La respuesta poco coordinada a la migración venezolana en el país ha evidenciado las falencias y los retos en la garantía de los derechos de estas personas y ha puesto sobre la mesa la necesidad de una urgente política migratoria coherente, de largo plazo y con enfoque de derechos. ¿Cuáles son las salidas?
Por:
Lina Fernanda Sánchez Alvarado
lf.sancheza@uniandes.edu.co
César Orozco Carrillo
ce.orozco@uniandes.edu.co
Diego Pinzón Másmela
da.pinzon38@uniandes.edu.co
Agarramos nuestra mochila y nos vinimos como mochileros. Siete días para llegar a Bogotá. Aguantando agua, sol, frío y miedo, porque esa carretera de noche da mucho miedo. Sale mucho habitante de calle a robar tus cosas, como también sale mucha gente a ayudarte, a darte un abrigo”, comenta Ricardo Hurtado, migrante venezolano, originario de Valencia (Carabobo), que llegó a Colombia con tres amigos en busca de una mejor calidad de vida.Más de un millón y medio de venezolanos han cruzado la frontera. Para diciembre de 2019, de acuerdo con un informe de Migración Colombia, por primera vez el número de migrantes irregulares superaba al de regulares: 1.017.152 frente a 754.085, pese a iniciativas como los Permisos Especiales de Permanencia, que han tenido hasta cinco versiones, o el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización, que regulariza a quien cuente con una oferta laboral y su empleador lo solicite.
“Seguir diciendo que no estábamos preparados para este fenómeno es insuficiente. Los migrantes llegan, en muchos casos, con la expectativa de hacer un proyecto de vida en Colombia y por eso es necesario tomar medidas de largo plazo”, argumenta Carolina Moreno Velásquez, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes y del Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes.“¿Cuánto les debemos por estos días de aislamiento a los trabajadores migrantes? Por lo pronto, papeles (ya, inmediatamente), reconocimiento y derechos”.Ana Paula Penchaszadeh, doctora en Ciencias Sociales y Filosofía, de las universidades de Buenos Aires y París.Este equipo asegura que la respuesta del Gobierno a la atención de esta población ha sido reaccionaria, fragmentada y poco coordinada. Una respuesta insuficiente que se hizo evidente con el estallido de la pandemia de la COVID-19 y que profundizó la situación de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en el país, razón por la que muchos decidieron iniciar el retorno, complicando la zona de frontera y creando un escenario de alto riesgo por las condiciones adversas al distanciamiento social.
Uno de los grandes obstáculos tiene que ver con la regularización de miles de personas que no pueden hacerlo por la exigencia de contar con un pasaporte y un sello de entrada por un puesto de control migratorio. Todo en el contexto de una Venezuela con una alta dificultad para conseguir documentos oficiales, una frontera porosa de más de 2.000 kilómetros y cientos de personas que huyen de sus casas con apenas una maleta en hombros.¿Por qué no flexibilizar estas medidas brindando la regularización con un documento de identidad? se pregunta Moreno, quien además advierte que, al no poder contabilizar el número de migrantes que entran, es imposible diseñar políticas públicas adecuadas.“La regulación es una llave de acceso a los derechos”, añade.
DECISIONES DE LA COVID-19 PERPETÚAN LA INJUSTICIA MIGRATORIA
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Con esta podría garantizarse, por ejemplo, contar con un trabajo más digno y reducir la explotación laboral y la precariedad que hoy enfrentan. “La falta de regularización lleva a una mayor vulnerabilidad y es sin duda la principal medida que se debe adoptar”, asegura Gracy Pelacani, profesora de Derecho e investigadora de la Clínica Jurídica y del Centro de Estudios en Migración, de Los Andes.
De ahí la responsabilidad también no solo del Gobierno nacional, sino de las administraciones locales, con la exigencia de mayor número de recursos a través del Sistema General de Participaciones. Todo armonizado por una política general coordinada. Allison Brooke Wolf, profesora de Filosofía de Los Andes, también hace un llamado a escuchar, en este caso, a la comunidad venezolana y a sus realidades desde los municipios o ciudades que hoy habitan.“No todas las necesidades son iguales. Escucharlos permite hacerlos sentir parte de este país, pero también buscar soluciones conjuntas que no dependan en su totalidad del dinero que envía el Gobierno nacional”, puntualiza.¿Qué puedo hacer con la persona que tengo al frente?
La respuesta y atención a los migrantes venezolanos en Colombia no es solo una responsabilidad del Estado o de los gobiernos locales. Wolf es enfática al afirmar que cualquier ser humano tiene en sus manos responder ante las injusticias y aliviar a los otros con, incluso, pequeñas acciones.
“Siempre nos queda la sensación de que se debe ayudar a los migrantes con grandes decisiones de los gobernantes, pero ¿qué pasa cuando tengo a la persona al frente de mí en un bus y me pide comida o unos pañales para su bebé? ¿Por qué no ayudarla? Hacerlo también es justicia migratoria”, insiste Wolf.
La doctora en Filosofía de la Universidad de Michigan State pide cuestionarse sobre qué tipo de persona quiero ser frente a los migrantes venezolanos: Ser alguien que no reacciona, una persona que ayuda sin dar todo lo que tiene o, por los menos, una que los mira a los ojos, los saluda y los hace sentir que existen y son seres humanos.“Colombia es un país herido que está sanando. Sus habitantes tienen una oportunidad histórica de demostrar su capacidad de dar. Tal vez no haya todos los recursos, pero se está dando la bienvenida y hay un corazón grande detrás”, dice Wolf.En Estados Unidos, cita de ejemplo la investigadora, las personas se organizan para hacer algo por estas causas: crean campañas para recoger comida o recibir donaciones. ¿Por qué no hacerlo con nuestros vecinos, con nuestras comunidades? Pasar de las soluciones abstractas que muchas veces se generan desde arriba, a soluciones puntuales que mejoren la vida de las personas migrantes.Es hora de formar relaciones, de sentarse a hablar con ellos, no solo el Estado, sino los habitantes del país. “Buscar salidas juntos, porque las necesidades de los migrantes de la localidad de Kennedy, en Bogotá, seguro no serán las mismas de quienes viven cerca de Cúcuta”, agrega.
Así se empieza a transformar con pequeñas acciones la vida del grupo de hombres, mujeres o niños que viven cerca del barrio o que se cruzan a diario en el bus camino al trabajo. Así también se ejerce un poco de justicia informal, mientras seguimos esperando que llegue completamente la justicia formal de arriba, afirma Wolf.Una deuda crecienteSalud, educación y nacionalidad, derechos fundamentales de las personas venezolanas que han llegado al país en los últimos años, se están cumpliendo a medias. Entre las falencias, hay normas sobre apatrida que se repiten y que no están debidamente sustentadas, según la Clínica Jurídica del Migrante.
- Foto: Luis Robayo-AFP
Falta mucho en educación y salud
A pesar de que el Gobierno ha adoptado algunas medidas para proteger estos dos derechos fundamentales para la población procedente del país vecino, en la práctica estas personas enfrentan diversos obstáculos.Por el lado de la educación, el Ministerio del ramo garantizó el acceso a la escuela de niñas, niños y adolescentes venezolanos, sin importar su situación migratoria (circular nacional de abril de 2018), y en Bogotá, al 31 de mayo de 2019, un total de 23.366 alumnos habían sido inscritos, según la Secretaría de Educación del Distrito.Sin embargo, la Clínica Jurídica para Migrantes ve con preocupación algunas barreras que en definitiva llevan a la deserción:
- Exigir uniformes o útiles escolares.
- No contar con un transporte para llegar al centro educativo.
- No tener planes de alimentación.
- La alta movilidad de la población migrante.
- La diferencia de modelos educativos entre el país de salida y el de llegada.
- La imposibilidad de graduarse si no está regularizada la situación migratoria y las barreras para presentar las pruebas Saber 11 y obtener los resultados. “Lo que los expone a un mayor riesgo de vulnerabilidad”, asegura un informe de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá.
En el ámbito de la salud, Colombia solo está garantizando la atención en urgencias a personas en situación migratoria irregular. Esto plantea dificultades enormes para el tratamiento y seguimiento de enfermedades como el VIH-sida, la diabetes o el cáncer que requieren atención urgente, aclara Carolina Moreno Velásquez.Para los venezolanos que no se han regularizado, que además son la mayoría de acuerdo con los datos más recientes de Migración Colombia, resulta imposible ser parte de cualquier sistema de salud del país, tanto del contributivo como del subsidiado.
Más de 23.000 niños y niñas venezolanos, según el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, corren el riesgo de ser apátridas, es decir, de no tener el reconocimiento de su nacionalidad por ninguno de los dos países. Existe una gran dificultad para registrar a los hijos de los migrantes ante las autoridades en Venezuela, mientras que, para adquirir la nacionalidad de Colombia, los padres deben demostrar que se encuentran domiciliados en el país en el momento del nacimiento. Una barrera mayor porque para la Registraduría Nacional el domicilio solo se le reconoce al extranjero titular de una visa específica.Para subsanar la situación, el Estado colombiano expidió, a través de la Registraduría, la Resolución 8470 de 2019 para que los menores de padres venezolanos nacidos entre el 19 de agosto de 2015 y el 19 de agosto de 2021 tengan la posibilidad de registrarse como colombianos. Al mismo tiempo, en el segundo semestre de 2019, se aprobó la Ley 1997 cuyo efecto es exactamente el mismo para los nacidos desde el 1 de enero de 2015 hasta 2021.Para la directora de la Clínica Jurídica, la coincidencia entre ambas medidas es muestra de la ausencia de una política pública coordinada, estructurada, coherente y de largo plazo. Además, es un escenario de inseguridad jurídica, porque a la fecha no se ha reglamentado el procedimiento para hacer efectiva la ley.“Se trata de una medida discriminatoria porque solo está dirigida a venezolanos, ignorando la población migrante de otras nacionalidades, proveniente de países de Asia y África, por ejemplo, que también están en Colombia y tienen hijos”, explica Moreno Velásquez.Expulsiones sin garantía del debido proceso
Durante el paro nacional de finales de 2019, más de 60 migrantes venezolanos fueron expulsados del país sin que se les respetara la garantía del debido proceso. La Clínica Jurídica para Migrantes ha presentado tutelas para el restablecimiento de sus derechos, sin embargo, Migración Colombia argumentó que estaban teniendo comportamientos contrarios a la convivencia, sin que se pudieran conocer, en cada caso, las razones concretas que sustentaban las decisiones de expulsión.El peligro de ser mujer, migrante y venezolanaLa explotación sexual, las desapariciones y el feminicidio son delitos con los que tienen que convivir por pertenecer al género femenino. Además, les niegan acceso a servicios básicos como la salud. Investigadoras de Los Andes proponen dejar de llamarlas “venecas” y aprovechar la situación para impulsar acciones contra la xenofobia.
- Foto: Luis Robayo – AFP
Veinte mil pesos para sobrevivir a cambio de favores sexuales parece ser la realidad de cientos de mujeres venezolanas en el país. Sucede en la frontera, en las grandes ciudades y hasta en los municipios pequeños. A veces la cifra baja a cinco mil pesos colombianos, pero ellas aceptan “porque si no, no tendríamos cómo más subsistir”.La explotación sexual es apenas una punta del iceberg de la cadena de violencias que sufren al llegar a un país como Colombia. Y es que, según las investigadoras de la Universidad de los Andes, ser mujer migrante y venezolana es un peligro en el país.A partir del trabajo de campo realizado en terreno, la Clínica Jurídica para Migrantes ha podido conocer relatos de cómo son víctimas de trata de personas, de violencias basadas en género, incluida la sexual, y han tenido que recurrir al trabajo sexual por supervivencia.“Sus cuerpos son formas de enviar mensajes políticos reforzando la idea de que aquí no son bienvenidas”, afirma la investigadora Allison Brooke Wolf.Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, denunció en 2019 en un video en la revista Semana la desaparición de entre 20 y 30 venezolanas en ciudades como Cúcuta y su área metropolitana. Desapariciones de las cuales aún no hay registros oficiales, porque muchas cruzan indocumentadas.Para Wolf la situación es comparable con lo que ocurre en Ciudad Juárez, en México, frontera con Estados Unidos. El gobierno de Chihuahua reportó entre 1993 y 2005 el asesinato de 379 mujeres, pero organizaciones civiles reclaman que la cifra supera las 420. De hecho, al día se habla del asesinato de hasta 11 mujeres.El feminicidio, la expresión máxima de violencias contra las mujeres, es también otro crimen que viene ocurriendo contra las venezolanas. Boletines del Observatorio de Feminicidios en Colombia, de la Red Feminista Antimilitarista, han evidenciado el riesgo al que se exponen no solo en sus hogares, sino en contextos de militarización en Colombia.Su acceso a la salud y a la justicia prácticamente no existe, lo que limita por ejemplo la posibilidad de abortar en las tres causales que permite la Corte Constitucional. Además, muchos de los gobernantes locales admiten no tener las condiciones ni las capacidades para adelantar Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE).
1.350 millones de dólares
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“Las mujeres migrantes sufren las violencias de una manera especial, por el solo hecho de ser migrantes, muchas veces en estatus irregular. Ellas están expuestas a múltiples formas de violencia en su trayecto migratorio, por sus propias familias o parejas, por la explotación laboral a la que se ven sometidas y porque tampoco reciben un respaldo de las autoridades cuando son agredidas”, relata Carolina Moreno Velásquez, de la Clínica Jurídica para Migrantes.En Soacha, por ejemplo, una de las zonas con más alta población de migrantes de ese país, muchos de los relatos relacionados con las autoridades coinciden en que la Policía no interviene. Un ejemplo fue el caso que ocurrió con una mujer que fue agredida por su hermano físicamente, pero que venía sufriendo violencia patrimonial y psicológica: “Esos son problemas de venezolanos”, respondieron desde el Centro de Atención Inmediata (CAI).Por eso es urgente, señalan ambas investigadoras, desarrollar una política migratoria integral y articulada, que en conjunto con la sociedad civil y los migrantes, permita la integración, pero además la regularización, uno de los factores que restringe los derechos de estas mujeres.Hay una oportunidad también en el cambio cultural que no depende solo de las autoridades, sino del reconocimiento del otro como parte de esta sociedad. Wolf ve una posibilidad en las escuelas para ahondar en la resolución de conflictos sin violencia y en estrategias para alcanzar la integración y eliminar la xenofobia.“¿Por qué no dejar de usar el término “venecas” y dejar de hacer chistes relacionadas con los cuerpos de las mujeres? En definitiva, son vías para no seguir perpetuando los estereotipos, pero también para aportar al desescalamiento de las violencias que sufren las mujeres venezolanas migrantes en Colombia”, agrega Wolf.
Es necesario integrarlos al sistema productivo
Manuel Fernández Sierra, doctor en Economía de la Universidad de Oxford y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, experto en economía laboral, resalta los efectos positivos que tendría para Colombia incorporar a la fuerza laboral a los miles de venezolanos que han llegado al país en años recientes.
Los cerca de un millón setecientos mil venezolanos que viven actualmente en el territorio colombiano, incluyendo migrantes regulares e irregulares, son una oportunidad para aumentar la innovación y la productividad a partir de sus conocimientos y experiencias diversas.Sin embargo, según el profesor Manuel Fernández Sierra, su situación es preocupante, pues el 90 % de los que tienen un empleo está en el sector informal y sus salarios son 34 % más bajos que los de los trabajadores nacionales. A su juicio, aunque las políticas adoptadas por el Gobierno para vincularlos al sistema productivo van en la dirección correcta, más que normas se requiere un cambio cultural.En esta entrevista dice, además, que “es un imperativo moral” que el Ejecutivo extienda a esta población las ayudas que está otorgando a los colombianos más vulnerables, pues “este no es el momento de hacer distinciones por nacionalidad”.¿Qué efectos ha producido la llegada masiva de ciudadanos venezolanos en la economía del país?
- Porcentaje del último nivel educativo de la población que hace 5 años vivía en Venezuela
La evidencia internacional sugiere que la inmigración puede tener efectos positivos sobre los países receptores, especialmente en el mediano y largo plazo. En primer lugar, los inmigrantes traen diferentes experiencias y conocimientos que, si son aprovechados, se pueden traducir en mayor innovación y mejoras en productividad. Un ejemplo es la industria petrolera colombiana que se benefició de la experiencia de los técnicos venezolanos que llegaron a Colombia tras los despidos masivos en PDVSA.El segundo canal es más directo: los inmigrantes traen capital y son más propensos a crear emprendimientos. Esto impulsa la inversión y contribuye a la generación de empleo. La primera ola de inmigrantes venezolanos incluyó personas que estaban en una buena posición económica, y este mecanismo actúa principalmente a través de este subgrupo, pero en los últimos años la mayoría son personas que llegan en una situación económica más precaria.Aun así, la inmigración puede generar un bono demográfico al incrementar el tamaño relativo de la fuerza laboral respecto a la población total. Los provenientes de Venezuela tienden a ser más jóvenes, 26 años en promedio, y tienen una tasa de participación laboral cercana al 72 %, casi 9 puntos porcentuales más alta que la de los nacionales. Estos beneficios no se dan de forma automática. Es necesario integrar a esta población al sistema productivo.
- Foto: Schneyder Mendoza – AFP
¿El Gobierno ha tomado medidas para vincularlos al sistema productivo que usted menciona?
Los últimos dos gobiernos han tratado de facilitar su vinculación al sector productivo nacional, y su acceso a la seguridad social, pero los recursos son escasos y todavía falta mucho trabajo. En el documento Conpes 3950 de 2018 se resume la estrategia de atención a corto plazo para esta población. En la parte laboral, hay que resaltar que se continúan otorgando los Permisos Especiales de Permanencia (PEP) que se vienen dando desde 2017. Para complementar, en febrero de este año se creó el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF), que autoriza a los empresarios nacionales a contratar trabajadores venezolanos en condición migratoria irregular haciendo una solicitud en la página web del Ministerio del Trabajo.Estas son políticas importantes que van en la dirección correcta, pero los resultados laborales no son buenos. Según datos del módulo de migración de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la tasa de desempleo de los inmigrantes recientes entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019 fue de 19,2 %, casi el doble de la tasa observada para el resto de la población.Según estadísticas del Ministerio de Hacienda, la diferencia promedio entre lo que gana un trabajador nacional y un inmigrante venezolano es de 34 %. ¿Cómo explicar esta diferencia salarial?
- Total tasa de desempleo en ciudades con mayor población migrante
Solo una sexta parte de esta brecha (5,5 %) se explica por diferencias en características observables como el nivel educativo y la experiencia laboral. Estos son datos preocupantes. En una investigación en curso con profesores de la Universidad de Eafit, estamos usando métodos experimentales para estudiar si este tipo de diferencias en los resultados laborales se explican por prácticas discriminatorias en contra de la población inmigrante.Para dar una idea, en una encuesta a pequeños y medianos empresarios elaborada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) en 2017, cerca del 30 % de los encuestados reportó que en ninguna circunstancia contrataría este tipo de trabajadores. No es suficiente entonces atacar este problema con normas y regulaciones, también se necesita un cambio cultural.¿Es cierto que la inmigración venezolana ha disparado los índices de empleo informal, como piensan muchos colombianos?
La tasa de informalidad laboral en Colombia, medida según afiliación a seguridad social o por tamaño de los establecimientos, cayó de forma sostenida entre los años 2012 y 2019, aunque se mantiene en un nivel bastante alto cercano al 47 %. El periodo de inmigración masiva de población venezolana se ha caracterizado por la caída en la informalidad, no por el aumento.Dicho esto, según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la proporción de inmigrantes venezolanos en trabajos informales se acercaba al 90 % en 2019. Es difícil saber cuál hubiera sido la trayectoria de esta variable en ausencia del flujo migratorio, pero estas cifras sugieren que este fenómeno ha dificultado la tarea de reducir la informalidad.Ante la incertidumbre generada por la COVID-19, así como las graves consecuencias que ha traído sobre los más vulnerables, ¿cómo podría el Gobierno mitigar la crisis y evitar un crecimiento desbordado del desempleo, incluso para las familias venezolanas?
- Puestos de trabajos de la población que hace un año vivía en Venezuela.
En dos reportes recientes elaborados por colegas de la Facultad de Economía se muestra que cerca de 9 millones de personas trabajan en los sectores más vulnerables a la parálisis. Los trabajadores informales, que son cerca de la mitad de la fuerza laboral, están en una situación particularmente precaria por la dificultad que tienen para generar ingresos durante la cuarentena y porque no tienen ahorros; es mayoritariamente una población que vive del día a día.Para aliviar esta situación se necesita dar transferencias monetarias inmediatas a los hogares cuyos ingresos dependen del trabajo informal, y esto incluye a los inmigrantes. Este no es el momento de hacer distinciones por nacionalidad. Es un imperativo moral extender las ayudas del Gobierno a esta población.
