El Gobierno anuncia el regreso de la fumigación con glifosato. Expertos critican la medida por el componente ético y por los efectos lesivos en la salud humana y en la biodiversidad; además, consideran que no es costo-efectiva, no resuelve el problema, atenta contra el desarrollo rural y es una acción agresiva del Estado en zonas tradicionalmente desatendidas.
Por Andrés Ruiz Zuluaga
ma.ruiz55@uniandes.edu.co
¿Qué sucedería si en Bogotá pasara una avioneta o un dron fumigando con un herbicida que es probablemente cancerígeno? ¿Cómo reaccionarían las personas al sentir que son rociadas con glifosato como lo han vivido las familias de las zonas rurales? Frente a esas preguntas, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de Los Andes (Cesed) decidió hacer un ejercicio social controlado simulando una fumigación, para suscitar una reflexión y despertar conciencia de lo que pasa en la periferia cuando llegan las avionetas a asperjar.
Los jóvenes, con pocas probabilidades de vivir una experiencia como esta, se vieron sorprendidos cuando lo drones cargados de una sustancia colorante no tóxica los bañaron. Se sintieron “perseguidos”, “desconcertados”, “molestos”, pero al final tuvieron un espacio de reflexión. “Si nosotros nos sentimos incómodos solamente porque no nos preguntaron si queríamos que nos rociaran con una pintura, entonces ¿cómo se van a sentir estas comunidades afectadas a las que les están rociando los cultivos de consumo?”, comenta Sebastián Pérez, estudiante de Derecho e Ingeniería Civil.
“Creo que si se estuviera considerando la fumigación para ciudades como Bogotá nunca existiría esa conversación, ni siquiera un debate. Es una lógica de persecución, de criminalización, que no permite una concertación en términos de cosmovisiones sobre el desarrollo con el resto del país. Decisiones que se toman centralizadas terminan afectando a muchas familias de la periferia”, reflexiona Juan Sierra, estudiante de Ciencia Política y de Gobierno y Asuntos Públicos.
Aunque esto no es más que un experimento académico, que puede parecer un juego, en la periferia de Colombia es una complicada realidad que se vivió por muchos años y está a punto de volver. Los estudiantes de Los Andes se limpiaron el colorante y se cambiaron la ropa, pero en Nariño, en Putumayo, en el Bajo Cauca, en las regiones más vulnerables socioeconómicamente la realidad es otra.“Por muchos años, un grupo de personas veía de qué manera una sustancia tóxica caía del cielo afectando su salud y su vida. La presencia más visible del Estado era eso, una avioneta arrojando un herbicida”, cuestiona Alejandro Gaviria, rector de Los Andes.
PUTUMAYO. De repente, como una motosierra en persecución en el cielo, irrumpió la tranquilidad de los cultivos de cacao una avioneta que dejó a su paso una lluvia de herbicida que bañó animales, plantas y personas. “Vino la fumigación y me dañó el cacao y la agricultura. Lo que yo tenía. Las avionetas militares no diferenciaban: pasaban, asperjaban y lo dejaban todo seco. Llegué a sentirme como una cucaracha”, afirmó el agricultor Serafín Guzmán, en el Valle del Guamuez, Putumayo, en enero de 2016, a la agencia de noticias AFP.
Veneno caído del cielo
Mientras el 12 de abril de 2021 el Gobierno colombiano expide un decreto para retomar las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato, 41 países en el mundo ya han restringido su uso o han declarado intenciones de prohibirlo y la quimicofarmacéutica alemana Bayer ha tenido que pagar miles de millones de dólares en condenas por afectaciones a la salud de más de cien mil personas por el uso del Roundup, un conocido y polémico herbicida muy usado en todo el mundo que contiene glifosato como principio activo.
El glifosato tiene varias y documentadas afectaciones en la salud humana y en la biodiversidad, pero no para ahí; diferentes expertos académicos de Colombia cuestionan la baja efectividad y el alto costo de la aspersión para erradicar cultivos ilícitos, pues consideran que no se eliminan, sino que se desplazan entre regiones, se agrava el daño, se amplía la frontera agrícola y se impactan zonas como las áreas protegidas del sistema de Parques Nacionales Naturales y resguardos indígenas, entre otros.
“Hay una alta resiembra, la fumigación es muy costosa y rápidamente pueden volver a plantar ahí. Se disminuye pasajeramente un problema que se desplaza y empeora en el mediano y largo plazo. Deberíamos acogernos básicamente al principio de precaución”, afirma María Alejandra Vélez, directora del Cesed.
Una película repetida
En 2015, por recomendación del Ministerio de Salud en cabeza de Alejandro Gaviria, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), aplicando el principio de precaución, suspendió el uso del glifosato que estaba avalado desde 1984, cuando el mismo CNE lo había autorizado para fumigar cultivos de marihuana en remplazo del Paraquat, otro producto altamente tóxico del cual ya se había demostrado que causaba daño a los riñones, al hígado y al esófago, además de fibrosis pulmonar.
Gaviria, para su petición al Gobierno Nacional, se basó en los hallazgos de una monografía publicada en 2015 por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), que concluía que “la exposición al glifosato está relacionada con: linfoma no Hodgkin en humanos”. La Organización Mundial de la Salud categorizó al herbicida dentro de los productos “probablemente cancerígenos”.
“Lo que dijimos en su momento y sigue estando vigente es que aplica el principio de precaución por cuatro razones: el daño lo origina directamente el Estado, la población afectada no puede gestionar el riesgo, es una población vulnerable socioeconómicamente y este no parece ser un instrumento eficaz para el control de cultivos de uso ilícito”, sostiene el rector Gaviria.
“El principio de precaución se aplica cuando el riesgo o la magnitud del daño generado o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual generalmente ocurre por la falta de certeza científica absoluta acerca de las precisas consecuencias de un fenómeno, un producto o un proceso”.
Sentencia T-080/17 de la Corte Constitucional
El costo de asperjar con glifosato una hectárea es de cerca de 72 millones de pesos. Para erradicar los cultivos de coca de esa misma hectárea, es necesario fumigar el equivalente a entre 33 y 45 hectáreas debido, principalmente, a que la resiembra es de 36 %, según el documento “¿Reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia? Un resumen de la literatura científica”, producido por María Juliana Rubiano, María Alejandra Vélez, David Restrepo y Beatriz Irene Ramos, del Cesed y la Facultad de Economía de Los Andes.
Los narcotraficantes, que son el “eslabón más fuerte de la cadena”, donde están las principales ganancias de la venta de drogas, son afectados marginalmente con estas acciones. En cambio, el cultivador, “el eslabón más débil”, es el principal damnificado, pierde todo y la mayor parte de las veces se ve obligado a desplazarse, a reasentarse en nuevas zonas y a resembrar por la necesidad de obtener ingresos para su familia.
En resumen, se intensifican el conflicto social y las tensiones entre las comunidades y el Estado, lo que debilita la imagen y legitimidad del mismo en los territorios donde se fumiga.
El artículo “Inside the war on drugs: Effectiveness and unintended consequences of a large illicit crops eradication program in Colombia”, de investigadores de Harvard Kennedy School y la Universidad del Rosario, dice que el Programa de Erradicación de Cultivos Ílicitos con Glifosato aumentó la violencia y el conflicto en las zonas fumigadas, en el corto y en el largo plazo, entre 1999 y 2005. El incremento de 1 % en el área asperjada aumenta en 22 % el número de ataques de grupos guerrilleros, en 24 % la cantidad de combates con las fuerzas armadas y en 16 % el asesinato de civiles. También consideran que por cada acre (0,4 hectáreas) asperjado se reduce solo en 11 % el acre cultivado.
Las afectaciones del glifosato a la salud y al medioambiente han sido ampliamente documentadas en los últimos años. Adriana Sánchez, directora del Departamento de Biología de la Universidad del Rosario, magíster de Los Andes y doctora en Biología de Wake Forest University, habla de alrededor de 20.000 documentos de literatura científica en Google Scholar entre 2000 y 2020.
Después de estudiar más de 300 artículos sobre los impactos del glifosato, en un artículo de la revista Semana, del 20 de abril del 2021, Sánchez afirma que “el riesgo de toxicidad e impactos negativos en los ecosistemas y la biodiversidad asociada son altos… Cuesta entender cómo se llega a esta decisión cuando el riesgo para la salud de los ecosistemas (que son la base de la vida) y la salud humana, es tan alto”.
En las investigaciones del Cesed se referencian estudios que documentan, además, aumento de probabilidad de causarse linfoma no Hodgkin e incrementos en la mortalidad infantil en las poblaciones que habitan río abajo de las zonas donde se utiliza glifosato para mejorar la productividad agrícola; también, afectaciones importantes en la salud reproductiva de las personas expuestas al herbicida, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, muerte fetal, nacimientos prematuros y efectos transgeneracionales, entre otras consecuencias.
Un estudio de Adriana Camacho y Daniel Mejía, de la Facultad de Economía de Los Andes (2017), que evalúa los efectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato, describe relaciones significativas entre la exposición a la aspersión y el aumento de consultas médicas por problemas respiratorios y dermatológicos, así como un incremento en el número de abortos espontáneos.
En el medioambiente hay varias afectaciones reportadas por el uso del glifosato: la contaminación de las fuentes hídricas con herbicidas representa un riesgo para especies en vía de extinción o endémicas —como las ranas— y puede estimular cambios comportamentales e incluso aumento de toxicidad en su organismo, lo que también pasa con algunos peces; así mismo, pone en riesgo el desarrollo de ciclos migratorios de especies vitales para la biodiversidad, como los polinizadores, debido a la disminución de sus hábitats de reproducción y crianza asociada a los efectos herbicidas de esta sustancia. “El desequilibrio resultante en el ecosistema, en últimas, también perjudica la vida humana pues lleva al aumento de ‘plagas’”, añade el documento del Cesed.
Casos en el mundo
Dewayne Lee Johnson: en 2016 se convirtió en la primera persona en el mundo en llevar a juicio a la empresa Monsanto acusándola por no advertir que el herbicida Roundup tenía componentes cancerígenos. Él trabajó cuatro años como jardinero en San Francisco, EE. UU., usando el producto. El jurado consideró que la relación entre el glifosato y el cáncer estaba probada y que la empresa había conspirado para ocultarlo. La condena fue de 289,2 millones de dólares en daños punitivos y casi 40 millones en daños compensatorios. Al final, fue rebajada a 78 millones de dólares.Edwin Haderman: también en San Francisco, fue diagnosticado en 2015 con cáncer linfoma no Hodgkin luego de trabajar por más de 30 años con Roundup para combatir malezas. El jurado halló culpable a Monsanto y la condenó a pagar 80,2 millones de dólares por no advertir sobre el riesgo de cáncer y actuar “de manera negligente”.
“Hemos tomado una decisión y es, conforme a lo que dijo la Corte Constitucional, ir cumpliendo, paso a paso, para tener la legitimidad de contar con la herramienta de la aspersión con precisión, porque se requiere. Estoy seguro de que va a traer grandes resultados”.
Iván Duque, presidente de Colombia, 20 de diciembre de 2020
El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, ha anunciado que están en condiciones para retomar la aspersión y que han considerado todos los riesgos que puedan sobrevenir. Afirman que tendrán en cuenta la consulta previa, las minorías étnicas, y no asperjarán donde haya cuerpos de agua, ni en zonas protegidas. “El gran problema de Colombia es el narcotráfico. La erradicación manual sigue, la sustitución de cultivos sigue y la aspersión terrestre también”, dice Wilson Ruiz.
Alejandro Gaviria es escéptico sobre la “aspersión con precisión” y cree que el problema de los cultivos ilícitos es de desarrollo: “No se va a resolver rociando un herbicida desde el cielo. Es un atajo que no funciona. Esto distrae la atención del país sobre lo que tenemos que hacer: tratar de facilitar una inserción de la periferia de Colombia a la economía global”.
11.000 millones
de dólares deberá pagar Bayer después de llegar a un acuerdo en las 125.000 demandas en su contra por los casos de cáncer. La empresa declaró que pagaría hasta 9.600 millones de dólares a los demandantes y pondría en reserva otros 1.250 millones “para cubrir cualquier demanda futura”, según información de BBC en junio de 2020.
125.000 demandas
ha enfrentado la farmacéutica alemana Bayer por casos de cáncer relacionados con el glifosato, principio activo de su herbicida marca Roundup (este era producido antes por la firma estadounidense Monsanto, que fue comprada por Bayer en 2018).
Hay caminos y alternativas más costo-efectivas como las campañas de interdicción o las políticas de reducción de consumo en los países compradores, según la investigación “On the effects of enforcement on illegal markets: evidence from a quasiexperiment in Colombia”, de los investigadores Daniel Mejía, Pascual Restrepo y Sandra Rozo.
Para el Cesed, el problema se debe orientar al desarrollo rural para resolver los problemas estructurales existentes: “No se deben asumir los riesgos de la aspersión aérea… Es más costosa que otras estrategias, como la titulación de tierras y la sustitución de cultivos, que tienen costos inferiores y arrojan menores tasas de resiembra. Al respecto, la sustitución cuesta alrededor de 40 millones de pesos por familia, quienes en promedio tienen una hectárea de cultivos de coca o incluso menos, con una tasa de resiembra de apenas el 0,2 %”, concluye el documento del grupo de investigación.
