Colombia nunca había tenido tantos espacios para participar. Entonces, ¿por qué tantos ciudadanos sienten que nadie los escucha?
En Colombia, esta idea enfrenta una paradoja. Mientras existen más espacios para que los ciudadanos intervengan en los asuntos públicos, persiste una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de transformar esas demandas en decisiones concretas.
Según la más reciente Encuesta Mundial de Valores (WVS), poco más de la mitad de los colombianos considera que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Al mismo tiempo, un 35 % afirma que le resulta indiferente vivir bajo un régimen democrático o no democrático, mientras que un 12 % considera preferible un gobierno autoritario.
Esa distancia entre participación y resultados fue uno de los temas centrales del sexto episodio del podcast Nadie nos pidió esto.
La conversación, moderada por Laura Wills, vicedecana de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, reunió a las profesoras Nathalie Méndez y Andrea Celemín para discutir por qué la democracia parece producir cada vez más conversación, pero menos sensación de solución.
La frustración no surge por falta de participación. Desde la Constitución de 1991, Colombia amplió significativamente estos mecanismos.
Hoy, además del voto, los ciudadanos pueden intervenir mediante consultas populares, cabildos abiertos, iniciativas legislativas, revocatorias de mandato y veedurías ciudadanas.
A esto se suma una amplia red de organización comunitaria. De acuerdo con el Ministerio del Interior, el país cuenta con cerca de 70.000 juntas de acción comunal, una de las redes de participación ciudadana más extensas de América Latina.
Nathalie Méndez, doctora en ciencia política y profesora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, señala que “hay mucho liderazgo, mucha capacidad de organización y muchas iniciativas que nacen desde las comunidades”. El problema, explica, aparece cuando esas demandas deben convertirse en decisiones concretas.
El resultado es una sensación de desgaste: participar parece necesario, pero no siempre efectivo.
El capítulo 6 de Nadie nos pidió esto se grabó en la Universidad de los Andes. De izquierda a derecha: Nathalie Méndez, Andrea Celemín, Laura Wills.
La WVS muestra que apenas el 13 % de los colombianos confía en sus gobiernos locales. La cifra ayuda a explicar por qué muchas personas sienten que las decisiones públicas se toman lejos de ellas, incluso cuando existen canales formales para intervenir.
Andrea Celemín, directora del área de Derecho y Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, advierte que el problema no radica únicamente en la existencia de las instituciones, sino en su capacidad para representar intereses diversos y convertir las discusiones en resultados.
“El Congreso debería servir como contrapeso al poder ejecutivo”, explica Celemín. Cuando las instituciones dejan de percibirse como espacios eficaces para resolver problemas, aumenta la tentación de buscar soluciones fuera de ellas.
Ese fenómeno ayuda a entender otro dato preocupante: más de la mitad de los colombianos del estudio considera deseable un líder fuerte que no tenga que preocuparse demasiado por el Congreso o por las elecciones.
Para Celemín, uno de los riesgos actuales es confundir participación con capacidad de decisión. Que existan más voces no significa necesariamente que existan más soluciones.
“Hay mucho diálogo, mucho ruido y una gran diversidad de instancias de participación. Pero al final no siempre se llega a acuerdos ni a soluciones concretas”, sostiene.
El resultado es que las expectativas ciudadanas crecen más rápido que la capacidad institucional para responderlas. Cuando eso ocurre, la frustración puede transformarse en desafección política o en formas de presión que buscan resultados por fuera de los canales tradicionales.
La discusión no concluye que la democracia esté en crisis terminal. Más bien señala una tensión que atraviesa a Colombia y a buena parte del mundo: nunca había existido tanta conversación pública, pero tampoco tanta insatisfacción con sus resultados.
A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la tensión entre la cantidad de espacios de conversación ciudadana e insatisfacción adquiere una relevancia particular. La elección definirá quién ocupará el poder durante los próximos años, pero también pondrá a prueba la capacidad de las instituciones para responder a una ciudadanía que cada vez confía menos en ellas.
El desafío ahora es lograr que la participación ciudadana se traduzca en decisiones, acuerdos y resultados visibles. Porque una democracia que escucha, pero no resuelve, corre el riesgo de que sus ciudadanos terminen confiando cada vez menos en las instituciones llamadas a representarlos.
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Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
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