A 15 años de la sentencia sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aún hay profundas contradicciones y barreras. La espera de las mujeres para ser atendidas, una de estas.
Por Lina Fernanda Sánchez Alvarado
lf.sancheza@uniandes.edu.co
“Mi procedimiento fue muy largo, a mí me pusieron como ocho pastillas y a mis compañeras solo dos. En ese hospital quedé sola, en esa camilla quedé. Ahí yo ya me sentí mal porque dije: ¡Solita y nadie que me ayude! ¡Ayúdenme! Llegaba la doctora y me decía: ‘No, todavía te falta’, yo lloraba”. Así narra Camila, de 19 años, una habitante de zona rural, su Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con 29 semanas.
Su testimonio, considerado por Camila como un episodio de maltrato de parte del sistema de salud, está incluido en la investigación “Expresiones de la espera en relatos de mujeres con abortos en segundo y tercer trimestre en Colombia”, de Laura Parra Rodríguez, magíster en Género de la Universidad de los Andes. Una narración que muestra las profundas contradicciones y barreras que viven aún las mujeres en el país, a 15 años de la sentencia de la Corte Constitucional sobre despenalización parcial del aborto.
Esta sentencia ha permitido a las mujeres interrumpir su embarazo en tres causales, sin límite de tiempo: cuando peligra la vida o salud de la madre, cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida o cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida. No obstante, el acceso a este servicio, en el marco del derecho a la salud, aún está a medio camino.
Las barreras aumentan a medida que la edad gestacional se incrementa y afectan en mayor proporción a mujeres de zonas rurales y municipios pequeños e intermedios. Es el caso de Camila y de muchas otras que se enfrentan a presiones familiares, afrontan barreras administrativas y sufren violencia obstétrica en este recorrido para acceder al servicio.
En su investigación entrevistó a 19 mujeres del suroccidente del país y recogió testimonios que le permiten hacer un llamado a armonizar los tiempos de espera de las mujeres y las instituciones. En el caso de Camila, por ejemplo, se resalta que fue el personal de salud el que decidió cuándo estaba lista, sin considerar los dolores que sentía y las señales que le daba su cuerpo, situaciones que se dan porque muchas veces aún hay un marcado estigma sobre esta práctica entre los profesionales. De ahí el llamado a que haya un acompañamiento amoroso y feminista, como insisten algunas organizaciones.
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Ilustración: Taty Gómez
“Las mujeres tenemos que enfrentarnos a muchas barreras, pero cuando se es una mujer indígena, el conflicto se hace más complejo, porque tienes que enfrentarte contigo misma, con lo que viste desde niña, con la figura y las frustraciones de tu madre, de tu abuela, de tus hermanas, con mujeres cuyos cuerpos solo eran vistos para procrear hijos y para después criarlos. No fue mi caso. Tenía derecho a otras opciones”.
Fragmento de Memorias de del futuro, de Adriana Romero
Persisten los obstáculos
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, un colectivo que ha acompañado a más de 1.300 mujeres, niñas y adolescentes en su proceso de IVE, ha clasificado las barreras en tres tipos: el primero se relaciona con el desconocimiento del marco legal vigente en las mismas mujeres o en el personal de salud que omite y no brinda información oportuna y veraz.
En el segundo aspecto, Laura Castro, coordinadora de la Mesa, explica que hay una interpretación restrictiva de la ley y eso se expresa en personal de salud que no emite los certificados que respaldan las causales, que pide concepto de un psiquiatra y no de un psicólogo o, incluso, que exige requisitos como la autorización de la pareja. En un tercer puesto están las fallas en la prestación de los servicios: violencia obstétrica y malos tratos, como negar paliativos y medicamentos que eviten el dolor.
Con el aumento de las semanas de gestación —segundo y tercer trimestre en la investigación de Parra Rodríguez—, crecen los obstáculos. Además, por tratarse de mujeres rurales se agrega el tener que desplazarse durante horas para acceder a estos procedimientos que se practican en hospitales de segundo y tercer nivel. “La inclusión del aborto en el sistema de salud no ha logrado resolver el marcador tradicional de la desigualdad”, expresa la investigadora.
Mientras las mujeres logran acceder a servicios e información, aumentan las semanas, las posibilidades de que el procedimiento no sea ambulatorio y el riesgo de que el embarazo sea descubierto por terceros. Una receta que sumada al maltrato parece ser el costo que algunas instituciones cobran por acceder a una IVE.
“Cuando me enviaron la ecografía me dijeron que me tocaba esperar dos meses; que si no, que me fuera para otro hospital, y me la programaron como a los 15 días… No, nunca me cobraron un peso, pero es demasiada volteadera. De haberlo hecho a temprana edad, me había evitado todos estos meses”, cuenta Sandra, de 35 años y 22 semanas de embarazo, para la investigación de Los Andes.
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Ilustración: Lili Cuca
“Necesito que sepas que tú me llenaste de propósito. Me ayudaste a descubrir que lo que quería para mi vida era seguir acompañando y ayudando mujeres a decidir sobre su cuerpo. En ellas me veo como espejo y sus historias son mi terapia. No terapia para la culpa, como podrían asumir algunos. Culpa no tengo. Terapia para sanar los malos tratos de aquel momento. No sé si esta carta ayude con tu tristeza, pero debes saber que me salvaste”.
Fragmento de Relato sobre Irene, de Mariángela Urbina
“Un cronómetro que se agota”
El análisis de los tiempos de espera se convirtió en una herramienta para reflexionar sobre las complejas relaciones de las mujeres con las instituciones. Parra Rodríguez los dividió en cuatro momentos: la certificación de la causal, la programación de la cita, el inicio y la culminación de la IVE y el tiempo después de la misma.
En el primero, la falta de certeza o la espera para la certificación de la causal, las ecografías y las citas son vistas como un cronómetro que se agota y que no contempla los horarios ni necesidades de las mujeres. Kelly, de 18 años y quien también hizo parte de la investigación, cuenta que las ecografías solo las hacían los miércoles, así que tuvo que esperar una semana. Luego madrugó porque solo daban 18 cupos y llegaban como unas 60 personas, así que no tuvo más remedio que levantarse a las 3:30 a. m. y esperar hasta las 6 a. m. cuando empezaban a entregar los turnos.
Las citaciones para las IVE suelen ser sorpresivas, entre 1 y máximo 3 días de antelación, sin posibilidades de sugerir cambios de fechas ni de elegir municipio u hospital. En especial, esto impacta la vida de las mujeres de zonas rurales, que deben viajar de un momento a otro, algunas veces financiar su viaje y el de sus acompañantes y dejar tirados sus trabajos. Eso sin contar cuando su salud física está en riesgo y no pueden moverse por sí solas.
Durante el inicio y la culminación del procedimiento, la espera se asocia con la proyección de un futuro incierto y la vivencia de una decisión arbitraria: parecía que el momento propicio para abortar lo determinaba el personal de salud, sin tener en cuenta a las mujeres. De hecho, todas las participantes de la investigación manifestaron un episodio de maltrato, que se mermaba con la presencia de la psicóloga o un especialista.
En el último tiempo de espera, después de la IVE, las mujeres se quejan de que los medicamentos que les suministran para síntomas como sangrados, malestar corporal y secreción de leche son de efecto lento, pues tardan entre 10 y 30 días en actuar, en comparación con otros remedios costosos. Como referencia, citan casos de otras mujeres que pudieron comprar drogas por valor de hasta 200.000 pesos y que solo produjeron leche durante tres días. Estos síntomas impedían a muchas trabajar, lo que impactó de forma significativa a las de sectores informales que dejaron de recibir ingresos.
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Ilustración: Niebla Rosa
“Así que Pablo se sentía orgulloso y fuerte y bien parado cuando recibía los flechazos de las enfermeras aterrorizadas que pensaban como la tía Angustias y vivían regidas por el miedo y les decían a las mujeres que llegaban rogando por ayuda que eso no se podía, que estaba mal, que el papá del niño qué decía, que la iglesia las condenaría, que la policía las perseguiría, que las meterían a la cárcel, que eso era ilegal —aun cuando era un derecho—”.
Fragmento de Salta desde la roca más alta, de Camila Brugés
Una causa justa
Laura Castro, de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, destaca que el hecho de que el aborto siga siendo un delito por fuera de las tres causales no solo despierta mucho miedo y resistencia a la prestación de los servicios en los casos autorizados por la ley, sino que criminaliza a quienes abortan. En 2017, según cifras de la organización, 2.290 mujeres fueron denunciadas por abortar, un 75 % menores de 24 años. Otro de los datos preocupantes es que entre 60 y 70 % proviene de zonas rurales y municipios intermedios, donde escasea el acceso a la información.
De ahí que la Mesa y más de 130 activistas defensoras de derechos humanos hayan creado el movimiento Causa Justa, que busca la despenalización total del aborto. “No es solo retirar el aborto como un delito del código penal, sino generar una esfera de resonancia en el ámbito social que también reduzca el estigma”, agrega Castro.
“Mi papá estaba ese día bravísimo… y me dijo: ‘Voy a ponerte una demanda por lo que fuiste a hacer’. Ese día lloré y lo único que le grité fue: ‘Si quiere vaya a demandarme, yo tengo un papel que dice que yo tenía derecho’, y se quedó callado”, cuenta otra de las mujeres entrevistadas.
Mientras Causa Justa pretende la despenalización total del aborto, al Congreso han llegado más de 45 proyectos de ley que han buscado una regresión. Sin embargo, el legislativo no se ha pronunciado sobre el tema en 20 años. Actualmente en la Corte Constitucional cursan cuatro demandas, entre las que está la de este movimiento, que pide la eliminación del delito de aborto. Además, el Gobierno está en mora de expedir una regulación para las EPS.
¿Queremos mandar a la cárcel a las gestantes por acceder a un aborto o queremos que vayan al hospital?, se pregunta la investigadora Laura Parra Rodríguez, quien además agrega que la autonomía reproductiva es una deuda histórica y es tan importante como el derecho al trabajo o a la educación y debe hacer parte de un gran engranaje de la educación sexual.
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Fuente: Instituto Guttmacher, 2020
