cuidado mucho: la pinto y le tapo las goteras”, contó.
3. Hernán y Rosana viven bajo un puente en Suba. Se dedican al reciclaje. Cocinan con una fogata y adentro se iluminan con velas en un viejo candelabro. Cuidan a dos perros y una gata recién parida. Hernán relató que tiene un hermano rico que vive cerca, que una vez le pidió ayuda y se la negó. “Nunca más esa humillación”, dijo.
4. La guerra obligó a la familia Piraza, de la etnia wounann, a abandonar su resguardo junto al río San Juan en Chocó. Llegaron a las laderas áridas del barrio Vista Hermosa en Bosa. Viven en un inmueble que habitan como si fuera un dichaardi, su casa tradicional. La familia vende artesanías hechas con palma de werregue en el centro de Bogotá. “Mi esposa se aburre —dijo Sercelino, el papá—. Aquí no hay dónde sembrar”.
5. Max y Lulú viven en un apartamento con terraza en el barrio María Paz de Kennedy. Son una pareja “trans”. Tuvieron que poner cortinas en su casa, pues los vecinos no querían verlos. “El amor es difícil para nosotros”, dijo Max.
6. Dayana y sus hermanas viven en el páramo de Sumapaz. La casa está rodeada de frailejones y de pantanos. En las noches se escucha un río cercano que baja haciendo gárgaras contra las piedras. Todas duermen en la misma habitación, una estrategia contra el helaje de este paraje y contra un cierto miedo no confesado a la penetrante oscuridad. “Lo más duro de llegar a vivir aquí fue el frío —dijo Paola, la mamá de Dayana, venida del Caqueta—. Yo lloraba por los calambres”.
7. Rubén Gutman Lewkowicz vive en un apartamento del barrio Chapinero, que compró en 1995. Le gustan las puertas, las tiene por todos lados y le encanta la madera y rodearse de objetos únicos .

Editorial: Ediciones Uniandes
Publicación: Noviembre 2020
Páginas: 328
ISBN: 9789587980141
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