Por César Orozco Carrillo
ce.orozco@uniandes.edu.co

A mediados de abril de 2021, el video animado de Ralph, un conejo al que utilizan para experimentar en un laboratorio toxicológico, se hizo viral en las redes sociales. Rápidamente este cortometraje producido por la organización Human Society International ocupó los titulares de prensa en el mundo y despertó rechazo en miles de personas sobre las prácticas de testeo en animales.

Este es uno de los escenarios que pueden volverse cada vez más frecuentes si la sociedad civil sigue empoderándose y exigiendo cambios en la forma de relacionarnos con los animales y el medioambiente. “La reputación importa y puede ser explotada por los ciudadanos”, escribió el profesor emérito de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) Partha Dasgupta en su estudio “La economía de la biodiversidad: el informe Dasgupta”.

Para Clemente del Valle, director del Centro Regional de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes, las empresas deben entenderlo rápidamente: “Cada vez más, el consumidor va a elegir lo que quiere comprar con base en los materiales utilizados, los procesos industriales y la demanda de energía limpia, por ejemplo. En la medida en que nos vamos volviendo más conscientes de que podemos consumir con un menor impacto negativo en el medioambiente, vamos a cambiar lo que demandamos y las empresas tendrán que adaptarse o perderán el mercado”.

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César Orozco Carrillo
ce.orozco@uniandes.edu.co

El piecito de una mata que cortamos en un país extranjero para sembrarlo en nuestro patio, una mascota exótica que creció mucho y abandonamos en el campo porque ya no podemos tenerla en casa, unas botas mal lavadas después de visitar un bosque o el simple transporte marítimo de mercancías pueden traer consecuencias catastróficas para la naturaleza.

Esos comportamientos que muchas veces creemos inocentes, en realidad, pueden causar estragos en los hábitats y romper su equilibro natural, alcanzado con millones de años de evolución. Cuando organismos vivos son introducidos en un nuevo ecosistema tienen el potencial de convertirse en especies invasoras y actuar como depredadoras que consumen grandes cantidades de recursos.

“Se ha demostrado que muchas de esas especies vienen con unas estrategias de defensa muy particulares que les otorgan ventajas frente a las locales. Incluso, pueden ser una especie común y corriente en su lugar de origen, pero, bajo otras condiciones, comienzan a jugar un papel totalmente diferente”, explica Jorge Molina, biólogo y director del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes.

Gracias a esas estrategias defensivas logran evadir a sus potenciales depredadores, incrementando sus niveles reproductivos y devorando distintas especies a su paso. Plantas y animales nativos pueden empezar a transitar el camino a su extinción, la biodiversidad puede ser destruida y el hábitat alterado de manera permanente por efectos directos e indirectos. Las secuelas en la economía local serían enorme.

Para que sean consideradas especies invasoras deben salirse “de su rango original, es decir, que sea imposible que naturalmente lleguen al lugar en el cual puede convertirse en depredadoras. Esta es una de sus características principales”, complementa Juan Armando Sánchez, biólogo marino e integrante del capítulo Océanos y Recursos Hidrobiológicos de la Misión Internacional de Sabios 2019. Esta fue convocada por el Gobierno para formular recomendaciones sobre cómo debe avanzar Colombia en ciencia, tecnología e innovación para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo.

Detrás de la mayoría de estas migraciones está la mano humana. Se necesita que el hombre las traslade de un lugar a otro, lo que puede ocurrir por tres vías principales: desconocimiento, accidente o intereses económicos.

Para Molina, doctor en Neurofisiología de la Universidad de Göttingen (Alemania), esto es consecuencia de la globalización, pero toca aprender a vivir con ello: “Uno tiene que ser, hasta cierto punto, realista. Los avances de la globalización no van a detenerse, por lo cual lo importante es establecer unas políticas internacionales, nacionales y locales que ayuden a regular y a enseñarles a las personas que no es bueno trasladar especies de plantas, flores y animales entre regiones. Antes era normal ver a la abuela o a una tía llevarse un piecito de una planta de un lugar a otro. Eso estaba bien cuando no conocíamos todas las consecuencias, pero ahora no. Más que una estrategia policiva, debe enseñarles cuál es la repercusión de mover individuos y que hay cosas que no pueden hacerse”.

Los casos del pez león, un hongo asiático que se ha esparcido por los cinco continentes, el coral copo de nieve y el pez basa sirven para entender mejor estas consecuencias. El impacto de su llegada a los distintos ecosistemas ya es visible.

La mascota exótica

“La gente no sabe que lo que se mueve son genes. Al trasladar un pez de un río a otro, por más que allí exista la misma especie, se puede estar produciendo una mezcla genética que causaría problemas, tanto para el espécimen que se suelta como para las poblaciones locales”, asegura Molina.

El pez león, una especie nativa del Indo-Pacífico, es uno de los mejores ejemplos de estas mascotas exóticas que se salen de control. De acuerdo con el Servicio Nacional de Pesca Marina de EE. UU., a mediados de los 80 ocurrió el primer avistamiento de un pez león en las costas de la Florida. Tres décadas después, se ha expandido por el Atlántico, el Golfo de México y el mar Caribe. En Colombia ha sido reportado a lo largo de toda la costa atlántica y en San Andrés y Providencia.

Se cree que los primeros especímenes fueron introducidos a Florida por coleccionistas que los tuvieron al principio como mascotas y luego los liberaron. A esto se sumó que, en 1992, con la inundación de varios acuarios privados por el paso del huracán Andrew fueron liberados los que estaban allí en cautiverio. Finalmente, por medio del agua de lastre de los buques también pudieron llegar más peces.

“Se sabe que el pez león era una especie común y corriente en su hábitat natural y que, gracias a sus mecanismos de defensa, ha logrado evadir a los grandes depredadores del Caribe colombiano, lo que ha facilitado su reproducción”, explica Jaime Molina.

Según un estudio de la Universidad del Estado de Oregón (EE. UU.), una hembra produce por desove hasta 30.000 huevos cada cuatro días y desova tres veces al mes; con ello puede provocar la reducción de un 80 % de la población de peces nativos en un coral aislado, ya que se come a los pequeños —algunos sirven para mantener el balance natural del medio, como aquellos que mantienen controlada la expansión de las algas—.

Como no tienen depredadores naturales, distintos proyectos impulsan su pesca y consumo como método de control, aunque queda mucho trabajo por hacer.

Expansión del pez león 1985-2020

El hongo asiático y los anfibios en América Latina

Un hongo originario de Asia está diezmando la población de anfibios en toda América Latina, desde México hasta Argentina. El Batrachochytrium ha causado el declive de 501 especies en el mundo, 428 de ellas en Latinoamérica, incluyendo 90 que hoy son consideradas extintas. En los últimos cincuenta años, la cuarta parte de las especies afectadas perdió el 90 % de su población, según el estudio «Panzoótico fúngico en los anfibios causa una pérdida catastrófica y continua de la biodiversidad» de la revista Science.

“El hongo pudo haber llegado por accidente”, comenta Pablo Palacios, investigador de la Universidad de los Andes y coautor —junto con 40 científicos de todo el mundo— del artículo que analizó su impacto en 60 países. “Un turista que visitó un bosque chino en donde se encontraba el Batrachochytrium pudo traerlo a América si no lavó bien sus botas y utensilios, aunque el tráfico de fauna silvestre también pudo haber jugado un papel importante en su expansión”, agrega.

Para él, es necesario adquirir una mayor conciencia ambiental y de biodiversidad y prestar más atención a los científicos. Los gobiernos podrían hacer campañas internacionales sobre lo que se debe hacer para cuidar el medio ambiente. “Un turista recibe información sobre lo que debe pagar, pero no acerca de lo que debe hacer como protección, no sabe qué cuidados debe tener, cuál es el nivel de asepsia necesario para evitar este tipo de situaciones”, asevera.

En este caso, el ser humano sirvió como vector para esparcir por todo el mundo un patógeno que ya se ubica entre las principales especies invasoras, comparable con los roedores (que amenazan a 420 especies) y los gatos (a 430) y representa la más grande pérdida de biodiversidad atribuida a una enfermedad, de acuerdo con el artículo científico.

“El hongo provoca una enfermedad muy virulenta que afecta a ranas, sapos, batracios, salamandras y todo tipo de anfibios. Está contribuyendo a la llamada Sexta Extinción Masiva de Especies en la Tierra”, explica Palacios, doctor en Ciencias Biológicas de Los Andes.

La enfermedad, conocida como quitridiomicosis, ataca la piel de los anfibios e impide que regulen correctamente el agua y los electrolitos, lo que ocasiona un fallo cardiaco. Solo el 12 % de las especies infectadas muestra signos de recuperación, mientras que el 39 % sigue experimentando un declive.

Los Batrachochytrium dendrobatidis y Batrachochytrium salamandrivorans han golpeado con mayor fuerza a las especies de Meso y Suramérica

“Los anfibios son vitales en el ecosistema porque ayudan a controlar la expansión de otras especies como los mosquitos, que son vectores de enfermedades, tanto en el agua como en la tierra. Además, gracias a que respiran a través de la piel, son buenos indicadores de la calidad de los ecosistemas, ya que se encuentran en ambientes sanos”, aclara Palacios. También “tienen un alto potencial para la bioprospección, sirven para estudios de alcaloides y otras investigaciones que pueden ser muy beneficiosos para la salud. Y eso que todavía nos falta mucho por estudiar para comprenderlos mejor”.

La región más afectada es América, albergue de una tercera parte de las 8.000 especies conocidas de anfibios. En Colombia, una investigación liderada por Victoria Flechas —también doctora en Ciencias Biológicas de Los Andes y coautora del artículo de Science­— encontró dos especies de ranas que coexisten con el hongo: sabanera (Dendropsophus labialis) y cohete (Rheobates palmatus), gracias a su microbiota y péptidos de defensa. De ello da cuenta un artículo publicado en The ISME Journal, en el que se concluye la necesidad de nuevas investigaciones para una mejor comprensión de este fenómeno que lleve a desarrollar estrategias de control contra la quitridiomicosis.

“Controlar un virus, una bacteria o una enfermedad infecciosa es muy difícil. Si no hemos logrado dominar al coronavirus que afecta a los humanos, tampoco podremos controlar otras enfermedades que contraen otras especies, de las cuales es muy poco lo que se sabe”, concluye Palacios.

El declive ha sido proporcional a la abundancia taxonómica de las especies

Las Anurans, a las que pertenecen el 89 % de los anfibios, tienen el 93 % del declive. Entre ellas, las más golpeadas con disminuciones entre el 45 % y la presunta extinción se encuentran las especies neotropicales Atelopus, Craugastor y Telmatobius.

Las Atelopus representan el caso más dramático, con una treintena de especies presumidas como extintas y una veintena más con una reducción mayor a 90 %.

El coral que viajó en barco

Juan Armando Sánchez, biólogo marino y líder del Grupo de Investigación en Biología Molecular Marina (Biommar) de la Universidad de los Andes, ha dedicado parte de sus investigaciones a la invasión del coral Copo de Nieve, una especie originaria del Indo-Pacífico, que también se encuentra en el Atlántico colombiano y que se cree llegó al Pacífico sudamericano por agua de lastre.

Los barcos, para mantener unas condiciones seguras durante los viajes, succionan y liberan grandes cantidades de agua para compensar los cambios de peso como consecuencia de los distintos niveles de carga que transportan. Esto es conocido como agua de lastre y ha servido para transportar numerosos microorganismos alrededor del mundo.

Por medio de análisis filogéneticos se logró establecer que una invasión de este espécimen en el Pacífico Occidental colombiano provenía del Atlántico Tropical, muy posiblemente habría atravesado el Canal de Panamá en el agua de lastre de algunos barcos.

“Aunque recientemente se han tomado medidas de bioseguridad en algunos países, es un sistema que lleva en ejercicio décadas. Larvas, fragmentos y adultos de organismos marinos llegan generalmente vivos al lugar donde los barcos desocupan sus tanques de agua de lastre”, asegura Sánchez.

El Copo de Nieve se ha mostrado inofensivo en el Atlántico colombiano. Caso contrario a lo ocurrido en Hawái o el Pacífico, donde ha expulsado otras especies, logrando un mayor tamaño y expansión, y ha causado una mayor mortalidad en los corales nativos.

“Tiene una asociación con una esponja citotóxica que lo recubre. A lo que se le acerque le va generando necrosis hasta que se posesiona del nuevo tejido”, explica Sánchez. En Hawái, la invasión desplazó a los corales negros que eran cultivados para joyería, ocasionando un fuerte impacto en esta economía local.

A diferencia de las invasiones de especies en tierra, en los océanos se presume que las repercusiones son menores y los ecosistemas logran adaptarse al cambio con mayor facilidad, aunque todavía faltan más investigaciones para comprender sus efectos a futuro.

Un pez para domesticar por decreto

El caso del pez asiático basa, que llegó a Colombia de la mano de la acuicultura, es otra muestra de cómo una especie foránea puede convertirse en invasora. El Pangasius hypophthalmus es considerado un pez de baja calidad, pero fue introducido al país de manera ilegal por piscícolas en Valle de Cauca, Huila, Meta y Santander por su bajo costo de producción y rápido crecimiento; una hembra puede dejar hasta 50.000 huevos por kilogramo en el desove, según el Instituto Humboldt.

“El pez basa es originario del río Mekong. Allí fue domesticado y mejorado genéticamente, convirtiéndose una de las especies que crece más rápido en cultivo. Aunque sus características la hacen ideal para el negocio, es también una amenaza si se pone a competir con las especies de un ecosistema natural”, afirma Juan Armando Sánchez, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Nueva York en Búfalo (EE. UU.).

Ya han sido capturados especímenes en el Magdalena, por lo cual se presupone que podría expandirse rápidamente por todas las tierras bajas de su cuenca, ya que suele alimentarse de todo lo que encuentra, tiene una elevada tasa de reproducción, un rápido crecimiento, tolerancia a condiciones ambientales extremas y es migratoria. Estas condiciones representan una ventaja frente a las especies nativas, las cuales pueden verse desplazadas e incluso disminuidas, un potencial problema para los pescadores de la región.

Gracias a sus excelentes perspectivas económicas, las autoridades nacionales han intentado domesticarlo por decreto e impulsar su crianza legal en el país, algo que ya ocurrió con la tilapia y la trucha, recuerda el profesor del Departamento Ciencias Biológicas de Los Andes.

Esta puerta fue abierta por medio del Decreto 1780 de 2015, expedido por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Comercio, Industria y Turismo y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el cual se autoriza que especies introducidas al país sean declaradas domesticadas para fines de piscicultura.

“Hay muchos productos del mercado que tienen que ver con las especies invasoras. Algunas entran disfrazadas de solución económica, como es el caso de los caracoles gigantes africanos, pero terminan convirtiéndose en grandes amenazas ambientales”, concluye.

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Por César Orozco Carrillo & Johanna Ortiz Rocha
ce.orozco@uniandes.edu.co
johortiz@uniandes.edu.co

“La forma como una sociedad trata a las personas privadas de la libertad muestra qué tan en serio se toma la protección de los derechos humanos”, sentenciaba Manuel Iturralde, director del Grupo Prisiones de la Facultad de Derecho, en la presentación de un proyecto en conjunto entre la Universidad de los Andes y El Espectador para evidenciar el avance del COVID-19 en las prisiones colombianas.

Esa afirmación tan diciente y categórica podría extrapolarse a otras situaciones en donde distintos grupos sociales marginados han visto cómo “lo urgente ha desplazado lo importante”, como lo simplifica Juliana Bustamante, directora de la clínica jurídica Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión de Los Andes. En este caso, enfrentar el coronavirus ha dejado de lado la protección de derechos, poniendo en evidencia, una vez más, las discriminaciones que arrastra la sociedad colombiana.

Un claro ejemplo de estas situaciones es el acceso al agua potable. En la actualidad, millones de colombianos no tiene la posibilidad de realizar un correcto lavado de manos por la ausencia de este servicio. ¿Cómo seguir las recomendaciones de autocuidado en este contexto?

Las inequidades en el acceso a los servicios de salud son otro ejemplo que ha quedado al descubierto. Durante la pandemia, las poblaciones más afectadas han sido aquellas con una gran informalidad laboral, las de regiones apartadas y las comunidades indígenas y afro. Esto se explica, en parte, por la ausencia de hospitales y unidades de cuidados intensivos, pero también por la falta de una política pública e integral.

Volviendo a las prisiones, su realidad es dramática y está marcada por el hacinamiento provocado por la política de seguridad pública del país. Casi 10.000 personas se han contagiado en cinco meses después del descubrimiento del primer caso positivo de un recluso por coronavirus en la cárcel de Villavicencio. ¿Qué medidas se han adoptado para proteger sus derechos?

Finalmente, las poblaciones con discapacidades han visto cómo los avances en la protección de sus derechos quedan congelados por la satisfacción de sus necesidades básicas —con el riesgo de que se pueda dar un retroceso en esta materia— y cómo muchos de los mensajes sobre los cuidados y las medidas adoptadas por el Estado para hacerle frente a la pandemia incumplen con los principios de accesibilidad, por lo cual algunos no reciben la información de manera adecuada.

En Nota Uniandina compartimos la visión de los expertos sobre el acceso al derecho al agua, la salud y la no discriminación, así como el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad.

Sin derecho a lavarse las manos

El acceso a agua potable es un derecho humano, reconocido en Colombia desde 1992 por la Corte Constitucional y en el ámbito internacional desde 2002. A pesar de esto y de que el lavado de manos es considerado la principal medida de defensa ante el coronavirus, millones de personas conviven sin este servicio. Según el censo del DANE de 2018, el 86,4 % de las viviendas del país tienen cobertura de acueducto, lo que significa que otras 7.045.806 no, siendo las de menores recursos las más damnificadas.

“Si hacemos una valoración histórica, sin duda se ha mejorado, pero los grandes avances están alrededor de la cobertura y en zonas urbanas”, asegura Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Facultad de Derecho. Sin embargo, explica que sobre estos avances deben ser tenidas en cuenta unas consideraciones.

Para comenzar, generalmente las cifras muestran la cobertura de este servicio, pero no la potabilidad del agua ni su continuidad o permanencia. “El agua puede llegar dos veces al mes o contaminada”, recalca.

Además, existe una marcada diferencia estructural entre la ruralidad y las ciudades, así como entre territorios. En Bogotá, por ejemplo, el porcentaje de cobertura es del 99,53, mientras que en las cabeceras municipales del Chocó tan solo alcanza al 34,69 y en centros poblados y la zona rural dispersa de Vaupés, el 3,79.

A ello se suman los grupos sociales en situación de vulnerabilidad (migrantes y habitantes de calle) y habitantes de los cinturones de pobreza de las grandes urbes —quienes pueden estar conectados de manera irregular—.

Lo anterior, en parte, es el resultado de ese reconocimiento por la vía jurisprudencial. Colombia no es uno de los cinco países de América Latina que tienen el derecho al agua dentro de sus constituciones: “Esto hace que nuestro ordenamiento jurídico no esté diseñado para su garantía, sino con un esquema un poco más mercantil y económico que no está basado en los Derechos Humanos”, explica Mauricio Madrigal, fundador de la Organización Mexicana para la Conservación del Medio Ambiente (Omca A. C.) y del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (Celeam).

El resultado es una judicialización para su garantía por medio de tutelas, las cuales pueden tardar meses y hasta años en ser falladas.

El Decreto 441, los desconectados y los acueductos comunitarios

Durante la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 441, el cual reconocía, en su parte motiva, el acceso al agua como un derecho humano y establecía cinco disposiciones orientadas a la reinstalación y reconexión inmediata del servicio de acueducto suspendido o cortado a los suscriptores residenciales; pero esta medida no regía si el motivo del corte o de la suspensión era fraude.

“Esto tiene dos grandes implicaciones: por un lado, existen cientos de miles de asentamientos irregulares e informales que no recibirían el beneficio; y por el otro, no se reconoce a los grupos especialmente vulnerables, como los habitantes de calle, los migrantes y las comunidades rurales que carecen del servicio de acueducto y alcantarillado”, asevera Madrigal.

Igualmente, no se menciona ningún apoyo a los más de 30.000 acueductos comunitarios que proveen gran parte del agua en las regiones rurales.

Durante el control efectuado por la Corte Constitucional, el decreto fue declarado constitucional, pero con la salvedad de que debían ser reconectados todos, incluyendo a los desconectados por fraude, dado que esa excepción iba en contra de los derechos humanos.

En este caso, gracias a un formulario —creado por la organización Mutante— en el que se consultaba sobre el acceso de la comunidad a estos servicios, en una semana se recibieron más de 30 solicitudes urgentes de apoyo jurídico para conseguir el acceso al agua. Además, a MASP llegaron otras peticiones provenientes de distintas partes del país.

Al no existir claridad sobre cómo se debía proceder por la cuarentena estricta, MASP y la Escuela Jurídica Popular optaron por enfocarse en un caso en el cual ya tenían identificadas a 300 familias del barrio El Codito, en el nororiente de Bogotá, que no podían ejercer este derecho.

“Este caso es sobre un asentamiento irregular. Interpusimos una primera acción de tutela que salió favorable, pero con una condición: el juez dice sí, garantizo el derecho al agua, pero mientras dure la emergencia, por lo que apelamos la decisión porque se estaba condicionando un derecho humano. Fue confirmada en segunda instancia y estamos esperando que la Corte Constitucional la elija para sentar un precedente”, cuenta Madrigal.

Sin embargo, este mecanismo funciona de forma individual, por lo cual habría sido necesario interponer 300 acciones para todos los habitantes del asentamiento, lo que congestionaría aún más el sistema judicial. Por esta razón, se cambió la estrategia por el envío de cartas para el Acueducto y la alcaldesa de Bogotá, en donde se pedía la creación de una mesa para buscar soluciones.

Finalmente se logró la conexión de 300 familias, gracias al apoyo de las dos organizaciones. Pero, para Madrigal, todavía falta mucho por hacer: “Siguen cientos de familias sin acceso a agua y el Estado no está fortaleciendo los acueductos comunitarios, algo que consideramos fundamental para garantizar este derecho”.

Un sistema de salud inequitativo

El sistema de salud, aunque no ha colapsado por la pandemia, volvió a reflejar las grandes inequidades del país. Las poblaciones más afectadas han sido las más vulnerables y los pueblos indígenas y afros. “Me preocupa que nos devolvimos, al parecer, a pensar que un hospital es el garante de la atención en salud. No es así, el garante es el Estado”, reflexiona Jovana Ocampo, líder del grupo de investigación en Sistema de Salud, Infancia, Género e Interculturidad de la Universidad de los Andes.

Para la médica, las estrategias políticas sobre salud carecen de un enfoque diferencial para adaptarse a las diversas realidades del país. Los mensajes han sido los mismos para todos los grupos, aun cuando hay grandes diferencias culturales, demográficas, económicas y geográficas.

Incluso en las ciudades. Para un trabajador informal es muy difícil guardar la cuarentena si debe solucionar el día a día y conseguir su sustento. Allí es donde cobra importancia un mensaje con enfoque diferencial, en donde las particularidades de los territorios, sus formas de relacionamiento y sus normas establecidas son tenidos en cuenta para el desarrollo de los protocolos de autocuidado.

“Para algunas personas, el contagio en las localidades de Bogotá que marcaron un pico más alto fue por la irresponsabilidad de sus habitantes; sin embargo, cuando se revisan las cifras se puede ver que muchos de ellos trabajan en la informalidad, lo que los obliga a salir cada día, exponiéndolos aún más al virus”, asegura Ocampo.

En Bogotá, según datos publicados por el Observatorio de Salud de Bogotá con corte a 2 de octubre de 2020, los estratos 1, 2 y 3 reunían el 90,3 % de los fallecidos por COVID-19, siendo el estrato 2 el más golpeado con el 45,3 % y el 5 el que reporta menos muertos con un 0,8 %.

Sin unidades de cuidados intensivos a kilómetros

Para el tratamiento de los casos más complicados por coronavirus se evidenció la necesidad de contar con unidades de cuidados intensivos (UCI) dotadas de ventiladores mecánicos. En el país, se desnudó la ausencia de estos espacios a nivel general y con especial precariedad cerca de las comunidades indígenas y afro.

En la Nota Macroeconómica n.° 24: La cara étnica de la pandemia en Colombia, profesores de la Facultad de Economía calcularon que, en promedio, las UCI se encuentran a 198,53 kilómetros de los poblados indígenas y a 81,49 de las comunidades negras. El panorama es mucho peor si se considera que estas regiones no disponen de medios de transporte rápidos y asequibles.

Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), con corte a 23 de septiembre, habían sido confirmados 30.002 casos y 1.080 fallecidos en 72 pueblos afectados.

“Al inicio de la pandemia, pudimos observar cómo Amazonas fue la punta del iceberg que puso en evidencia estas dificultades, pero, más allá de eso, se desnudó la fragilidad de un sistema que no se ha logrado articular ni amoldar a las necesidades y al enfoque de atención primaria”, asevera la médica de Los Andes.

Un agravante para ellos es que por el COVID-19 están muriendo los adultos mayores, quienes son los responsables de las comunidades y atesoran los conocimientos y las tradiciones de sus pueblos.

Y esta ausencia “no ocurre únicamente con las unidades de cuidados intensivos, sino con unas redes integradas que van desde la promoción y prevención hasta el tratamiento y rehabilitación. Esto evidencia debilidades en estrategias como la atención primaria en salud. Es importante recordar que no solo es COVID, hay muchas más enfermedades crónicas por las que las comunidades no pueden acceder a un tratamiento a tiempo y digno”, concluye Ocampo, médica con maestría y doctorado en Salud Pública y profesora de la Facultad de Medicina.

Las barreras de la sociedad para las personas con discapacidad

 

Antes que nada, “es importante entender que la discapacidad no está en las personas, sino en las barreras del entorno en el momento de ejercer sus derechos desde su diversidad”, explica Juliana Bustamante, directora de la clínica jurídica Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, cuando se le pregunta por la situación de esta población en la pandemia. “Cuando no encuentran todos los elementos necesarios para ejercer sus derechos —no hay rampas, no tienes interpretación ni lenguaje claro, etc.— , entonces, su diversidad se convierte en discapacidad”.

En el marco de la pandemia, cuando el coronavirus llegó a Colombia, PAIIS y otras organizaciones se encontraban realizando pedagogía para explicar la Ley de Capacidad Jurídica del 26 de agosto de 2019 para dar a entender por qué su implementación no era tan complicada y por qué no se podía analizar desde el caso extremo de la persona que está en coma muriéndose.

Esta ley supone un avance en la lucha por los derechos de estos individuos. En pocas palabras, les devuelve su capacidad jurídica: establece que no se les puede pedir interdicción y, en cambio, deben recibir un sistema de apoyos para garantizar el pleno goce de sus derechos. Su implementación sigue andando en los organismos del Estado, pero la conversación con los directamente involcrados se detuvo.

Lo que se busca es hacer entender que “lo que consideramos una discapacidad es una forma de habitar el mundo de manera distinta. Ellos pueden ejercer derechos, la sociedad debe permitirlo y el Estado debe proveer los apoyos necesarios”, explica Bustamante.

Antes se abordaba este tema desde el modelo que los consideraba prescindibles, luego como enfermos que podían ser curados o rehabilitados y ahora lo que se busca es su inclusión.

Por la pandemia, esta agenda de derechos ha sido desplazada por una asistencialista, que se hace necesaria porque la discapacidad se profundiza en las clases sociales más marginadas, pero es vista como un potencial riesgo de perder los logros alcanzados.

“Este tipo de ayudas son costosas, pero fáciles de implementar, por lo que preocupa que, una vez superada la emergencia, se decida continuar con este enfoque y se olviden sus derechos”, teme Bustamante.

Sin un lenguaje claro y accesible

Otro es el caso del lenguaje claro y con enfoque diferencial. A pesar de que la Ley estatutaria 1618 de 2013 establece disposiciones para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, no todos los mensajes transmitidos por las entidades gubernamentales han cumplido con los principios mínimos de accesibilidad (como lenguaje de señas y subtítulos), lo que dificulta su apropiación por ciertas poblaciones —siendo las redes sociales el medio de comunicación más utilizado y en donde se evidencia una mayor ausencia de estas alternativas—.

“Cada vez que encontramos un mensaje que no cumple con esto, enviamos un derecho de petición a la entidad para que lo solucione. Hemos logrado avanzar en este campo”, asegura Bustamante.

Ya es más común ver intérpretes en las alocuciones de servidores públicos, pero todavía falta mucho por hacer para que los mensajes tengan un enfoque de inclusión, como en el caso de aquellos con discapacidad psicosocial (con diagnóstico de trastorno mental), consideradas un grupo no prioritario.

“Ellos siempre tienen barreras, salvo que escondan su condición, porque existe un miedo grande a la diferencia”, explica Bustamante. A ellos no se les explica lo que está pasando en términos que puedan asimilar y con un mensaje que no los angustie por miedo a su reacción. Por el contrario, la información transmitida por los medios de comunicación está marcada por la desconfianza y el miedo al otro.

En un contexto en donde el mensaje público es que el otro es un peligro, se potencia aún más esta discriminación. “Los mensajes que salen de los poderes públicos pueden ser nocivos y violentos para estas poblaciones”, asegura Bustamante.

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Condenados al contagio

Aunque el riesgo de propagación del virus en las cárceles colombianas era evidente para académicos y organizaciones sociales, el Gobierno no implementó medidas preventivas a tiempo para evitar la crisis. El primer caso fue reportado el 10 de abril en la cárcel de Villavicencio, lugar de donde fueron trasladados 8 internos por haber participado en un motín 3 semanas atrás; 5 meses después, han sido contagiadas casi 10.000 reclusos y 834 funcionarios del Inpec, en 55 establecimientos de reclusión.

“El coronavirus puso de manifiesto las fallas del sistema penitenciario y carcelario colombiano, caracterizado por una infraestructura insuficiente y vetusta, un gran déficit presupuestal y de recursos humanos y la consecuente deficiencia en la prestación de servicios básicos, entre ellos la salud y la resocialización de las personas privadas de la libertad”, afirmó Manuel Iturralde, director del Grupo Prisiones de la Facultad de Derecho, en la presentación del proyecto COVID-19 en las cárceles, de la Universidad de los Andes y El Espectador para evidenciar el avance del virus en las prisiones colombianas.

Entre los riesgos identificados se encontraba el de alto porcentaje de hacinamiento, que superaba el 50 % al principio de la emergencia sanitaria, ya que era claro que el índice de contagio del coronavirus es mayor en espacios cerrados y cuando no se guarda una distancia mínima de 2 metros.

A Flourish chart

El 14 de abril, por medio del Decreto Legislativo 546 de 2020, el Gobierno Nacional establecía, entre otras medidas, la excarcelación de las personas más vulnerables para proteger su vida y salud. Sin embargo, según cuentas del Grupo Prisiones para finales de agosto, menos del 1 % de la población recluida había sido liberada a la luz de este decreto (unos 1.000 individuos), a pesar de que se calculaba un 3,3 %.

Por medio de mecanismos legales ordinarios han sido liberadas alrededor de 22.000 más. Esto, sumado a la restricción de ingresos a los establecimientos del Inpec, ha logrado reducir el índice de hacinamiento al 29 %. Sin embargo, para Manuel Iturralde, esto no soluciona el problema, sino que incluso lo empeora. En una columna de opinión publicada en el especial COVID-19 en las cárceles, manifiesta que “lo traslada a las estaciones de policía y las unidades de reacción inmediata (URI) de las ciudades y pueblos, que no están en condiciones de albergar personas privadas de la libertad y que en muchas partes (como Bogotá y Medellín) presentan alarmantes índices de hacinamiento, superando en varios casos el 100 %”.

Al análisis de estas condiciones se debe sumar el hecho de que casi el 30 % de esta población está esperando una condena, por lo cual no se puede asegurar que son culpables de haber cometido algún delito.

En las cárceles “no hay acceso a agua potable, servicios básicos de salud, trabajo, educación, por lo cual terminan viviendo en unas condiciones indignas y que generan situaciones de violencia y de explotación y propician la corrupción”, concluye Iturralde.

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Por: César Orozco Carrillo

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Las colectivas como protagonistas

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Por César Orozco Carrillo & Paula Molano

“La razón por la cual mandamos a la escuela desde tan temprana edad a los más jóvenes de nuestra sociedad es para que socialicen, para que tengan oportunidades de interactuar con otros. No es solo para que aprendan habilidades académicas”, asegura Andrés Molano, magíster en Educación con énfasis en Ciencias de la Prevención y doctor en Desarrollo Humano y Educación de la Universidad de Harvard (EE. UU.).

Para él, el rol fundamental de la educación básica, primaria y secundaria es desarrollar las habilidades socioemocionales que necesitamos para aprender a relacionarnos con otros, resolver conflictos y tomar decisiones. Las habilidades académicas también son importantes, pero en un segundo plano.

En primera infancia se aprende a identificar emociones; en la escuela primaria, a interactuar y resolver conflictos con pares, y en secundaria, a tomar decisiones. ¿Cómo desarrollar esas habilidades en medio del encierro, sin socializar con pares y en un contexto en el que la virtualidad es vista también casi como un lujo? “Crecer como seres humanos ocurre a medida que interactuamos con otros y, en menor medida, con objetos”, enfatiza.Los colegios fueron cerrados por la pandemia y, con ellos, esos espacios de interacción. Esto interrumpió el desarrollo socioemocional y parte de los procesos de aprendizaje de habilidades académicas, un hecho especialmente dramático para los grupos de poblaciones más vulnerables que no cuentan con acceso a tecnologías para continuar con su formación. Se prevé que, como resultado, se ahonde aún más la brecha de un sistema inequitativo, desactualizado y desconectado con deudas estructurales que vienen de años atrás.

“El confinamiento llevó, en unas ocasiones, a que muchas personas se encerraran en espacios pequeños. Si a eso se le suman estresores sobre el empleo e ingresos económicos de los adultos, todo se puede traducir en un estrés que va a afectar las oportunidades de aprendizaje, desarrollo e interacción de los niños más pequeños, principalmente”, explica Molano, quien también es psicólogo y magíster en Educación con énfasis en Desarrollo Humano de la Universidad de los Andes.

Los signos del rezago escolar

El Instituto Colombiano de Neurociencias publicó un estudio sobre las afectaciones en salud emocional a causa del confinamiento y cierre de colegios en el que señala que la generación que enfrentó la escolaridad en confinamiento manifestará mayores signos de ansiedad y estrés, junto con riesgos de depresión.

De acuerdo con una simulación del Banco Mundial, basada en el índice anual de pobreza de aprendizaje, el cierre de colegios por un periodo largo (más de 7 meses) trae aparejado un aumento en 15 puntos en el porcentaje de estudiantes de América Latina que se encuentran por debajo del mínimo necesario en términos de lenguaje, por ejemplo, alcanzando el 68 %. Esto teniendo en cuenta la implementación de estrategias de educación a distancia.Lo anterior puede acarrear no solo un retraso de un año escolar, sino que también se corre el riesgo de desaprender las habilidades ya adquiridas, debido a que en este tiempo hay niños y jóvenes que se han mantenido totalmente desconectados de la escuela.

“Esto significa estudiantes promovidos como si nada hubiera pasado, y profesores que no tienen en cuenta ese rezago, agudizando la pérdida de aprendizaje. Corregirlo es un reto para los sistemas educativos del país, pues debemos prepararnos para recibir a los estudiantes y aplicar la nivelación y remediación necesarias”, asegura Sandra García, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

De igual manera, para la doctora en Política Social de la Universidad de Columbia (EE. UU.) existe un riesgo muy grande de deserción por la pérdida de motivación de los niños por la escuela y la edad de diferencia con respecto a otros compañeros. Desde el punto de vista generacional podría haber una cohorte con menos aprendizaje, o incluso sin él, pues algunos no terminarán la educación media —de hecho, en Colombia, antes de la pandemia, cerca del 58 % no la concluía, según un estudio que están adelantando Sandra García y Darío Maldonado—.

Un sistema desigual

Las inequidades en educación las venimos desnudando hace rato. Es lo que se conoce como la lotería de la cuna —explica la profesora de la Facultad de Educación Nancy Palacios, doctora en Ciencias Sociales Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales—. Un niño de primero de primaria en un colegio de categoría A+ aprende algo totalmente distinto que otro de su misma edad, pero en una institución de categoría D”.

Desde antes de la pandemia, el acceso a la tecnología y a los medios de conexión ya era un lujo en Colombia, pues solo el 43,3 % de la población tiene internet (fijo o móvil), según datos del censo 2018 del DANE. Debido a las estrategias implementadas por la llegada del SARS-Cov-2 al país, que han estado marcadas principalmente por la virtualidad, esas diferencias en el aprendizaje han sido mayores, pues la escuela es el único medio por el cual algunos niños pueden recibir un poco de información y formación.

Mapa de conexión a internet

“En mi experiencia, a partir de un trabajo que desarrollo junto con estudiantes en unas escuelas en Cundinamarca, existen serias dificultades de conectividad. En algunas casas el único medio de conexión es un celular, pero es fundamental para el trabajo del adulto”, comenta el profesor Hernando Bayona, licenciado en Matemáticas y Computación de la Universidad Antonio Nariño y matemático de la Universidad Javeriana.A su vez, Palacios explica que, como sucede con otras desigualdades, esta se ahonda en grupos indígenas, afrodescendientes, sectores urbanos pobres y campesinos y se hace evidente en la infraestructura (construcciones y equipamiento físico), pero también en los recursos para el aprendizaje: textos, laboratorios, mapotecas, computadores, bibliotecas con libre acceso. Además, en la brecha en la capacitación de los maestros, la consistencia del proyecto educativo de la institución, el sistema de evaluación, las prácticas pedagógicas y las propuestas curriculares.

“Hay colegios en donde no se pueden usar computadores, por más que se lleven, porque carecen de electricidad, mientras que otros tienen energía, pero no equipos. En este país hay instituciones en donde en un computador trabajan cinco niños al tiempo”, afirma Palacios, licenciada en Ciencias Sociales y magíster en Sociología de la Universidad del Valle.En otros lugares no se dan las condiciones mínimas de salubridad para promover el autocuidado y lavado de manos por la ausencia de agua potable.

Además, ante la falta de tecnología, la cuarentena evidenció la desactualización de los textos de apoyo y lo poco accesibles que eran. “En los últimos años se ha hecho una inversión grande en textos educativos, como parte del programa Todos a Aprender, pero hizo falta que, una vez los profesores dejaron de dictar clases, los estudiantes y sus padres pudieran acceder a ellos para continuar con sus aprendizajes”, asegura.Esto permite entender, según Bayona, que el foco de los modelos pedagógicos y didácticos que estábamos manejando no era el desarrollo de competencias y habilidades para el siglo XXI: trabajo en equipo, autoaprendizaje, etc. “En los colegios no estábamos preparados para operar a través de modelos innovadores. Si hubiese existido un esquema de guías y trabajo colaborativo antes de la pandemia, y no se estuviera supeditado a la clase magistral, esto habría sido diferente”, resalta.

La marcada diferencia generacional

Otro aspecto conocido por académicos e investigadores es la avanzada edad del magisterio, que impediría a un importante número de profesores volver a clases presenciales por encontrarse en los grupos de mayor riesgo frente al coronavirus. Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana muestra que el 16 % de los docentes son mayores a 60 años, mientras que otro 30 % son mayores de 55.

“La intuición que existía era que esto creaba dos brechas grandes entre el maestro y los estudiantes: las tecnológicas y las generacionales (evidenciada en la falta de comprensión entre unos y otros)”, expone Bayona, profesor de la Facultad de Educación de Los Andes que ha dedicado parte de sus investigaciones a analizar la situación de los docentes en América Latina.Con lo ocurrido en los últimos meses, estas diferencias se hicieron evidentes. Muchos profesores carecían de las habilidades para afrontar un esquema de educación virtual y tuvieron que aprender de ceros a manejar correos electrónicos o plataformas tecnológicas; pero otros aún no lo han hecho, como explica Palacios. En algunos municipios, los profesores prefieren enviar únicamente las guías a unas fotocopiadoras al lado de la escuela para que los niños las recojan, pero sin brindar acompañamiento al aprendizaje ni darles instrucciones.

Para Bayona, magíster en Matemática Aplicada de la Nacional y magíster y doctor en Economía de Los Andes, se evidencia la necesidad de unas políticas claras para acceder a la carrera docente, teniendo en cuenta que el 80 % de la matrícula en el país es oficial: “Necesitamos unas políticas serias que permitan relevos generacionales de manera constante. Lo ideal es que haya profesores mayores, porque tienen mucha experiencia, pero también jóvenes”.

El papel de los padres

La pandemia también ha dejado experiencias positivas, como la demostración de la importancia de las familias y cuidadores en el acompañamiento del proceso de aprendizaje de los niños. Para Sandra García, esto no significa que ellos pueden reemplazar a los maestros, sino que pueden proveer un ambiente óptimo ofreciendo un espacio físico y el tiempo para aprender y sirviendo de soporte emocional. También, ayudando a que las niñas no interrumpan sus estudios para apropiarse de tareas de cuidados de sus hermanos o quehaceres del hogar.

En la época más estricta de la cuarentana, la presencia de los cuidadores en las casas facilitó la comunicación con las escuelas y los profesores y sirvió para que conocieran un poco mejor a sus hijos, por lo cual ellos pueden convertirse en sus mejores voceros para transmitir sus necesidades.Sin embargo, con la reactivación económica, esto se ha ido perdiendo. “En lugar de lograr mayores aprendizajes a medida que pasa el tiempo, la reactivación laboral ha representado un retroceso, porque ahora los niños se encuentran muy solos”, reflexiona Bayona.

Profesores innovadores y creativos

Durante estos meses también se ha evidenciado la imaginación pedagógica en el ejercicio educativo. Bayona reconoce que la pandemia ha despertado la creatividad de los profesores para repensar la escuela: “Hay instituciones que no cuentan con una plataforma tecnológica, pero se han ideado soluciones para avanzar”.

Algunos han recurrido a iniciativas pedagógicas y emprendimientos como el uso de videos, textos, infografías y recursos didácticos, así como a la transmisión de lecciones por la radio comunitaria o por emisoras del Ejército. También se ha visto un trabajo más en conjunto entre docentes, quienes comparten experiencias para mejorar.Hay lugares en donde los rectores compraron megáfonos para anunciar los números de Whatsapp para seguir en contacto con los estudiantes, o los han pegado en carteleras. Otros han pagado el internet de los niños y han hecho rifas para comprar celulares o una vez por semana envían las fotocopias de las guías con algún conocido, cuentan Nancy Palacios y Hernando Bayona.“He encontrado una preocupación de los maestros por cambiar su práctica para adecuarla a estos nuevos momentos. Pensar en actividades más integradas, no solo de matemáticas, ciencias, lenguaje, sino que se piense el conocimiento como un todo. Se han hecho guías interdisciplinarias”, enfatiza Bayona.

Una oportunidad para repensar la escuela

Los meses que vienen son fundamentales para disminuir el efecto que el encierro pueda tener a largo plazo en los estudiantes. Por eso, los profesores Sandra García y Andrés Molano coinciden en que esta es una oportunidad óptima para repensar el sistema. “Se pueden discutir a fondo los objetivos del sistema educativo. Hay que revaluar qué es lo esencial y qué es lo que necesitamos hacia adelante, pero ese debate debe ser dado por los expertos en aprendizaje académico en las escuelas”, comenta Molano.Por su parte, García asegura que no es hora de preocuparnos sino de ocuparnos: “Es momento de prender alarmas y, por ejemplo, restructurar los sistemas educativos, ajustar falencias, acortar brechas y continuar para que estos efectos no sean irreversibles”.

En este sentido, es necesario evaluar el aprendizaje de los estudiantes, y conocer en qué nivel están para entregarles las estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas. “Haríamos un daño enorme si un estudiante recibe la enseñanza sin saber en qué nivel quedó”, agrega García.Sobre una estera o el sofá de la casa, los jóvenes del barrio La Unión, en Tumaco (Colombia) construyen sus sueños cada día. La educación sigue siendo para muchos el faro que les permitirá seguir transformando la realidad violenta y reducir las desigualdades de un país que avanza hacia la paz.

Además, de acuerdo con Nancy Palacios, se requiere una estrategia de diagnóstico y de refuerzo, muy acompañada por los maestros y fortalecida por los equipos pedagógicos —en ellos la función de las secretarías de educación será fundamental—. “Se debe adelantar un proceso intensivo y sistemático de recuperación y nivelación, pero sin centrarse en contenidos, sino en las habilidades transversales de desarrollo del pensamiento matemático y de habilidades de lectoescritura”.En este punto, Molano hace un llamado a resistir las presiones por cerrar las brechas de desempeño académico que puedan ejercer los tomadores de decisiones de política pública educativa, por temor a los resultados a las pruebas Pisa y Saber de los próximos años.

Y enfrentar el trauma

“Creo que en este momento hay muy pocos jóvenes sufriendo porque no han aprendido a resolver ecuaciones con dos incógnitas, pero sí muchos pueden reconocer que esta situación les ha despertado diversas emociones”, señala Molano mientras explica que una tarea difícil, pero necesaria, es el diseño de estrategias sociales y sicológicas para asumir esta situación traumática y ayudar a asimilarla.“No se puede pedir que todos los colegios del país, e incluso en América Latina, cuenten con un equipo de orientadores; pero podemos entrenar a profesores y adultos para que sepan cómo abordar el tema, algo que puede ser de forma superficial”, argumenta el profesor de la Facultad de Educación, quien recuerda que por la situación puede haber niños que hayan perdido a un ser querido o no vuelvan a clases por la situación económica. Para los casos más complejos recomienda el diseño de un sistema de salud mental que ayude a atenderlos.Esto no significa cargar a los docentes con la responsabilidad de ser los sicólogos de los niños, sino abrir unos espacios diversos para que, quienes se sientan cómodos, puedan expresarse.Los efectos de lo ocurrido en estos meses solo se podrán entender en el largo plazo, pero desde ya se puede comenzar con la implementación de un plan de choque para paliarlos que sirva, de paso, para reestructurar la carrera docente en el país, algo complejo pero que mostraría sus resultados dentro de un par de décadas.

Socialización vs.conocimiento académico“En clase siempre pregunto por el recuerdo más importante que tienen mis estudiantes de su paso por la escuela y la gran mayoría (el 80 %) hablan de interacciones: se acuerdan de un novio, una pelea con los amigos, una relación especial o una embarrada que cometieron. Solo el 20 % menciona cuando aprendieron una habilidad académica: las ecuaciones de dos incógnitas, por ejemplo. Esto me dice que, aunque el objetivo social siempre ha sido el principal en la escuela, le hemos cargado otras cosas”, afirma Andrés Molano, profesor de la Facultad de Educación.

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