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No siempre el pez muere por la boca

 

Después de la prohibición de la caza en Colombia, la Corte Constitucional prohibió la pesca deportiva. La decisión trae un dilema con temas filosóficos, éticos y económicos. 

Por Mauricio Laguna Cardozo

Agua, sol, lentes y sombreros.  Un grupo navega en un bote esperando al protagonista de esta historia. Izan sus cañas de pescar y esperan pacientes cualquier movimiento del nailon. El pez muerde el anzuelo. Empieza la faena. El objetivo es verlo al otro lado de la línea y obligarlo a salir del fondo del agua... el hilo se relaja y se tensiona . 

De repente, aparece dando un salto en la superficie. En el bote se escuchan comentarios sobre su especie, su tamaño y se especula su peso. Las dos partes hacen movimientos rápidos, se esfuerzan, se sacuden.

Después de una media hora, cansado y resignado, el pez es arrastrado hasta el bote. Y luego de unas últimas sacudidas es controlado, mientras intenta tomar aire. Pero, sorpresivamente, después de algunas fotos, sin explicación, por lo menos para el pez, es devuelto al agua.  

Esta es una escena típica de pesca deportiva, la que prohibió la Corte Constitucional en Colombia en abril de 2022, y aunque puede ser cruel para muchos, el debate de la decisión se ha intensificado entre animalistas, comunidades rivereñas, clubes de pesca y ambientalistas. 

 

Mano muestra pez en un anzuelo
Foto: Wes Walker en Unsplash

La deportiva es solo uno de los seis tipos de pesca. La comercial, de subsistencia, científica, de control y de fomento continúan. Pero para la Corte “la pesca deportiva es una actividad que vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal y, por tanto, debe excluirse del ordenamiento jurídico”, dice el comunicado del fallo.  

Igualmente, señala que “la finalidad recreativa de la pesca deportiva vulnera la prohibición de maltrato animal derivada de los mandatos de protección al medio ambiente y no tiene sustento en las excepciones al maltrato animal avaladas constitucionalmente por razones religiosas, alimentarias, culturales o científicas”. 

Y es que, aunque en Colombia la pesca deportiva no es una práctica tan extendida como en otros países, las aristas que tiene el debate han llevado a que la Corte difiriera los efectos de su pronunciamiento por un año y que defensores de los animales y ambientalistas expongan sus puntos de vista tras la decisión. 

 

Las implicaciones sociales 

Sandra Vilardy, doctora en Ecología y Medio Ambiente, y ex directora de la iniciativa Parques Nacionales Cómo Vamos,  comprende lo que puede generar en muchas personas hechos crueles contra los animales, como la tauromaquia o las peleas de gallos, pero no cree que se pueda comparar con el de la pesca deportiva, si se tienen en cuenta todas las implicaciones sociales y ecológicas.  

La conservación incluye no solamente la preservación, sino también los usos sostenibles de la biodiversidad, de la fauna y de la flora. Es importante también recordar que los humanos tenemos una dependencia completa de la biodiversidad y ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad”, dice Vilardy. 

La profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, pone de presente que para la pesca deportiva es necesario tener una población de peces de buen tamaño y que para lograrlo las comunidades han sido acompañadas por organizaciones que los han guiado en este cuidado, que les ayudará a crear ingresos económicos con los aficionados a la pesca.  

Respecto a este beneficio económico y social, Juan Armando Sánchez, profesor del departamento de Ciencias Biológicas de Los Andes y miembro de la Misión Internacional de Sabios 2019, subraya lo que precisamente esa Misión observó en Guainía, Vichada, Chocó y Amazonas. “Muchos de los guías de la pesca deportiva eran personas que estaban dedicadas a actividades ilegales, a algún nivel de sobreexplotación pesquero o incluso de deforestación”, y por esto vieron en la Comisión un beneficio para las dos partes, donde las personas ejercían una actividad sostenible, mientras apoyaban la conservación. 

 

El pez es un ser sintiente 

Para María Constanza Moreno, representante legal de la Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia, FEDAMCO,  quienes presentaron concepto ante la Corte sobre la la pesca deportiva y participaron activamente en la construcción de la ley que prohíbe los circos con animales en Colombia , hay algo que comparten los humanos y los peces: “Todo ser provisto de sistema nervioso y cerebro, en cierta forma, es susceptible a experimentar dolor en intensidad y duración similar”. 

“El hecho de que los peces no tengan el córtex o corteza cerebral, no quiere decir que ellos no experimenten emociones o que no experimenten dolor”, añade Moreno, y cita estudios de la Universidad de Oxford donde los peces son capaces de reconocer rostros humanos, algo que solo se pensaba podrían hacer los animales con cerebros más grandes, como lo señalan los autores del estudio. 

Respecto al aprovechamiento de la pesca deportiva por comunidades y clubes de pesca, Moreno asegura que hay un clima de antropocentrismo en las decisiones. Pero ve necesario que a los seres sintientes se les dé una garantía constitucional "derivada de la responsabilidad que tenemos los humanos hacia otros seres sintientes”. 

 

La comparación con el aborto 

Sorprendió a muchos que en el comunicado sobre la decisión de la Corte se trajera a colación la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, aprobada en febrero de este año. Argumentos que se conocieron por los salvamentos y aclaraciones de los votos. 

Dice el comunicado que la magistrada Cristina Pardo Schlesinger salvó su voto y, a su juicio, “la protección animal en los términos del fallo, del cual se aparta, termina concediendo mayor protección a la vida animal que a la vida de los seres humanos concebidos, no nacidos –y añade- lo cual contradice el principio constitucional de dignidad humana” 

En un conversatorio sobre el tema de la Red de Ayuda a los Animales (RAYA), Carlos Andrés Muñoz, filósofo y abogado, autor del libro “Los animales desde el derecho”, expresó su sorpresa porque el debate no se hubiera dado informalmente en redes sociales, sino desde la misma discusión en la Corte.  “Creo que el argumento es una pelea que no ganaron con el tema del aborto, que quieren aquí mezclar, cuando en realidad cualquier progreso de los animales significa un progreso del ser humano”, dijo Muñoz. 

Para Sandra Vilardy, la humanidad está en un momento de mucha irritabilidad y se necesitan espacios de dialogo, por eso ve la necesidad de conocer la sentencia en su totalidad con los argumentos científicos. “En el caso de la sentencia del aborto los argumentos científicos estaban dados, son súper evidentes. Ahora lo que necesitamos en el caso de esa sentencia es conocer también los argumentos y poder dar ese debate”. 

 

El debate que hay que dar 

Desde el 2002, Alemania incluyó la protección de los animales en su Constitución y han sido muchos los temas que han tenido que zanjar, como las libertades religiosas o de investigación. En el debate colombiano sucede lo mismo. 

 

Hombre muestra en sus manos un pez
Foto: Brian Yurasits en Unsplash

Incluso entre animalistas se ha dado discusión al tener el fallo posibles efectos contraproducentes. El profesor Sánchez señaló que, por ejemplo, “Si yo quiero ir a pescar, consigo un permiso y saco los peces; entonces estoy realmente ocasionando un daño en el ecosistema y ahí es donde éticamente este sufrimiento temporal que tienen los peces [con la pesca deportiva], en la balanza de un dilema ético es menor que el sufrimiento que se le va a hacer a toda una comunidad que se está empezando a afectar por la sobreexplotación”. 

Pero la idea, para Sanchéz, no es proponer una explotación irracional o que no haya regulación, pero si reflexionar sobre lo que más conviene tanto al hombre como a los ecosistemas.  

Sandra Vilardy cree que el foco de discusión sobre el cuidado de los peces y sus hábitats debe estar más enfocado a la búsqueda de una mejora de los ambientes acuáticos, la contaminación de las aguas donde se reproducen y se alimentan estos animales y a la perdida de la biodiversidad, daños que no son producidos por la pesca deportiva. 

Por el lado de los animalistas, la representante de Fedamco aclaró que esta no es una discusión reciente y varios filósofos han hablado sobre la reivindicación de los derechos de todos los seres vivos. “Encontramos a Jeremy Bentham, a Gandhi, que decían que el desarrollo moral de las naciones se mide en la forma como se tratan los animales”. 

En este momento el país espera el texto del fallo y las próximas decisiones que se tomen, por parte de la Corte y otros entes como el Congreso, en temas relacionados con los derechos de los animales,  decisiones que igualmente podrían implicar un cambio cultural.  


Tortuga marina nadando con imágenes de plástico a su alrededor

Plásticos en Colombia: ley de un solo uso

Plásticos en Colombia:

ley de un solo uso

Desde los años 50 la humanidad ha utilizado cerca de

8.3 mil millones

de toneladas de plástico en todo el mundo.


Solo el 9 %

de ellas han sido recicladas.

Y el 45 %

se han fugado al ambiente o en el mejor de los casos, han ido a un relleno sanitario, generándose afectaciones a los ecosistemas y la salud pública.

Expertos estiman que para el año 2050, los habitantes de la tierra consumirán cerca de 1.600 millones de toneladas de plásticos. Incluso, la Organización de las Naciones Unidas, indicó que, para ese año, habrá más plásticos que peces en el mar.

América Latina y el Caribe generan cerca del 20 % de la producción mundial de macroplásticos (elementos visibles con tamaños superiores a los 5 mm). Sin embargo, con la aprobación de las leyes que restringen los plásticos de un solo uso, se espera contribuir a la mitigación y manejo sostenible de este tipo de desechos.

Globo terráqueo empacado en una bandeja de poliuretano y plástico

Lo que implica la Ley de plásticos de un solo uso


Para Jorge Alberto Medina, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, la problemática actual de los plásticos de un solo uso en el país nos obliga, de manera inmediata, a ejercer responsabilidad en el manejo y disposición de este material y a mitigar los efectos ambientales, no solo en los aspectos puramente técnicos, sino también en los sociales.

“La Ley de plásticos de un solo uso aparece por presión social, es el resultado de una problemática natural, relacionada con la mala disposición de los envases y empaques mayoritariamente plásticos. Tenemos que contar con la capacidad de entender la trascendencia de los desechos que producimos, y nuestro protagonismo como sociedad en este escenario”, señala.

El 1 de junio de 2022, con la aprobación unánime de esta Ley en el Senado colombiano, se dio inicio a un régimen de transición y prohibición progresiva para 24 productos plásticos, con implementación en un periodo de 2 a 8 años.

La ley tiene dos grandes bloques, explica Medina, también experto en el desarrollo de materiales poliméricos y su sustentabilidad, uno relacionado con la prohibición de productos definidos y señalados en el texto de ley, como bolsas, pitillos, empaques, entre otros. El otro bloque hace referencia a materiales que cumplen ciertas funciones pero que entran a un escenario de excepción. “Este escenario es en donde el fabricante tiene que presentar un plan ambiental de manejo de residuos ante la ANLA para garantizar su neutralidad en términos de impacto, y asegurar su actuación coherente con la circularidad”, expone Medina.

Sobre la ley, Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Salud Pública y Medio Ambiente -MASP- de la Universidad de los Andes, también opina que con la aprobación de esta Ley “Colombia ha dado un paso fundamental en la prevención y control de la contaminación por plásticos y la extensión de la responsabilidad del fabricante en el ciclo de vida del producto.”

Coinciden los académicos, Medina y Madrigal, en que esta Ley es una necesidad para superar esa instancia donde el empresario entregaba unos productos y empaques para su utilización, pensando que hasta allí había cumplido con su misión industrial y social.

“Desde la aparición del concepto de responsabilidad extendida, se tiene claro que la industria tiene que ir más allá de lo que es la frontera de su planta y el efecto que pueden generar los productos que de allí se derivan”, puntualiza Medina.

Por su parte, Juan Carlos Lozada, ponente del proyecto de Ley en el Congreso, afirma que “esta es una muy buena noticia para el país en medio de esta gigantesca crisis climática, con la cual se pretende prohibir la fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución, de los plásticos de un solo uso, sustituyéndolos gradualmente”.

Más allá de la ley: responsabilidades compartidas


En esta gran cadena de responsabilidades compartidas para la implementación de esta Ley la institucionalidad, la industria, la academia y los usuarios juegan un papel fundamental e igualitariamente proporcional.

La academia, por ejemplo, ha venido adquiriendo un rol relevante que va más allá de la discusión técnica. Con la evolución natural de la problemática las posturas de los docentes han migrado al debate ambiental y su importancia para la sociedad.

Por eso la investigación aplicada, asegura el profesor Medina, es primordial. “Saber qué efectos traen los micro plásticos, reconocer si los productos sustitutos son menos impactantes, evaluar las capacidades y las tecnologías de reciclaje, desarrollar las capacidades para evaluar la biodegradación en diferentes medios, ameritan investigación. Los recursos que se deriven de estas sanciones de la Ley de plásticos deberían ir dirigidos a fortalecer verdaderamente la investigación y la tecnología de la economía circular”, agrega.

Teniendo en cuenta que existen productos plásticos que no se pueden reciclar mecánicamente por su estructura, compuestos multicapa de diversos materiales, la industria ha explorado el reciclaje químico. Un proceso que busca convertir los desechos plásticos en unos de “calidad virgen (como nuevo) a través de desarmar y armar selectivamente las macromoléculas de las diferentes familias de los materiales involucrados.

En esa línea, explica el profesor Medina, las grandes multinacionales le apuestan a alternativas como este tipo de reciclaje. “Lo que funciona bien cuando hay grandes escalas y volúmenes de materiales que puedan soportar económicamente el proceso. En un escenario como el nuestro esta es una perspectiva que no es inmediata”, asegura.

Por otro lado, la responsabilidad que recae en los usuarios se vuelve fundamental para cerrar el ciclo de la optimización de los materiales plásticos. No basta con la separación de materiales en casa, también es importante cerciorarse del tipo de bolsa que se adquiere en una compra y en especial, cual es el escenario de disposición final que asegure la circularidad, señalan los expertos.

Según el profesor Medina “materiales biodegradables son muchos, pero solo algunos son los que realmente se pueden biodegradar de forma simple sin necesidad de pasar por una planta de compostaje”.

“Los aditivos oxodegradables incorporados a algunos plásticos tradicionales funcionan bien en la escala del laboratorio, pero cuando se ajustan a la realidad no necesariamente propician la biodegradación como se espera. Esos han sido prohibidos en Europa”, agrega.

De ahí la importancia de conocer lo que indican los sellos en las bolsas o empaques, una responsabilidad que recae en los usuarios. Por ejemplo, el sello “TUV Home Composte” indica que con una pequeña batería de compostaje (sistema casero para descomposición), ese material se degradará.

Los envases o productos que presentan la etiqueta “OK Compost INDUSTRIAL” garantiza que son biodegradables en una planta de compostaje industrial. Ese tipo de producto plástico debe ir a la planta de condiciones de compostaje”.

La aplicación de esta Ley: un reto para el nuevo gobierno


En este contexto, sin duda, uno de los principales retos del gobierno del presidente Gustavo Petro será conocer la problemática de la contaminación de plásticos del país en su dimensión real y adoptar medidas que aseguren la circularidad e integración de todos los actores en la cadena de recolección y aprovechamiento de los desechos plásticos.

En ese sentido, señala el profesor Medina, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA y el Ministerio de Ambiente jugarán un papel muy importante como evaluadores de los planes de manejo ambiental que los fabricantes presenten para sus productos y empaques.

Ilustración del planeta con árboles y nubes

Presupuestos de las “ías” se han incrementado en más de un 40 %

Presupuestos de las “ías” se han incrementado en más de un 40 %

Los entes de control, incluyendo a la Fiscalía, alcanzaron un presupuesto de 8,91 billones de pesos. Lo que representa un 4,5 % del recaudo tributario de 2021.

Un importante gasto del sector público colombiano se va para los entes de control o las conocidas “ías”: personerías, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, e incluso Fiscalía. En 2021 estas instituciones alcanzaron un presupuesto de 7,88 billones de pesos; en 2022 el gasto aumentó a 8,91 billones de pesos. Esta última cifra representa un 4,5 % del recaudo tributario de 2021, de acuerdo con una investigación de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes.

Entre 2019 y el 2021 el crecimiento presupuestal que se registró fue del 22,2 %, no obstante entidades como la Contraloría General, la Procuraduría y la Defensoría han recibido aumentos del 40 %. La Contraloría estuvo a punto de doblar la cifra.

A la par del gasto público, estas entidades también han visto aumentar su personal en la última década, “sin comprobar un efecto positivo en la reducción de casos de malos manejos, corrupción y clientelismo en el país”, explican Pablo Sanabria, profesor de la Escuela de Gobierno; Erick Behar-Villegas, profesor del Tecnológico de Monterrey y Paul J. Hasselbrinck-Macias, candidato a MPA, del London School of Economics, autores del estudio “Las “ías”, entes de control y fiscalía en cifras: politización e inefectividad en la gestión pública entre múltiples capas de control.

Históricamente la elección de las cabezas de estas entidades se ha hecho a través del Senado, la Cámara de Representantes, las asambleas o los consejos, de forma reciente se han hecho concursos de méritos que han generado controversias por las sospechas que hay alrededor de la transparencia de dichos procedimientos.

El texto cita que un rasgo clave para que los órganos de control funcionen adecuadamente es precisamente la importancia de asegurar su independencia de actores e intereses políticos.

En el caso puntual de la Procuraduría, tras ampliaciones de planta recurrentes, se incrementó el gasto en un 17,9 % entre 2019 y 2020. El proyecto de presupuesto para el 2022 superó el billón de pesos. En los presupuestos más altos por cada 1.000 habitantes sobresalen la Contraloría y la Personería del municipio de Yumbo (Valle del Cauca), las más costosas para el 2020.

Además de Yumbo, los investigadores encontraron hallazgos específicos en entidades territoriales:

  • Un gasto de cerca de $1200 millones de la Contraloría de Medellín en el “fortalecimiento de la gestión institucional”.
  • La “prima de alta gestión” de la Auditoría General a la que tuvieron acceso todos los funcionarios por un valor de $692.600.
  • Los pódcast de $16 millones y las piezas de audio por otros $16 millones de la Contraloría de Bogotá.
  • La “bonificación de dirección” de la Contaduría General, que sumó casi $80 millones en 2021.
  • El gasto de personal de $3.600 millones de la Contraloría del Cauca, que según SIGEP cuenta con tres funcionarios.
  • Los contratos de comunicaciones de la Personería de Medellín que suman 515 millones: Muchos de estos con el objetivo de “medir la estrategia comunicacional (plan de medios)”. Uno de estos alcanza los $90,6 millones.

¿Pasa lo mismo en otros países?

Estados Unidos cuenta con una oficina de auditoría adscrita al congreso, así como auditores a nivel de cada estado federal. En Colombia hay una Contraloría General y más de 60 territoriales, además de una Auditoría General.

En Alemania, en el ámbito disciplinario, luego de que se agotan las instancia en las entidades, los casos llegan a un tribunal administrativo. Un caso emblemático ocurre en México donde el Ministerio Público contiene a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, además es una institución que hace alusión a los fiscales de justicia.

La Veeduría Distrital es un caso que no encuentra equivalente en otro país. “En esta entidad se materializó el concepto, más no la práctica de control social, a través de veedurías ciudadanas, pues su cabeza hace parte del gabinete distrital”, se lee en el documento.

El estudio también señala que dichos entes de control y la Fiscalía han crecido de forma desproporcionada en los últimos años y han forjado una compleja multiplicidad de capas de funciones que implica riesgos institucionales graves en una democracia: “La politización de entidades, la existencia de incentivos perversos en su funcionamiento y la captura de rentas a través de procesos sancionatorios que no tienen garantías”.

Se requiere una mirada crítica a sus arquitecturas organizacionales, pues al ser diseñadas con base en intereses políticos, el mecanismo de control es inefectivo e innecesario para la gestión pública. Los procesos y tareas, explican, pueden quedar supeditadas a intereses partidistas, clientelismo y a una utilización estratégica por parte de actores políticos.

Acceso a los datos ¿señal de disfuncionalidad?

Fueron innumerables los escollos que encontraron los académicos en el momento de recabar información presupuestal de varias entidades. Frente a este panorama tuvieron que acudir a múltiples fuentes y técnicas de estimación en los casos específicos. De hecho, son numerosos los entes de control que no publican sus presupuestos ni sus resoluciones, lo que oculta en la práctica el gasto real.

“Una preocupación del grupo de trabajo es la pérdida de la memoria institucional del gasto. No se encuentran presupuestos más allá de los tres años anteriores; en algunos casos solo aparece un año. Los documentos presupuestales no tienen un formato digital único: PDF legibles, PDF ilegibles, hojas de cálculo e incluso fotos. Por ello, extraer los datos es una tarea sumamente difícil y onerosa”, agregan.

Tampoco es posible saber con exactitud cuántos funcionarios trabajan en estos entes: se hizo un estimado de 35.000 sin incluir los contratistas, que podrían superar los 10.000. Un análisis del SECOP (Sistema electrónico de contratación pública) llama la atención sobre numerosos contratos de prestación de servicios de corto plazo (1-3 meses) y de numerosos contratos de comunicaciones (monitoreo de redes, posicionamiento, monitoreo de campañas propias), financiadas por otros contratos.

Lo que recomiendan los expertos

  • Una reforma estructural que elimine multiplicidad de capas del control y que separe el proceso de investigación y sanción.
  • Revisar el rol de la Contraloría. Garantizar que asuma un rol de evaluación de la calidad del gasto y las políticas públicas.
  • La Procuraduría no debería asumir un enfoque sancionatorio, sino de gestión.
  • Eliminación de contralorías regionales y demás instancias de niveles subnacionales.
  • Es urgente que haya disponibilidad de datos presupuestales y la centralización de los mismos.
  • Urge diseñar una metodología que realice un análisis de “Value for money” que contabilice y haga transparente cuánto se mejora la gobernabilidad, la calidad de la gestión pública y cuánto deja de perder el erario público por cada peso gastado en un ente de control.