Los entes de control, incluyendo a la Fiscalía, alcanzaron un presupuesto de 8,91 billones de pesos. Lo que representa un 4,5 % del recaudo tributario de 2021.
Un importante gasto del sector público colombiano se va para los entes de control o las conocidas “ías”: personerías, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, e incluso Fiscalía. En 2021 estas instituciones alcanzaron un presupuesto de 7,88 billones de pesos; en 2022 el gasto aumentó a 8,91 billones de pesos. Esta última cifra representa un 4,5 % del recaudo tributario de 2021, de acuerdo con una investigación de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes.
Entre 2019 y el 2021 el crecimiento presupuestal que se registró fue del 22,2 %, no obstante entidades como la Contraloría General, la Procuraduría y la Defensoría han recibido aumentos del 40 %. La Contraloría estuvo a punto de doblar la cifra.
A la par del gasto público, estas entidades también han visto aumentar su personal en la última década, “sin comprobar un efecto positivo en la reducción de casos de malos manejos, corrupción y clientelismo en el país”, explican Pablo Sanabria, profesor de la Escuela de Gobierno; Erick Behar-Villegas, profesor del Tecnológico de Monterrey y Paul J. Hasselbrinck-Macias, candidato a MPA, del London School of Economics, autores del estudio “Las “ías”, entes de control y fiscalía en cifras: politización e inefectividad en la gestión pública entre múltiples capas de control.
Históricamente la elección de las cabezas de estas entidades se ha hecho a través del Senado, la Cámara de Representantes, las asambleas o los consejos, de forma reciente se han hecho concursos de méritos que han generado controversias por las sospechas que hay alrededor de la transparencia de dichos procedimientos.
El texto cita que un rasgo clave para que los órganos de control funcionen adecuadamente es precisamente la importancia de asegurar su independencia de actores e intereses políticos.
En el caso puntual de la Procuraduría, tras ampliaciones de planta recurrentes, se incrementó el gasto en un 17,9 % entre 2019 y 2020. El proyecto de presupuesto para el 2022 superó el billón de pesos. En los presupuestos más altos por cada 1.000 habitantes sobresalen la Contraloría y la Personería del municipio de Yumbo (Valle del Cauca), las más costosas para el 2020.
Además de Yumbo, los investigadores encontraron hallazgos específicos en entidades territoriales:
- Un gasto de cerca de $1200 millones de la Contraloría de Medellín en el “fortalecimiento de la gestión institucional”.
- La “prima de alta gestión” de la Auditoría General a la que tuvieron acceso todos los funcionarios por un valor de $692.600.
- Los pódcast de $16 millones y las piezas de audio por otros $16 millones de la Contraloría de Bogotá.
- La “bonificación de dirección” de la Contaduría General, que sumó casi $80 millones en 2021.
- El gasto de personal de $3.600 millones de la Contraloría del Cauca, que según SIGEP cuenta con tres funcionarios.
- Los contratos de comunicaciones de la Personería de Medellín que suman 515 millones: Muchos de estos con el objetivo de “medir la estrategia comunicacional (plan de medios)”. Uno de estos alcanza los $90,6 millones.
¿Pasa lo mismo en otros países?
Estados Unidos cuenta con una oficina de auditoría adscrita al congreso, así como auditores a nivel de cada estado federal. En Colombia hay una Contraloría General y más de 60 territoriales, además de una Auditoría General.
En Alemania, en el ámbito disciplinario, luego de que se agotan las instancia en las entidades, los casos llegan a un tribunal administrativo. Un caso emblemático ocurre en México donde el Ministerio Público contiene a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, además es una institución que hace alusión a los fiscales de justicia.
La Veeduría Distrital es un caso que no encuentra equivalente en otro país. “En esta entidad se materializó el concepto, más no la práctica de control social, a través de veedurías ciudadanas, pues su cabeza hace parte del gabinete distrital”, se lee en el documento.
El estudio también señala que dichos entes de control y la Fiscalía han crecido de forma desproporcionada en los últimos años y han forjado una compleja multiplicidad de capas de funciones que implica riesgos institucionales graves en una democracia: “La politización de entidades, la existencia de incentivos perversos en su funcionamiento y la captura de rentas a través de procesos sancionatorios que no tienen garantías”.
Se requiere una mirada crítica a sus arquitecturas organizacionales, pues al ser diseñadas con base en intereses políticos, el mecanismo de control es inefectivo e innecesario para la gestión pública. Los procesos y tareas, explican, pueden quedar supeditadas a intereses partidistas, clientelismo y a una utilización estratégica por parte de actores políticos.
