La alteración de los entornos naturales por las presiones excesivas sobre el medioambiente le está pasando una costosa factura al país. Pese a las buenas intenciones de los gobiernos y el sector privado, los suelos pierden fertilidad, las aguas se contaminan o se secan, las temperaturas se tornan insoportables y las enfermedades intestinales y dérmicas se vuelven más intensas.
Lina Fernanda Sánchez Alvarado
lf.sancheza@uniandes.edu.co
En Pueblo Viejo (Magdalena) la gente se fue yendo de a poco. Esta vez no fue la violencia, sino el clima. Los pobladores vivían en la desembocadura del río Aracataca, pero el agua fue desapareciendo por la presión de los palmeros. Se alteró su ciclo y con ello los medios de producción que les daban para vivir. “Todo quedó hecho un fangal”, cuentan. En Curumaní (Cesar) la pérdida del agua y de fertilidad del suelo bajó la producción de plátano, del que dependían las familias del lugar.
Las dos historias muestran la estrecha relación entre cambio climático y desplazamiento, un fenómeno que está desalojando a poblaciones de su territorio y agudizando la pobreza. ¿Somos conscientes de cómo nos está afectando en Colombia?, se pregunta Sandra Vilardy, doctora en Ecología y Medio Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes.
Desde 2013, Global Footprint Network reportó que la población mundial necesitaría 1,7 planetas Tierra para respaldar las demandas de recursos naturales renovables y estamos llegando a un punto de no retorno para la Amazonía. El cambio climático pide parar y replantear nuestras prácticas porque, aunque Colombia no sufrirá tanto como países del norte o del sur, gracias a que su relieve geográfico brinda un grado de protección, hay zonas que ya se están afectando.
El aumento de temperaturas en el Caribe, los Llanos Orientales y la Amazonía empieza a evidenciarse junto con precipitaciones intensas en la cordillera de los Andes, sobre todo en el suroccidente. Este cambio de clima heterogéneo se retroalimenta con la pérdida de biodiversidad, que es clave para la regulación de la temperatura y el agua.
El caso es preocupante también para los humedales de la tierra, encargados de fijar el carbono y acumular biodiversidad. La convención de Ramsar, sobre el uso de estos cuerpos de agua, indica que en las últimas décadas estamos perdiendo el 70 % de ellos.
La primera manifestación que detectan los habitantes, en especial de territorios rurales, es la alteración del ciclo del agua, que afecta la agricultura; los deslizamientos, que disminuyen la seguridad física de la gente y acrecientan la intensidad de enfermedades intestinales y dérmicas.
En ciudades como Santa Marta y Cartagena se prevé un ascenso mayor del nivel del mar, al igual que para la costa pacífica y el resto del litoral Caribe. Este aumento podría dañar la infraestructura de las ciudades porque las urbanizaciones se han tomado terrenos de este cuerpo de agua. “Pareciera que el afán económico está primando sobre el bienestar general”, señala la investigadora.
Son casi 4 millones de habitantes en estas zonas, que corresponden al 12 % de población del país; de ahí que se requieran políticas públicas que protejan a las comunidades más vulnerables por las amenazas climáticas y una planeación territorial en torno al cambio climático, a lo largo de los 6.962 kilómetros de longitud costera.
El estrés térmico es otra de las afectaciones que se intensificará, pues el excesivo aumento de la temperatura disminuirá la productividad de las empresas, debido a que se estropearán la salud de la gente y la salud pública, con el incremento de casos de hipertensión. Una realidad que podrán estar viviendo ciudades caribeñas, pero también lugares interandinos o zonas como Barrancabermeja.
Sofía Guevara Camargo, quien vive en Cartagena con su esposo, cuenta que hace 30 años era común ver a “hombres de los más clásicos” usando corbata y saco, ahora resulta imposible. “Cada vez que se va la luz y nos quedamos sin aire acondicionado o ventilador, tengo fuertes episodios de dolor de cabeza y todos sabemos que, si eso pasa una noche, Cartagena entera no duerme”, cuenta con indignación.
Las precipitaciones intensas ya se están viviendo en lugares como Tumaco, donde es usual que los barrios permanezcan inundados, lo que, sumado a la minería extractiva, los convierte en una bomba de tiempo que merma la calidad de vida. Más aún cuando el agua también resulta contaminada con mercurio, a causa del desaforado extractivismo.
El tema es tan preocupante que, con la creciente pérdida de fertilidad de los suelos, las plantas no absorben bien los nutrientes suficientes y los alimentos no aportan de igual manera a la salud de las personas. Esta realidad también elevará los precios de la comida y por ende afectará los bolsillos de los habitantes de las grandes ciudades de Colombia.
Un imperativo de responsabilidad social
La deforestación, una de las causas principales del cambio climático, viene en aumento desde el año 2000 en el país a causa de la búsqueda de suelos para ganadería y agricultura. Cifras del Global Forest Watch indican que, por esta razón, desde el 2001 hasta el 2019, Colombia perdió el 33 % de su masa forestal. Un ejemplo son las altas temperaturas que hoy padece el Caribe, donde se deforestó la mayor parte de la vegetación.
Los ojos de los deforestadores también están puestos sobre la Amazonía, el corazón que arroja vapor de agua al continente, que sufre un proceso grande de acaparamiento de tierras con fines económicos. “Hay intereses que quieren explotar esas tierras y que han permeado a los gobiernos locales y nacional. Se trata de un problema de gobernanza serio”, confirma la investigadora Vilardy.
Y aunque la cooperación internacional ha invertido recursos para frenar la presión sobre el bosque, los cultivos de palma y eucalipto avanzan. Lo urgente, entonces, es fortalecer las herramientas gubernamentales para tomar medidas concretas e identificar a las grandes cabezas detrás de todo esto.
El cambio climático no se puede revertir, pero la humanidad sí puede disminuir la tasa acelerada y mitigar sus efectos y consecuencias. Por eso, más allá de las soluciones inmediatas e individuales y de reducir los gases de efecto invernadero, la profesora Sandra Vilardy sostiene que se necesita un imperativo de responsabilidad social.
En ese escenario, el peso de las decisiones será político: gobiernos invirtiendo grandes recursos y movilizando a las empresas para una transformación real. La adaptación climática debe convertirse en un tema de política pública.
“Con la participación de las comunidades, se debe hacer una reforestación masiva en las áreas rurales de los ecosistemas destruidos”, explica Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente y profesor emérito de la Universidad de los Andes.
Algunos sectores como el bananero vienen haciendo pilotos con procesos de agricultura más tecnificados, riego de precisión y mejor manejo del agua. Los ganaderos están desarrollando prácticas más sostenibles para disminuir la deforestación y los cafeteros se están transformando. Ahora estos esfuerzos deben ser el común denominador.
Sin embargo, los expertos llaman la atención acerca de que no se trata solo de una inversión tecnológica, sino que se deben buscar soluciones para miles de campesinos que están siendo desplazados y están sufriendo las consecuencias de suelos infértiles.
Una pedagogía sobre cómo el cambio climático nos está afectando es también una tarea pendiente, porque impacta a diversos sectores y a todas las poblaciones. Vilardy sugiere trabajar con los jueces de restitución de tierras para que sus decisiones se acompañen con medidas de restauración ecosistémica.
“Para las víctimas del conflicto no es tan sencillo regresar a poblaciones cuyo territorio ha cambiado. Regresarlos a la ciénaga que está seca y solo decir métanle pescado y ya. Se deben adaptar y restaurar las tierras para volver de forma segura y encontrar medios para que la gente pueda vivir”, agrega la doctora en Ecología.
Los expertos no tienen duda: entender lo que está pasando es dejar de negar la existencia del cambio climático y su impacto. Así los habitantes de Pueblo Viejo, de Curumaní y de otro montón de pueblos colombianos no se verán forzados a seguir yéndose de a poco
Ciudades sin huella de carbono
Las ciudades no se escapan al cambio climático: al año, en el mundo, 4,6 millones de muertes ocurren en estos lugares por contaminación del aire exterior, además de 780 millones de muertes por carencia de agua potable y saneamiento básico, según explicó Manuel Rodríguez Becerra, ambientalista.
El “libro blanco” o guía de recomendaciones de la investigación “Ciudades con bajas emisiones de carbono en Colombia: un enfoque de modelaje urbano integrado para el análisis de políticas” destaca que los complejos habitacionales que hoy se construyen son oportunidades para implementar medidas que reduzcan la huella de carbono y los efectos del clima y mejoren las condiciones de habitabilidad.
El proyecto hace parte de la iniciativa UK-PACT Colombia y es liderado por Ángela Cadena y Nicanor Quijano, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y Mónica Espinosa, investigadora posdoctoral, quienes desarrollaron un documento con recomendaciones, herramientas y criterios para los proyectos urbanos del país. Tomando como estudios de caso Ciudad Verde, en Soacha, y Lagos de Torca, en el norte de Bogotá, se plantearon escenarios en sectores como energía, transporte, ecosistemas urbanos, manejo integrado del agua, residuos y edificaciones e infraestructura urbana.
