El número de asesinatos de líderes sociales en Colombia crece entre la indiferencia y el desamparo jurídico. Según un documento del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), las disputas por el control territorial tras la retirada de las Farc aumentaron las cifras; y la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) los incrementó en más de 500 %. ¿Qué caminos tomar? ¿Cómo se están llevando a cabo nuevas alternativas de liderazgo?
Por Diego Pinzón Másmela
da.pinzon38@uniandes.edu.co
Ilustraciones: Luisa Juliana Avella
Voces extinguidas
A Gonzalo y a Sandra los silenciaron.
A él lo encontraron muerto en una zona rural de Tuluá, Valle. A ella, hombres armados le dispararon mientras se desplazaba en una motocicleta en el norte del Cauca.
Arrancaba el 2021 y mientras la pandemia seguía exasperando y asediando a la gente, el asesinato de líderes ambientales y sociales desataba mayor tristeza e indignación. La encrucijada que han sufrido los defensores de derechos humanos, del medioambiente y de los territorios en Colombia emerge entre el desamparo y la indiferencia.
Era 10 de enero y los noticieros sacudían al país con la muerte de Gonzalo Cardona Molina, el guardián del loro orejiamarillo; el hombre se las sabía todas sobre esta especie endémica de los Andes a la que protegió por más de 20 años, desde 1999 cuando estuvo en peligro de desaparecer. Ambos sobrevivían en la cordillera central en Roncesvalles, Tolima, en donde ‘Gonza’, como le decían sus amigos, también era guía y fomentaba la educación ambiental para conservar los ecosistemas.
La destrucción de su hábitat y la tala de palma de cera fueron las principales amenazas para los loros. Las de Gonzalo se materializaron a sus 55 años. Él, a diferencia de ellos, no tuvo quien lo salvara.
Como los loros orejiamarillos, el pueblo nasa también se quedó huérfano. “Cuando se dirigía en motocicleta hacia el corregimiento de Pescador, en el municipio de Caldono, norte del Cauca, fue asesinada la gobernadora Sandra Liliana Peña y herido de gravedad el cabildante Avelino Ull, del Resguardo Indígena La Laguna Siberia, Territorio Ancestral Sat Thama Kiwe”, señalaba el comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), sobre el hecho ocurrido el 20 de abril de 2021.
De ella se sabe que era alegre. Una lideresa comprometida con la protección de los derechos de las mujeres indígenas afectadas por el conflicto y la violencia. Buscaba justicia para ellas y estaba dispuesta a propiciarles espacios de participación. Además, promovía iniciativas de educación para los niños y se esforzaba en la búsqueda de oportunidades de empleo para los jóvenes.
También se sabe que amaba a sus dos hijas de 15 y 5 años. Tanto como a su madre tierra.
Cuando elevó su voz para rechazar el incremento de cultivos de coca y para mostrar su desacuerdo con la presencia de grupos ilegales del narcotráfico llegó la desgracia. A ellos se les atribuye este, el asesinato número 56 de un líder durante los primeros 4 meses de 2021. El de Gonzalo fue el séptimo, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
“Esta es una tragedia que hemos arrastrado durante muchos años, solo que en el pasado no teníamos sistemas de seguimiento y monitoreo. Los ataques a los liderazgos sociales quedaban en el mismo paquete de homicidios por razón de violencia sociopolítica”, explica Diana Sánchez Lara, directora de la Asociación Minga.
Agrega que la sistematización de información se ha fortalecido y que, entre otros aspectos, se ha logrado mayor sensibilización a través de los medios de comunicación que reconocen la importancia del asunto y lo registran con mayor cotidianidad. También destaca que las redes sociales y la difusión de campañas han sido esenciales para evidenciar la protuberancia del problema.
No obstante, la vida para quienes están en contra de la destrucción del entorno, del racismo y de la desigualdad está más cerca de la oscuridad que de la luz.
Un documento del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, titulado “Violencia contra líderes sociales y ambientales: ¿qué sabemos y qué podemos hacer?”, reporta que los asesinatos aumentaron por disputas del poder territorial en algunos municipios tras la retirada de las Farc luego de la firma del Acuerdo de Paz. También encontraron que con la implementación del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) se incrementó la tasa de asesinatos de líderes sociales en 546 %”.
En palabras del economista Lucas Marín, investigador del Cesed: “El PNIS no se implementó de una manera integral y no abordó componentes de seguridad. La firma de los acuerdos comunitarios del Programa aumentó los asesinatos y ese efecto está concentrado en municipios con presencia de múltiples actores armados en donde las comunidades, por la calidad de sus instituciones o por otras variables, tienen la capacidad de oponerse a los intereses de esos grupos y eso se puede traducir en mayores niveles de violencia contra los líderes”.
Falta mucho
No solo se trata de asesinatos.
Se trata de que ambientalistas, líderes sociales, indígenas, comunitarios, cívicos, étnicos, campesinos, sindicales y protectores de los derechos humanos, como lo fueron Gonzalo y Sandra, puedan vivir bajo un manto que les garantice seguridad y tranquilidad para ejercer su labor lejos de atentados, desplazamientos y amenazas.
Para Sánchez Lara, que también es vocera de la plataforma de derechos humanos y sociales Coeuropa, Colombia les abrió las puertas “de par en par” a las trasnacionales mineras, lo que ha desatado un gran conflicto ambiental. “Por supuesto las comunidades se resisten a perder sus tierras, sus territorios, su ambiente. Y a eso se le responde de forma violenta —dice—. Y el gobierno lo que hace es culpar al narcotráfico. Y sí, es cierto, tiene mucho que ver porque el Estado le cedió territorio y no controló nunca esto”.
En cuanto al marco legal, lo grave es que no existe un reconocimiento explícito e integral que relacione derechos humanos y protección jurídica del medioambiente.
“No reconocer que existen estas conexiones ni que existen personas que sufren mayores efectos por la crisis climática, por ejemplo, es un tipo de violencia, de violencia estructural también, que afecta en temas de prevención y en general de garantías para ellos”, explica Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes.
En un trabajo realizado por la Cepal junto con ocho clínicas jurídicas de países de América Latina y el Caribe, cuenta Madrigal que estudiaron los instrumentos jurídicos existentes en asuntos ambientales. “Tenemos pocas leyes (expedidas por el Congreso) sobre los elementos principales del ambiente con relación a otros países. No tenemos leyes marco sobre bosques, sobre agua, sobre vida silvestre, aquellos elementos que son los más disputados y los más conflictivos”, señala.
Una de las esperanzas entró en vigor el 22 de abril de 2021: el Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación y las capacidades de los países firmantes para garantizar el acceso a información, participación y justicia en asuntos ambientales y la protección de los defensores del medioambiente, aspectos en los que Colombia aparece por debajo de países como Perú y México en donde sí relacionan explícitamente el cambio climático con los derechos humanos y con las poblaciones indígenas.
Sin embargo, esto parece no despertar el interés estatal. Para Madrigal, en lo concerniente al trámite de ratificación no se ha avanzado desde las audiencias públicas del Congreso. No se han hecho debates ni se conoce fecha para los mismos. Lo que sí se conoce, públicamente, es que el partido de gobierno no la apoya.
“La normatividad en el país se basa, como es lo propio en el derecho ambiental, en la regulación del uso, conservación y aprovechamiento de los elementos naturales; el control de la contaminación, los riesgos y la salud ambiental y la planeación estratégica. Esto por medio de dos leyes marco, cinco leyes temáticas sobre páramos, cambio climático y un Decreto reglamentario compilatorio (2015) —argumenta el abogado—. Ninguna de estas se desarrolla a partir de los derechos humanos ni de la justicia ambiental, desconociendo el vínculo esencial entre la protección del ambiente y los derechos humanos. Es decir, las consecuencias diferenciales en aquellos grupos especialmente vulnerables”, complementa.
Acuerdo de Escazú, la esperanza se diluye en Colombia
“Es poco probable, por las actuales coyunturas políticas, que el acuerdo se vote en el Congreso, por ello, es posible que se archive. Sin embargo, es fundamental señalar que en cualquier momento se puede reanudar el proceso de ratificación, por supuesto, en el marco de los periodos legislativos. De nuestra parte, seguiremos promoviendo la prevención y resolución alternativa de los conflictos ambientales y el fortalecimiento de la democracia ambiental, como clínicas, como mediadoras de justicia ambiental”, dice Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes.
Voces libres de miedo: frente en alto
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es, quizás, una de las pocas herramientas que tiene el Gobierno para la “lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, como reza la Ley 154 de 2017, en el marco del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Pero, en palabras de Diana Sánchez Lara “este Gobierno particularmente no ha querido trabajar en ese sentido”.
Pese a los vacíos jurídicos, la hostilidad de los crímenes y ante quienes se hacen los de la vista gorda frente al flagelo, los nuevos líderes no dudan un segundo en jugársela toda por su gente.
“Todo el mundo sale con la bandera blanca y lo saludan a uno. El recibimiento de la gente y de los niños cantando por la paz y por la vida, con una bandera blanca, reconforta. Sí, vale la pena seguir luchando”, expresa José Cuero.
Es joven, talentoso y orgulloso de su etnia. Acaba de llegar de la caravana fluvial humanitaria por la vida y por la paz en los municipios de Guapi (su tierra), Timbiquí y López de Micay. Buscan que los actores armados respeten la vida e invitan al Gobierno a buscar salidas negociadas con el propósito de que se dé cumplimiento al Acuerdo de Paz y de que se implementen medidas de protección para los líderes y lideresas.
El ecólogo de 27 años hace parte de la organización Cococauca, en donde ha participado en la reivindicación de derechos étnicos, en consejos comunitarios, en la denuncia sobre la violación de derechos humanos y en la formulación de proyectos con comunidades negras en la costa caucana.
“Como organización podemos tener amenazas. Pero siempre digo que alguien tiene que hablar. Es la única forma de construir paz en los territorios, contando la verdad, mostrando cómo estamos. Con el silencio no ganamos nada”, dice el egresado de la Fundación Universitaria de Popayán.
Y es que el riesgo es latente. “En un entrenamiento con las chicas hubo combates entre grupos al margen de la ley. Tuvimos que salir corriendo para salvaguardar nuestras vidas”, cuenta Yajaira Gamboa, fundadora de la Organización Águilas Chocó.
Para ella, el deporte con visión humanística llega como una alternativa en territorios con altos índices de violencia y embarazos en adolescentes de zonas vulnerables y como estrategia de resistencia. “Águilas va más allá del baloncesto, empoderando a los jóvenes y evitando ciclos de violencia en sus vidas. Son más de 50 mujeres que están multiplicando alternativas de superación personal —agrega la contadora pública especialista en auditoría y control fiscal y en gerencia—. Estamos formando a jóvenes líderes que impacten en la sociedad mediante el deporte, siendo agentes de cambio”.
Yajaira tiene una sonrisa tatuada. Igual que Carmenza Rojas, creadora de Mi Cuerpo es mi Historia, una iniciativa que nació cuando era estudiante de trabajo social en la Universidad del Valle, en la que implementa el arte escénico, por medio de terapias creativas, como reparación para niñas y mujeres víctimas de abuso sexual.
“Yo decía: voy a aparecer en la lista de ‘se busca’”, son las palabras de Carmenza sobre las consecuencias de ser líder.
Lleva el sabor de las danzas afro en la sangre y dice, muerta de risa, que antes de empezar a caminar ya estaba bailando. A sus 33 años, a través de la Fundación Mareira, pretende establecer la universidad de artes, ancestralidad y naturaleza de la diáspora afro con enfoque de género y paz. Su propósito es entregar becas a jóvenes del Chocó de comunidades LGBTIQ, mujeres (en su mayoría) y hombres artistas con ganas de despatriarcalizarse, todo esto bajo el concepto del afrofeminismo.
“Entendimos que las artes curan. Que son un vehículo de comunicación muy potente y que sí o sí, hay que hablar de naturaleza, ancestralidad y territorio, porque estamos dentro de ellos. La gestión cultural es fundamental para garantizar la vida libre y soberana de nuestros pueblos”, afirma.
En Bogotá, trabaja en el diseño de un modelo para la estrategia de cuidado menstrual, de la Secretaría Distrital de la Mujer, con los objetivos de fomentar la educación para el cuidado y el autoconocimiento, de implementar infraestructura de baterías de baños públicos y agua potable para garantizar a las mujeres habitantes de calle su dignidad y para derrumbar los tabúes en torno a la menstruación.
Su idea es traducir la metodología en las culturas negras y palanqueras para, también, liberar a todo el pacífico de toallas higiénicas. Primero por las problemáticas ambientales y, segundo, para minimizar los riesgos en salud de las mujeres (como el cáncer de cérvix) causados por los químicos que las componen.
Convencidos de que la educación es el mejor instrumento de transformación de una sociedad, los tres, Carmenza, Yajaira y José, dejaron sus regiones para convertirse en profesionales y han regresado por la reivindicación de los derechos de su comunidad y de su herencia ancestral.
Actualmente, la virtualidad les ha permitido ser compañeros de clase. Hoy cursan, con el apoyo de la Corporación Manos Visibles, la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Facultad de Administración.
Sienten que avanzar académicamente los llevará a escenarios en donde se tomarán las decisiones que mejorarán las condiciones de vida de sus comunidades.
Por ahora, de acuerdo con el reporte del Cesed, es clave fortalecer la presencia del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en los territorios; en el caso de las minorías étnicas, es necesario apoyar los mecanismos de autoprotección y gobernanza como las Guardias Indígenas y Cimarronas, tal como quedó establecido en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, y para los ambientalistas la ratificación del Acuerdo de Escazú, entre otras medidas.
Más conciencia desde el interior
“La dependencia de las ciudades del cuidado del capital natural en las periferias es inmensa y cada vez mayor. Varios ejemplos: las fuentes naturales de agua pueden proveer de líquido a la población a mucho menor costo que tratando aguas contaminadas. Los bosques pueden proteger zonas urbanas ante fenómenos naturales al regular el clima, capturar humedad, por ejemplo. Bosques, ríos, manglares, corales y mares bien conservados permiten extraer alimento y materiales para las ciudades”.
Juan Camilo Cárdenas, profesor de la Facultad de Economía
