Este documental cuenta la historia de Andrés Moya, economista colombiano que decidió unir la investigación académica con la salud mental y la primera infancia.

Su trabajo con Semillas de Apego ha transformado la vida de familias en contextos de conflicto y pobreza en Colombia. Entre relatos íntimos el economista revela cómo la salud mental está profundamente ligada a la pobreza y al futuro de niños y niñas en sus primeros días de vida. Andrés también es un espejo: su historia personal marcó su investigación y lo llevó a replantear su papel como académico, hijo y padre.

Visionarios es la serie de cortometrajes que narra, de manera íntima y cercana, historias de profesores e investigadores cuyas búsquedas personales han dado origen a proyectos con un alto impacto en la sociedad.

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El complejo camino del científico es increíblemente parecido al juego del laberinto.

Lo sabe —y muy bien— el físico colombiano Juan Andrés Urrea Niño. Tenía 22 años cuando viajó a Alemania para hacer sus estudios de posgrado en la Bergische Universität Wuppertal. Hoy es investigador y ha recibido el premio de una red de científicos de Alemania luego de desarrollar una mejora sobre el método para entender más fondo —en simulaciones computacionales— partículas subatómicas, invisibles e importantes en las estructuras y los comportamientos esenciales de la materia. Lo suyo se llama cromodinámica cuántica reticular. Es un área donde se combinan la física de esas partículas ínfimas conocidas como hadrones y la programación informática.

Juan Andrés rastrea entre lo visible y lo invisible para hallar tesoros entre los átomos del Universo: “Siempre sentí una afinidad por las matemáticas. Me gustaba aplicar esas normas establecidas para entender el mundo —recuerda Urrea, cerca de cumplir los treinta años y tan minucioso como cuando estaba en el colegio—. Me encantaba armar figuras con fichas de Lego y eso tuvo una gran influencia en mi vida. Siempre disfruté al entender cómo funcionaban las cosas”, complementa.

No a cualquiera le da por escarbar para encontrar nuevas partículas. A Juan Andrés, por demás, se le metió en la cabeza explorar las consideradas ‘exóticas’, con propiedades diferentes e inesperadas con respecto de las más comunes como el protón y el neutrón. Él piensa cada frase. Es metódico. “Queremos llegar a hacer afirmaciones sobre partículas consideradas exóticas y entender sus características. No podemos quedarnos con ‘creemos que hay algo’”.

Su tesis doctoral se centró en la espectroscopía de hadrones, específicamente de un grupo llamado charmonio. Los resultados de su estudio mejoraron la técnica de extracción de masa de estas partículas en simulaciones computacionales y, con ello, se logró proponer un método para facilitar los cálculos a científicos que, como él, buscan las características de partículas similares.

Él lo resume: “Este trabajo de grado tiene que ver con hadrones exóticos, unas partículas subatómicas que han sido predichas, pero no todas han sido encontradas y sus características no pueden explicarse con los modelos convencionales”.

Ahora su trabajo consiste en aplicar esta variante mejorada a sistemas más grandes, no solo a cierto tipo de partículas, sino también a otras y estudiar sus interacciones. “Estamos enfocados en la búsqueda de una partícula cuya traducción correcta es ‘bola de gluones’. Es un estado que se predice teóricamente, pero experimentalmente no ha tenido confirmación definitiva”.

Tratar de comprender el universo y su composición puede ser tan complicado como desbaratar un balín con las manos —al decir de las abuelas—. Se necesita paciencia. Método. Y correr el riesgo de fallar muchas veces. Es como atreverse a cruzar el laberinto.

Einstein, Keppler, Newton o Hubble lo hicieron. Persistieron durante años y dejaron huellas en ese camino para responder de dónde venimos o de qué está hecho el universo. En 1964, Peter Higgs y otros investigadores propusieron un mecanismo para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. Se esperó cerca de cinco décadas para que se confirmara.

“La paciencia es clave. Ya sea al aguardar a que alguien confirme a través de experimentos o a que los resultados salgan de un supercomputador. Las grandes ideas pueden surgir de la nada, pero después de mucho tiempo de reflexión. Si todo fuera fácil, no necesitaríamos estudiar física. Si fuera trivial, la ciencia no existiría”, sentencia.

Juan Andrés recibió el NRW-FAIR PhD Prize, un premio otorgado por la red NRW-FAIR, conformada por físicos de distintas universidades e institutos de investigación del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia. Físico de la Universidad de los Andes, en 2023 recibió el doctorado en Física de la Universidad de Wuppertal en el mismo estado alemán.

Cree, con convicción, en que el desarrollo de la física podría avanzar en Latinoamérica a pasos gigantes. Se necesita una labor colaborativa impulsada desde universidades cuyas conexiones internacionales permitan trabajar en laboratorios como el CERN, en Suiza.

“No contar en Colombia con supercomputadores tan grandes como los de Alemania o Estados Unidos no significa que no se pueda investigar en esta área. En esta época la tecnología facilita enormemente las colaboraciones. Hay gente conectada con el CERN y otros institutos de alto nivel realizando investigación internacional. En Colombia hay mucho potencial. Físicos en diferentes áreas pueden alcanzar logros significativos”.

Juan explora en todos los rincones, incluso en medio de la nada o entre una fórmula para hacer tangible lo intangible. “A veces, uno puede morir sin saber si su propuesta tuvo confirmación experimental, pero el hecho de haber propuesto algo, esté bien o mal, es un aporte”.

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Desde el 16 de marzo de 2020, cuando la Universidad de los Andes redujo a su mínima capacidad el funcionamiento del campus y del centro de prácticas de la Facultad de Medicina, su aporte a la sociedad no ha parado.

Por el contrario, profesores investigadores de diferentes disciplinas han puesto su conocimiento al servicio del país mediante la ‘Fuerza de Tarea Uniandes para el análisis de la emergencia por COVID-19’ que surgió paralela a las dudas e inquietudes que brotaban tan rápido como la propagación del virus.

“Se trata de un espacio para producir rápidamente información con el objetivo de entregar datos confiables a la sociedad, a las empresas, a la comunidad científica y al sector externo en general”, explica Catalina González Uribe, psicóloga y antropóloga egresada de Los Andes. Ella, que también es directora de Internacionalización, lideró la puesta en marcha de este grupo interdisciplinario.

Visualizador de datos Colombia COVID-19

Para lograr la agilidad requerida en cada una de las investigaciones y en los análisis planteados por los académicos, el grupo fue divido en tres: 1. Datos y modelamiento; 2. Comunicaciones, salud pública y bienestar; y 3. Curaduría de información circulante.

Expertos del Laboratorio de Difusión de Datos de la Universidad de los Andes (LADD) crearon un mapa interactivo con número de camas y UCI en Bogotá, para hacer frente a la pandemia.

Juntos, y gracias a las bondades que otorga la tecnología para reunirse, han elaborado una serie de documentos sustentados con todo el rigor académico. Uno de ellos —quizá el de mayor visibilidad en medios de comunicación—, es sobre sistemas de transporte masivo en Bogotá y Medellín, utilizados para la toma de medidas durante las fases de mitigación y contención de la pandemia. Otros han entregado recomendaciones para el abastecimiento de productos; cómo afrontar la cuarentena durante el confinamiento (emprendimiento y teletrabajo); estrategias de logística y gestión de operaciones en salud, e interpretación de variables epidemiológicas, entre otras temáticas.

Y otros más han creado modelos matemáticos para la poscuarentena; un visualizador de casos de contagio en tiempo real y en línea con resultados del Instituto Nacional de Salud (INS); un mapa interactivo sobre la capacidad hospitalaria de Bogotá, con número de camas y unidades de cuidados intensivos (UCI) para enfrentar la pandemia; así como diversos análisis sobre la crisis económica y de salud pública que sacude a los colombianos.

A esto se ha sumado la iniciativa de estudiantes de pregrado y posgrado, incluso algunos de ellos voluntarios que regresaron del exterior, todos unos tesos en visualización de datos a través del uso de herramientas de inteligencia artificial (IA). Ellos hoy conforman el colectivo LADD: Laboratorio de Difusión de Datos de la Universidad de los Andes.

En palabras de su director, Andrés Burbano, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño, “creamos mapas interactivos, hacemos diseño editorial, traducciones de literatura especializada, diseño de servicios para empresas basadas en IA, IA en transporte y big data aplicado a discurso en redes sociales, y otros proyectos creativos basados en tecnología”.

La virtualidad ha sido preponderante para propiciar el trabajo en equipo y la interacción entre estudiantes, profesores y directivos. “Es gratificante verlos haciendo un esfuerzo por desarrollar proyectos relevantes; por mostrar resultados; por hacer una diferencia desde el complejo tiempo-lugar en que nos encontramos sin perder, a pesar de las condiciones, la capacidad de maravillarnos por el mundo, de respetar la vida, el conocimiento y la creatividad”, expresa el profesor Burbano.

Otro grupo de profesores que se ha vinculado es el de Chequeo COVID-Colombia, liderado por el matemático Alf Onshuus. Este se dedica a validar la confiabilidad y la naturaleza de los resultados de otros estudios científicos sobre la pandemia. “Conscientes de que el conocimiento es esencial en las decisiones que tomemos como sociedad, necesitamos avanzar a un ritmo mayor del que permiten los procesos usuales del avance científico: revisión por pares, referato, publicación”, afirma Onshuus, profesor de la Facultad de Ciencias.

Esta Fuerza de Tarea ha derivado en equipos de trabajo colaborativos interdisciplinarios que “tal vez no se habrían dado de no ser por esta coyuntura que vivimos como sociedad. Vamos a seguir aportando desde la Universidad”, concluye la doctora Catalina Gónzalez, Ph.D. en Epidemiología y Salud Pública de University College London.

Toda la información producida ha sido recopilada en una serie de comunicados de los investigadores. Estos hacen parte de un especial de más de 70 artículos relacionados con la COVID-19. Son un insumo necesario para balancear los debates que acompañan la toma de decisiones del Gobierno, pero también de los diferentes sectores de la sociedad.

UN TRABAJO CONJUNTO

El proyecto de la Fuerza de Tarea se ha llevado a cabo con el apoyo de organizaciones como la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Santa Fe, Transmilenio, la Secretaría Distrital de Salud, la Universidad Nacional, el Instituto Nacional de Salud, la Gobernación de Antioquia, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la Alianza para la Movilidad NUMO y el Imperial College. Adicionalmente, profesores de la Universidad hacen parte del Grupo de Modelamiento y de Transporte Colombia, equipo multidisciplinario nacional creado ante la contingencia por la pandemia de la COVID-19.

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE LOS COLOMBIANOS

Además de la Fuerza de Tarea, el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS), cuya sede está en Los Andes, ha aportado a la comprensión de los efectos del virus en la movilidad y en otros comportamientos cotidianos.

Es así como apoyó a los investigadores Daniel Oviedo, University College London; Julián Arellana, Universidad del Norte; Luis Ángel Guzmán, Universidad de los Andes; y Carlos Moncada, Universidad Nacional de Colombia, en la elaboración de una encuesta en línea que concluyó el 24 de abril de 2020. Ellos son académicos de la Red Internacional de Transporte y Accesibilidad en Comunidades de Bajos Ingresos.

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Por: Diego Pinzón Másmela
da.pinzon38@uninades.edu.co

Ellos tienen algo especial: combinan creatividad y fantasía en milésimas de segundo. Antes brillaron Pelé en los setenta y Maradona a finales de los ochenta y comienzos de los noventa. El paradigma actual es Lionel Messi.

Un humano superdotado con la pelota pegada al botín que rompe récords y gana títulos. Su carrera es la utopía de todo aquel que disfruta agarrando a patadas cuanto objeto redondo se le atraviesa.

El argentino nunca jugó en el torneo profesional de su país. De hecho, su juego empieza a resplandecer luego de haber migrado a España, cuando tenía 13 años. Allí, se vinculó al Barcelona, debutó como profesional a los 17 años, en 2004, y ha conquistado 34 títulos con el equipo catalán. Aunque ha triunfado con la selección juvenil de Argentina dicen algunos expertos que para reinar como el mejor de todos los tiempos solo le hace falta ser campeón mundial con la de mayores.

De su éxito y fortuna se ha hablado mucho. Pero, ¿qué hubiera sido de ‘la pulga’, sin el boom de la globalización del fútbol?, esa que a mediados de los noventa despegó con una significativa concentración de talento latinoamericano y africano en las altas esferas del balompié europeo.

Infografías y fotomontajes: Faver Rodríguez

“En 1970, 96 % de los jugadores de las selecciones participantes (en mundiales) jugaban en ligas locales. En 2018, este porcentaje había caído a 24 %”, señala el artículo “Globalización y desigualdad: el caso del fútbol internacional”, elaborado para el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Facultad de Economía, por Alejandro Gaviria, hoy rector de la Universidad de los Andes; por el economista Nicolás Valbuena y por el egresado de Administración Alejandro Gregory, en ese momento investigadores del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS).

Los tres desmenuzaron la información de los álbumes Panini de 13 mundiales, desde 1970 hasta 2018, así como las estadísticas de las cuatro principales ligas europeas y de los torneos con mayor competitividad del antiguo continente. Con estos insumos crearon una base de datos sobre la creciente globalización de los jugadores e identificaron aspectos que producen la desigualdad entre ligas de Europa y en el interior de cada una de ellas, dentro de los que se destaca la migración del talento.

En uno de los apartados de este documento, desarrollado en 2019, se enfatiza en el torneo internacional de clubes más importante del planeta: la Champions League, que Messi ha ganado en 4 ocasiones con el Barcelona. En él representan a través de diagramas y gráficas la desigualdad en esta competencia aparentemente equitativa y abierta, pero que termina consagrando a los mismos países de las ligas más importantes de Europa: España, Inglaterra, Italia y Alemania.

Conoce el estudio aquí

“Antes de los años noventa, los equipos de las cuatro principales ligas europeas representaban 15 % de los equipos participantes y 40 % de los equipos que disputaban los cuartos de final. En este siglo, los porcentajes correspondientes han superado 40 y 80 % en promedio”.

La metodología en el desarrollo de diversas fórmulas matemáticas y el empleo de instrumentos estadísticos permitieron un detallado análisis de dicha desigualdad, lo que convierte este trabajo en una propuesta que no se circunscribe al fútbol sino que es “un estudio de caso que sugiere la existencia de fenómenos similares en otras industrias globales: la industria del entretenimiento (actores), la industria de software e información (programadores), la industria farmacéutica (científicos), las universidades (investigadores), entre otras”.

Aunque algunos críticos señalan que la globalización hace más ricos a los países ricos mientras que los pobres se especializan en la materia prima y no desarrollan valor agregado en sus industrias, este fenómeno, sin duda, se ha convertido en un escenario para que las ‘filigranas’ del deporte rey traspasen los límites que demarcan el rectángulo del césped.

Una publicación del diario francés L’equipe, de febrero de 2020, reporta que el crac argentino recibe 8,3 millones de euros brutos al mes, que equivalen a cerca de 3,2 euros por segundo, una evidencia más para calificar a Messi como el talento humano que encarna la globalización del fútbol.

Tres reformas se relacionan con la desigualdad de las ligas en Europa: el cambio de la Copa de Europa a la Champions League en 1992/93, la resolución del Caso Bosman en 1996/97 y la introducción del coeficiente UEFA como determinante de clubes clasificados en 1999/00. La mayoría de estos cambios ocurrieron durante la década de los noventa, coincidiendo con un período histórico de auge de los procesos de globalización en el mundo.

El porcentaje de campeones europeos en la Copa Intercontinental (hoy Mundial de Clubes) creció sustancialmente en los años noventa y llegó a 90 % en la última década. En ello fue determinante el aporte de los cuatro grandes de las ligas del Viejo Continente: España, Italia, Inglaterra y Alemania.

Escucha Desigualdad, economía y fútbol con Alejandro Gaviria

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Por Diego Pinzón Másmela
da.pinzon38@uniandes.edu.co
Ilustraciones: Luisa Juliana Avella

Voces extinguidas

A Gonzalo y a Sandra los silenciaron.

A él lo encontraron muerto en una zona rural de Tuluá, Valle. A ella, hombres armados le dispararon mientras se desplazaba en una motocicleta en el norte del Cauca.

Arrancaba el 2021 y mientras la pandemia seguía exasperando y asediando a la gente, el asesinato de líderes ambientales y sociales desataba mayor tristeza e indignación. La encrucijada que han sufrido los defensores de derechos humanos, del medioambiente y de los territorios en Colombia emerge entre el desamparo y la indiferencia.

Era 10 de enero y los noticieros sacudían al país con la muerte de Gonzalo Cardona Molina, el guardián del loro orejiamarillo; el hombre se las sabía todas sobre esta especie endémica de los Andes a la que protegió por más de 20 años, desde 1999 cuando estuvo en peligro de desaparecer. Ambos sobrevivían en la cordillera central en Roncesvalles, Tolima, en donde ‘Gonza’, como le decían sus amigos, también era guía y fomentaba la educación ambiental para conservar los ecosistemas.

La destrucción de su hábitat y la tala de palma de cera fueron las principales amenazas para los loros. Las de Gonzalo se materializaron a sus 55 años. Él, a diferencia de ellos, no tuvo quien lo salvara.

Como los loros orejiamarillos, el pueblo nasa también se quedó huérfano. “Cuando se dirigía en motocicleta hacia el corregimiento de Pescador, en el municipio de Caldono, norte del Cauca, fue asesinada la gobernadora Sandra Liliana Peña y herido de gravedad el cabildante Avelino Ull, del Resguardo Indígena La Laguna Siberia, Territorio Ancestral Sat Thama Kiwe”, señalaba el comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), sobre el hecho ocurrido el 20 de abril de 2021.

De ella se sabe que era alegre. Una lideresa comprometida con la protección de los derechos de las mujeres indígenas afectadas por el conflicto y la violencia. Buscaba justicia para ellas y estaba dispuesta a propiciarles espacios de participación. Además, promovía iniciativas de educación para los niños y se esforzaba en la búsqueda de oportunidades de empleo para los jóvenes.

También se sabe que amaba a sus dos hijas de 15 y 5 años. Tanto como a su madre tierra.

Cuando elevó su voz para rechazar el incremento de cultivos de coca y para mostrar su desacuerdo con la presencia de grupos ilegales del narcotráfico llegó la desgracia. A ellos se les atribuye este, el asesinato número 56 de un líder durante los primeros 4 meses de 2021. El de Gonzalo fue el séptimo, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

“Esta es una tragedia que hemos arrastrado durante muchos años, solo que en el pasado no teníamos sistemas de seguimiento y monitoreo. Los ataques a los liderazgos sociales quedaban en el mismo paquete de homicidios por razón de violencia sociopolítica”, explica Diana Sánchez Lara, directora de la Asociación Minga.

Agrega que la sistematización de información se ha fortalecido y que, entre otros aspectos, se ha logrado mayor sensibilización a través de los medios de comunicación que reconocen la importancia del asunto y lo registran con mayor cotidianidad. También destaca que las redes sociales y la difusión de campañas han sido esenciales para evidenciar la protuberancia del problema.

No obstante, la vida para quienes están en contra de la destrucción del entorno, del racismo y de la desigualdad está más cerca de la oscuridad que de la luz.

Un documento del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, titulado “Violencia contra líderes sociales y ambientales: ¿qué sabemos y qué podemos hacer?”, reporta que los asesinatos aumentaron por disputas del poder territorial en algunos municipios tras la retirada de las Farc luego de la firma del Acuerdo de Paz. También encontraron que con la implementación del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) se incrementó la tasa de asesinatos de líderes sociales en 546 %”.

En palabras del economista Lucas Marín, investigador del Cesed: “El PNIS no se implementó de una manera integral y no abordó componentes de seguridad. La firma de los acuerdos comunitarios del Programa aumentó los asesinatos y ese efecto está concentrado en municipios con presencia de múltiples actores armados en donde las comunidades, por la calidad de sus instituciones o por otras variables, tienen la capacidad de oponerse a los intereses de esos grupos y eso se puede traducir en mayores niveles de violencia contra los líderes”.

Falta mucho

No solo se trata de asesinatos.

Se trata de que ambientalistas, líderes sociales, indígenas, comunitarios, cívicos, étnicos, campesinos, sindicales y protectores de los derechos humanos, como lo fueron Gonzalo y Sandra, puedan vivir bajo un manto que les garantice seguridad y tranquilidad para ejercer su labor lejos de atentados, desplazamientos y amenazas.

Para Sánchez Lara, que también es vocera de la plataforma de derechos humanos y sociales Coeuropa, Colombia les abrió las puertas “de par en par” a las trasnacionales mineras, lo que ha desatado un gran conflicto ambiental. “Por supuesto las comunidades se resisten a perder sus tierras, sus territorios, su ambiente. Y a eso se le responde de forma violenta —dice—. Y el gobierno lo que hace es culpar al narcotráfico. Y sí, es cierto, tiene mucho que ver porque el Estado le cedió territorio y no controló nunca esto”.

En cuanto al marco legal, lo grave es que no existe un reconocimiento explícito e integral que relacione derechos humanos y protección jurídica del medioambiente.

“No reconocer que existen estas conexiones ni que existen personas que sufren mayores efectos por la crisis climática, por ejemplo, es un tipo de violencia, de violencia estructural también, que afecta en temas de prevención y en general de garantías para ellos”, explica Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes.

En un trabajo realizado por la Cepal junto con ocho clínicas jurídicas de países de América Latina y el Caribe, cuenta Madrigal que estudiaron los instrumentos jurídicos existentes en asuntos ambientales. “Tenemos pocas leyes (expedidas por el Congreso) sobre los elementos principales del ambiente con relación a otros países. No tenemos leyes marco sobre bosques, sobre agua, sobre vida silvestre, aquellos elementos que son los más disputados y los más conflictivos”, señala.

Una de las esperanzas entró en vigor el 22 de abril de 2021: el Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación y las capacidades de los países firmantes para garantizar el acceso a información, participación y justicia en asuntos ambientales y la protección de los defensores del medioambiente, aspectos en los que Colombia aparece por debajo de países como Perú y México en donde sí relacionan explícitamente el cambio climático con los derechos humanos y con las poblaciones indígenas.

Sin embargo, esto parece no despertar el interés estatal. Para Madrigal, en lo concerniente al trámite de ratificación no se ha avanzado desde las audiencias públicas del Congreso. No se han hecho debates ni se conoce fecha para los mismos. Lo que sí se conoce, públicamente, es que el partido de gobierno no la apoya.

“La normatividad en el país se basa, como es lo propio en el derecho ambiental, en la regulación del uso, conservación y aprovechamiento de los elementos naturales; el control de la contaminación, los riesgos y la salud ambiental y la planeación estratégica. Esto por medio de dos leyes marco, cinco leyes temáticas sobre páramos, cambio climático y un Decreto reglamentario compilatorio (2015) —argumenta el abogado—. Ninguna de estas se desarrolla a partir de los derechos humanos ni de la justicia ambiental, desconociendo el vínculo esencial entre la protección del ambiente y los derechos humanos. Es decir, las consecuencias diferenciales en aquellos grupos especialmente vulnerables”, complementa.

Voces libres de miedo: frente en alto

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es, quizás, una de las pocas herramientas que tiene el Gobierno para la “lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, como reza la Ley 154 de 2017, en el marco del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Pero, en palabras de Diana Sánchez Lara “este Gobierno particularmente no ha querido trabajar en ese sentido”.

Pese a los vacíos jurídicos, la hostilidad de los crímenes y ante quienes se hacen los de la vista gorda frente al flagelo, los nuevos líderes no dudan un segundo en jugársela toda por su gente.

“Todo el mundo sale con la bandera blanca y lo saludan a uno. El recibimiento de la gente y de los niños cantando por la paz y por la vida, con una bandera blanca, reconforta. Sí, vale la pena seguir luchando”, expresa José Cuero.

Es joven, talentoso y orgulloso de su etnia. Acaba de llegar de la caravana fluvial humanitaria por la vida y por la paz en los municipios de Guapi (su tierra), Timbiquí y López de Micay. Buscan que los actores armados respeten la vida e invitan al Gobierno a buscar salidas negociadas con el propósito de que se dé cumplimiento al Acuerdo de Paz y de que se implementen medidas de protección para los líderes y lideresas.

El ecólogo de 27 años hace parte de la organización Cococauca, en donde ha participado en la reivindicación de derechos étnicos, en consejos comunitarios, en la denuncia sobre la violación de derechos humanos y en la formulación de proyectos con comunidades negras en la costa caucana.

“Como organización podemos tener amenazas. Pero siempre digo que alguien tiene que hablar. Es la única forma de construir paz en los territorios, contando la verdad, mostrando cómo estamos. Con el silencio no ganamos nada”, dice el egresado de la Fundación Universitaria de Popayán.

Y es que el riesgo es latente. “En un entrenamiento con las chicas hubo combates entre grupos al margen de la ley. Tuvimos que salir corriendo para salvaguardar nuestras vidas”, cuenta Yajaira Gamboa, fundadora de la Organización Águilas Chocó.

Para ella, el deporte con visión humanística llega como una alternativa en territorios con altos índices de violencia y embarazos en adolescentes de zonas vulnerables y como estrategia de resistencia. “Águilas va más allá del baloncesto, empoderando a los jóvenes y evitando ciclos de violencia en sus vidas. Son más de 50 mujeres que están multiplicando alternativas de superación personal —agrega la contadora pública especialista en auditoría y control fiscal y en gerencia—. Estamos formando a jóvenes líderes que impacten en la sociedad mediante el deporte, siendo agentes de cambio”.

Yajaira tiene una sonrisa tatuada. Igual que Carmenza Rojas, creadora de Mi Cuerpo es mi Historia, una iniciativa que nació cuando era estudiante de trabajo social en la Universidad del Valle, en la que implementa el arte escénico, por medio de terapias creativas, como reparación para niñas y mujeres víctimas de abuso sexual.

“Yo decía: voy a aparecer en la lista de ‘se busca’”, son las palabras de Carmenza sobre las consecuencias de ser líder.

Lleva el sabor de las danzas afro en la sangre y dice, muerta de risa, que antes de empezar a caminar ya estaba bailando. A sus 33 años, a través de la Fundación Mareira, pretende establecer la universidad de artes, ancestralidad y naturaleza de la diáspora afro con enfoque de género y paz. Su propósito es entregar becas a jóvenes del Chocó de comunidades LGBTIQ, mujeres (en su mayoría) y hombres artistas con ganas de despatriarcalizarse, todo esto bajo el concepto del afrofeminismo.

“Entendimos que las artes curan. Que son un vehículo de comunicación muy potente y que sí o sí, hay que hablar de naturaleza, ancestralidad y territorio, porque estamos dentro de ellos. La gestión cultural es fundamental para garantizar la vida libre y soberana de nuestros pueblos”, afirma.

En Bogotá, trabaja en el diseño de un modelo para la estrategia de cuidado menstrual, de la Secretaría Distrital de la Mujer, con los objetivos de fomentar la educación para el cuidado y el autoconocimiento, de implementar infraestructura de baterías de baños públicos y agua potable para garantizar a las mujeres habitantes de calle su dignidad y para derrumbar los tabúes en torno a la menstruación.

Su idea es traducir la metodología en las culturas negras y palanqueras para, también, liberar a todo el pacífico de toallas higiénicas. Primero por las problemáticas ambientales y, segundo, para minimizar los riesgos en salud de las mujeres (como el cáncer de cérvix) causados por los químicos que las componen.

Convencidos de que la educación es el mejor instrumento de transformación de una sociedad, los tres, Carmenza, Yajaira y José, dejaron sus regiones para convertirse en profesionales y han regresado por la reivindicación de los derechos de su comunidad y de su herencia ancestral.

Actualmente, la virtualidad les ha permitido ser compañeros de clase. Hoy cursan, con el apoyo de la Corporación Manos Visibles, la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Facultad de Administración.

Sienten que avanzar académicamente los llevará a escenarios en donde se tomarán las decisiones que mejorarán las condiciones de vida de sus comunidades.

Por ahora, de acuerdo con el reporte del Cesed, es clave fortalecer la presencia del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en los territorios; en el caso de las minorías étnicas, es necesario apoyar los mecanismos de autoprotección y gobernanza como las Guardias Indígenas y Cimarronas, tal como quedó establecido en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, y para los ambientalistas la ratificación del Acuerdo de Escazú, entre otras medidas.

Más conciencia desde el interior

“La dependencia de las ciudades del cuidado del capital natural en las periferias es inmensa y cada vez mayor. Varios ejemplos: las fuentes naturales de agua pueden proveer de líquido a la población a mucho menor costo que tratando aguas contaminadas. Los bosques pueden proteger zonas urbanas ante fenómenos naturales al regular el clima, capturar humedad, por ejemplo. Bosques, ríos, manglares, corales y mares bien conservados permiten extraer alimento y materiales para las ciudades”.

Juan Camilo Cárdenas, profesor de la Facultad de Economía

Descargue el documento: “Violencia contra líderes sociales y ambientales: ¿qué sabemos y qué podemos hacer?”

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Por:
Lina Fernanda Sánchez Alvarado
lf.sancheza@uniandes.edu.co
César Orozco Carrillo
ce.orozco@uniandes.edu.co
Diego Pinzón Másmela
da.pinzon38@uniandes.edu.co

Agarramos nuestra mochila y nos vinimos como mochileros. Siete días para llegar a Bogotá. Aguantando agua, sol, frío y miedo, porque esa carretera de noche da mucho miedo. Sale mucho habitante de calle a robar tus cosas, como también sale mucha gente a ayudarte, a darte un abrigo”, comenta Ricardo Hurtado, migrante venezolano, originario de Valencia (Carabobo), que llegó a Colombia con tres amigos en busca de una mejor calidad de vida.Más de un millón y medio de venezolanos han cruzado la frontera. Para diciembre de 2019, de acuerdo con un informe de Migración Colombia, por primera vez el número de migrantes irregulares superaba al de regulares: 1.017.152 frente a 754.085, pese a iniciativas como los Permisos Especiales de Permanencia, que han tenido hasta cinco versiones, o el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización, que regulariza a quien cuente con una oferta laboral y su empleador lo solicite.

“Seguir diciendo que no estábamos preparados para este fenómeno es insuficiente. Los migrantes llegan, en muchos casos, con la expectativa de hacer un proyecto de vida en Colombia y por eso es necesario tomar medidas de largo plazo”, argumenta Carolina Moreno Velásquez, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes y del Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes.“¿Cuánto les debemos por estos días de aislamiento a los trabajadores migrantes? Por lo pronto, papeles (ya, inmediatamente), reconocimiento y derechos”.Ana Paula Penchaszadeh, doctora en Ciencias Sociales y Filosofía, de las universidades de Buenos Aires y París.Este equipo asegura que la respuesta del Gobierno a la atención de esta población ha sido reaccionaria, fragmentada y poco coordinada. Una respuesta insuficiente que se hizo evidente con el estallido de la pandemia de la COVID-19 y que profundizó la situación de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en el país, razón por la que muchos decidieron iniciar el retorno, complicando la zona de frontera y creando un escenario de alto riesgo por las condiciones adversas al distanciamiento social.

Uno de los grandes obstáculos tiene que ver con la regularización de miles de personas que no pueden hacerlo por la exigencia de contar con un pasaporte y un sello de entrada por un puesto de control migratorio. Todo en el contexto de una Venezuela con una alta dificultad para conseguir documentos oficiales, una frontera porosa de más de 2.000 kilómetros y cientos de personas que huyen de sus casas con apenas una maleta en hombros.¿Por qué no flexibilizar estas medidas brindando la regularización con un documento de identidad? se pregunta Moreno, quien además advierte que, al no poder contabilizar el número de migrantes que entran, es imposible diseñar políticas públicas adecuadas.“La regulación es una llave de acceso a los derechos”, añade.

Con esta podría garantizarse, por ejemplo, contar con un trabajo más digno y reducir la explotación laboral y la precariedad que hoy enfrentan. “La falta de regularización lleva a una mayor vulnerabilidad y es sin duda la principal medida que se debe adoptar”, asegura Gracy Pelacani, profesora de Derecho e investigadora de la Clínica Jurídica y del Centro de Estudios en Migración, de Los Andes.

De ahí la responsabilidad también no solo del Gobierno nacional, sino de las administraciones locales, con la exigencia de mayor número de recursos a través del Sistema General de Participaciones. Todo armonizado por una política general coordinada. Allison Brooke Wolf, profesora de Filosofía de Los Andes, también hace un llamado a escuchar, en este caso, a la comunidad venezolana y a sus realidades desde los municipios o ciudades que hoy habitan.“No todas las necesidades son iguales. Escucharlos permite hacerlos sentir parte de este país, pero también buscar soluciones conjuntas que no dependan en su totalidad del dinero que envía el Gobierno nacional”, puntualiza.¿Qué puedo hacer con la persona que tengo al frente?

La respuesta y atención a los migrantes venezolanos en Colombia no es solo una responsabilidad del Estado o de los gobiernos locales. Wolf es enfática al afirmar que cualquier ser humano tiene en sus manos responder ante las injusticias y aliviar a los otros con, incluso, pequeñas acciones.

“Siempre nos queda la sensación de que se debe ayudar a los migrantes con grandes decisiones de los gobernantes, pero ¿qué pasa cuando tengo a la persona al frente de mí en un bus y me pide comida o unos pañales para su bebé? ¿Por qué no ayudarla? Hacerlo también es justicia migratoria”, insiste Wolf.

La doctora en Filosofía de la Universidad de Michigan State pide cuestionarse sobre qué tipo de persona quiero ser frente a los migrantes venezolanos: Ser alguien que no reacciona, una persona que ayuda sin dar todo lo que tiene o, por los menos, una que los mira a los ojos, los saluda y los hace sentir que existen y son seres humanos.“Colombia es un país herido que está sanando. Sus habitantes tienen una oportunidad histórica de demostrar su capacidad de dar. Tal vez no haya todos los recursos, pero se está dando la bienvenida y hay un corazón grande detrás”, dice Wolf.En Estados Unidos, cita de ejemplo la investigadora, las personas se organizan para hacer algo por estas causas: crean campañas para recoger comida o recibir donaciones. ¿Por qué no hacerlo con nuestros vecinos, con nuestras comunidades? Pasar de las soluciones abstractas que muchas veces se generan desde arriba, a soluciones puntuales que mejoren la vida de las personas migrantes.Es hora de formar relaciones, de sentarse a hablar con ellos, no solo el Estado, sino los habitantes del país. “Buscar salidas juntos, porque las necesidades de los migrantes de la localidad de Kennedy, en Bogotá, seguro no serán las mismas de quienes viven cerca de Cúcuta”, agrega.

Así se empieza a transformar con pequeñas acciones la vida del grupo de hombres, mujeres o niños que viven cerca del barrio o que se cruzan a diario en el bus camino al trabajo. Así también se ejerce un poco de justicia informal, mientras seguimos esperando que llegue completamente la justicia formal de arriba, afirma Wolf.Una deuda crecienteSalud, educación y nacionalidad, derechos fundamentales de las personas venezolanas que han llegado al país en los últimos años, se están cumpliendo a medias. Entre las falencias, hay normas sobre apatrida que se repiten y que no están debidamente sustentadas, según la Clínica Jurídica del Migrante.

Foto: Luis Robayo-AFP

Falta mucho en educación y saludA pesar de que el Gobierno ha adoptado algunas medidas para proteger estos dos derechos fundamentales para la población procedente del país vecino, en la práctica estas personas enfrentan diversos obstáculos.Por el lado de la educación, el Ministerio del ramo garantizó el acceso a la escuela de niñas, niños y adolescentes venezolanos, sin importar su situación migratoria (circular nacional de abril de 2018), y en Bogotá, al 31 de mayo de 2019, un total de 23.366 alumnos habían sido inscritos, según la Secretaría de Educación del Distrito.Sin embargo, la Clínica Jurídica para Migrantes ve con preocupación algunas barreras que en definitiva llevan a la deserción:

• Exigir uniformes o útiles escolares.
• No contar con un transporte para llegar al centro educativo.
• No tener planes de alimentación.
• La alta movilidad de la población migrante.
• La diferencia de modelos educativos entre el país de salida y el de llegada.
• La imposibilidad de graduarse si no está regularizada la situación migratoria y las barreras para presentar las pruebas Saber 11 y obtener los resultados. “Lo que los expone a un mayor riesgo de vulnerabilidad”, asegura un informe de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá.

En el ámbito de la salud, Colombia solo está garantizando la atención en urgencias a personas en situación migratoria irregular. Esto plantea dificultades enormes para el tratamiento y seguimiento de enfermedades como el VIH-sida, la diabetes o el cáncer que requieren atención urgente, aclara Carolina Moreno Velásquez.Para los venezolanos que no se han regularizado, que además son la mayoría de acuerdo con los datos más recientes de Migración Colombia, resulta imposible ser parte de cualquier sistema de salud del país, tanto del contributivo como del subsidiado.

Más de 23.000 niños y niñas venezolanos, según el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, corren el riesgo de ser apátridas, es decir, de no tener el reconocimiento de su nacionalidad por ninguno de los dos países. Existe una gran dificultad para registrar a los hijos de los migrantes ante las autoridades en Venezuela, mientras que, para adquirir la nacionalidad de Colombia, los padres deben demostrar que se encuentran domiciliados en el país en el momento del nacimiento. Una barrera mayor porque para la Registraduría Nacional el domicilio solo se le reconoce al extranjero titular de una visa específica.Para subsanar la situación, el Estado colombiano expidió, a través de la Registraduría, la Resolución 8470 de 2019 para que los menores de padres venezolanos nacidos entre el 19 de agosto de 2015 y el 19 de agosto de 2021 tengan la posibilidad de registrarse como colombianos. Al mismo tiempo, en el segundo semestre de 2019, se aprobó la Ley 1997 cuyo efecto es exactamente el mismo para los nacidos desde el 1 de enero de 2015 hasta 2021.Para la directora de la Clínica Jurídica, la coincidencia entre ambas medidas es muestra de la ausencia de una política pública coordinada, estructurada, coherente y de largo plazo. Además, es un escenario de inseguridad jurídica, porque a la fecha no se ha reglamentado el procedimiento para hacer efectiva la ley.“Se trata de una medida discriminatoria porque solo está dirigida a venezolanos, ignorando la población migrante de otras nacionalidades, proveniente de países de Asia y África, por ejemplo, que también están en Colombia y tienen hijos”, explica Moreno Velásquez.Expulsiones sin garantía del debido procesoDurante el paro nacional de finales de 2019, más de 60 migrantes venezolanos fueron expulsados del país sin que se les respetara la garantía del debido proceso. La Clínica Jurídica para Migrantes ha presentado tutelas para el restablecimiento de sus derechos, sin embargo, Migración Colombia argumentó que estaban teniendo comportamientos contrarios a la convivencia, sin que se pudieran conocer, en cada caso, las razones concretas que sustentaban las decisiones de expulsión.El peligro de ser mujer, migrante y venezolanaLa explotación sexual, las desapariciones y el feminicidio son delitos con los que tienen que convivir por pertenecer al género femenino. Además, les niegan acceso a servicios básicos como la salud. Investigadoras de Los Andes proponen dejar de llamarlas “venecas” y aprovechar la situación para impulsar acciones contra la xenofobia.

Foto: Luis Robayo – AFP

Veinte mil pesos para sobrevivir a cambio de favores sexuales parece ser la realidad de cientos de mujeres venezolanas en el país. Sucede en la frontera, en las grandes ciudades y hasta en los municipios pequeños. A veces la cifra baja a cinco mil pesos colombianos, pero ellas aceptan “porque si no, no tendríamos cómo más subsistir”.La explotación sexual es apenas una punta del iceberg de la cadena de violencias que sufren al llegar a un país como Colombia. Y es que, según las investigadoras de la Universidad de los Andes, ser mujer migrante y venezolana es un peligro en el país.A partir del trabajo de campo realizado en terreno, la Clínica Jurídica para Migrantes ha podido conocer relatos de cómo son víctimas de trata de personas, de violencias basadas en género, incluida la sexual, y han tenido que recurrir al trabajo sexual por supervivencia.“Sus cuerpos son formas de enviar mensajes políticos reforzando la idea de que aquí no son bienvenidas”, afirma la investigadora Allison Brooke Wolf.Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, denunció en 2019 en un video en la revista Semana la desaparición de entre 20 y 30 venezolanas en ciudades como Cúcuta y su área metropolitana. Desapariciones de las cuales aún no hay registros oficiales, porque muchas cruzan indocumentadas.Para Wolf la situación es comparable con lo que ocurre en Ciudad Juárez, en México, frontera con Estados Unidos. El gobierno de Chihuahua reportó entre 1993 y 2005 el asesinato de 379 mujeres, pero organizaciones civiles reclaman que la cifra supera las 420. De hecho, al día se habla del asesinato de hasta 11 mujeres.El feminicidio, la expresión máxima de violencias contra las mujeres, es también otro crimen que viene ocurriendo contra las venezolanas. Boletines del Observatorio de Feminicidios en Colombia, de la Red Feminista Antimilitarista, han evidenciado el riesgo al que se exponen no solo en sus hogares, sino en contextos de militarización en Colombia.Su acceso a la salud y a la justicia prácticamente no existe, lo que limita por ejemplo la posibilidad de abortar en las tres causales que permite la Corte Constitucional. Además, muchos de los gobernantes locales admiten no tener las condiciones ni las capacidades para adelantar Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE).

“Las mujeres migrantes sufren las violencias de una manera especial, por el solo hecho de ser migrantes, muchas veces en estatus irregular. Ellas están expuestas a múltiples formas de violencia en su trayecto migratorio, por sus propias familias o parejas, por la explotación laboral a la que se ven sometidas y porque tampoco reciben un respaldo de las autoridades cuando son agredidas”, relata Carolina Moreno Velásquez, de la Clínica Jurídica para Migrantes.En Soacha, por ejemplo, una de las zonas con más alta población de migrantes de ese país, muchos de los relatos relacionados con las autoridades coinciden en que la Policía no interviene. Un ejemplo fue el caso que ocurrió con una mujer que fue agredida por su hermano físicamente, pero que venía sufriendo violencia patrimonial y psicológica: “Esos son problemas de venezolanos”, respondieron desde el Centro de Atención Inmediata (CAI).Por eso es urgente, señalan ambas investigadoras, desarrollar una política migratoria integral y articulada, que en conjunto con la sociedad civil y los migrantes, permita la integración, pero además la regularización, uno de los factores que restringe los derechos de estas mujeres.Hay una oportunidad también en el cambio cultural que no depende solo de las autoridades, sino del reconocimiento del otro como parte de esta sociedad. Wolf ve una posibilidad en las escuelas para ahondar en la resolución de conflictos sin violencia y en estrategias para alcanzar la integración y eliminar la xenofobia.“¿Por qué no dejar de usar el término “venecas” y dejar de hacer chistes relacionadas con los cuerpos de las mujeres? En definitiva, son vías para no seguir perpetuando los estereotipos, pero también para aportar al desescalamiento de las violencias que sufren las mujeres venezolanas migrantes en Colombia”, agrega Wolf.

Es necesario integrarlos al sistema productivo

Manuel Fernández Sierra, doctor en Economía de la Universidad de Oxford y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, experto en economía laboral, resalta los efectos positivos que tendría para Colombia incorporar a la fuerza laboral a los miles de venezolanos que han llegado al país en años recientes.

Los cerca de un millón setecientos mil venezolanos que viven actualmente en el territorio colombiano, incluyendo migrantes regulares e irregulares, son una oportunidad para aumentar la innovación y la productividad a partir de sus conocimientos y experiencias diversas.Sin embargo, según el profesor Manuel Fernández Sierra, su situación es preocupante, pues el 90 % de los que tienen un empleo está en el sector informal y sus salarios son 34 % más bajos que los de los trabajadores nacionales. A su juicio, aunque las políticas adoptadas por el Gobierno para vincularlos al sistema productivo van en la dirección correcta, más que normas se requiere un cambio cultural.En esta entrevista dice, además, que “es un imperativo moral” que el Ejecutivo extienda a esta población las ayudas que está otorgando a los colombianos más vulnerables, pues “este no es el momento de hacer distinciones por nacionalidad”.¿Qué efectos ha producido la llegada masiva de ciudadanos venezolanos en la economía del país?

Porcentaje del último nivel educativo de la población que hace 5 años vivía en Venezuela

La evidencia internacional sugiere que la inmigración puede tener efectos positivos sobre los países receptores, especialmente en el mediano y largo plazo. En primer lugar, los inmigrantes traen diferentes experiencias y conocimientos que, si son aprovechados, se pueden traducir en mayor innovación y mejoras en productividad. Un ejemplo es la industria petrolera colombiana que se benefició de la experiencia de los técnicos venezolanos que llegaron a Colombia tras los despidos masivos en PDVSA.El segundo canal es más directo: los inmigrantes traen capital y son más propensos a crear emprendimientos. Esto impulsa la inversión y contribuye a la generación de empleo. La primera ola de inmigrantes venezolanos incluyó personas que estaban en una buena posición económica, y este mecanismo actúa principalmente a través de este subgrupo, pero en los últimos años la mayoría son personas que llegan en una situación económica más precaria.Aun así, la inmigración puede generar un bono demográfico al incrementar el tamaño relativo de la fuerza laboral respecto a la población total. Los provenientes de Venezuela tienden a ser más jóvenes, 26 años en promedio, y tienen una tasa de participación laboral cercana al 72 %, casi 9 puntos porcentuales más alta que la de los nacionales. Estos beneficios no se dan de forma automática. Es necesario integrar a esta población al sistema productivo.

Foto: Schneyder Mendoza – AFP

¿El Gobierno ha tomado medidas para vincularlos al sistema productivo que usted menciona?

Los últimos dos gobiernos han tratado de facilitar su vinculación al sector productivo nacional, y su acceso a la seguridad social, pero los recursos son escasos y todavía falta mucho trabajo. En el documento Conpes 3950 de 2018 se resume la estrategia de atención a corto plazo para esta población. En la parte laboral, hay que resaltar que se continúan otorgando los Permisos Especiales de Permanencia (PEP) que se vienen dando desde 2017. Para complementar, en febrero de este año se creó el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF), que autoriza a los empresarios nacionales a contratar trabajadores venezolanos en condición migratoria irregular haciendo una solicitud en la página web del Ministerio del Trabajo.Estas son políticas importantes que van en la dirección correcta, pero los resultados laborales no son buenos. Según datos del módulo de migración de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la tasa de desempleo de los inmigrantes recientes entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019 fue de 19,2 %, casi el doble de la tasa observada para el resto de la población.Según estadísticas del Ministerio de Hacienda, la diferencia promedio entre lo que gana un trabajador nacional y un inmigrante venezolano es de 34 %. ¿Cómo explicar esta diferencia salarial?

Total tasa de desempleo en ciudades con mayor población migrante

Solo una sexta parte de esta brecha (5,5 %) se explica por diferencias en características observables como el nivel educativo y la experiencia laboral. Estos son datos preocupantes. En una investigación en curso con profesores de la Universidad de Eafit, estamos usando métodos experimentales para estudiar si este tipo de diferencias en los resultados laborales se explican por prácticas discriminatorias en contra de la población inmigrante.Para dar una idea, en una encuesta a pequeños y medianos empresarios elaborada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en 2017, cerca del 30 % de los encuestados reportó que en ninguna circunstancia contrataría este tipo de trabajadores. No es suficiente entonces atacar este problema con normas y regulaciones, también se necesita un cambio cultural.¿Es cierto que la inmigración venezolana ha disparado los índices de empleo informal, como piensan muchos colombianos?

La tasa de informalidad laboral en Colombia, medida según afiliación a seguridad social o por tamaño de los establecimientos, cayó de forma sostenida entre los años 2012 y 2019, aunque se mantiene en un nivel bastante alto cercano al 47 %. El periodo de inmigración masiva de población venezolana se ha caracterizado por la caída en la informalidad, no por el aumento.Dicho esto, según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la proporción de inmigrantes venezolanos en trabajos informales se acercaba al 90 % en 2019. Es difícil saber cuál hubiera sido la trayectoria de esta variable en ausencia del flujo migratorio, pero estas cifras sugieren que este fenómeno ha dificultado la tarea de reducir la informalidad.Ante la incertidumbre generada por la COVID-19, así como las graves consecuencias que ha traído sobre los más vulnerables, ¿cómo podría el Gobierno mitigar la crisis y evitar un crecimiento desbordado del desempleo, incluso para las familias venezolanas?

Puestos de trabajos de la población que hace un año vivía en Venezuela.

En dos reportes recientes elaborados por colegas de la Facultad de Economía se muestra que cerca de 9 millones de personas trabajan en los sectores más vulnerables a la parálisis. Los trabajadores informales, que son cerca de la mitad de la fuerza laboral, están en una situación particularmente precaria por la dificultad que tienen para generar ingresos durante la cuarentena y porque no tienen ahorros; es mayoritariamente una población que vive del día a día.Para aliviar esta situación se necesita dar transferencias monetarias inmediatas a los hogares cuyos ingresos dependen del trabajo informal, y esto incluye a los inmigrantes. Este no es el momento de hacer distinciones por nacionalidad. Es un imperativo moral extender las ayudas del Gobierno a esta población.

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