El sistema universitario colombiano depende de dos modelos: público y privado. Los dos enfrentan la misma presión para sostenerse.
Colombia cerró el 2024 con 57,5 % de cobertura en educación superior y más de 2,5 millones de estudiantes matriculados. Un número que suena a logro hasta que se lee así: cuatro de cada diez jóvenes en edad universitaria siguen por fuera de este sistema educativo.
Y en ese mismo año, además, los nacimientos en el país cayeron un 12 %, se cerraron 6.263 colegios (en los últimos seis meses) y en las universidades la deserción rondaba el 25 %.
¿Menos nacimientos significan menos estudiantes potenciales, menos matrículas y, eventualmente, más presión sobre la sostenibilidad financiera de colegios y universidades?
En medio de ese escenario funciona el modelo híbrido de educación superior del país: un sistema en el que universidades públicas y privadas conviven para absorber una demanda que ninguna podría atender por separado.
La pregunta que Colombia necesita responder —y pronto— es si ese equilibrio puede sostenerse sin profundizar la desigualdad, asfixiar financieramente a alguno de los sectores o comprometer la calidad educativa.
La profesora Carmen Fonseca Cuenca, representante profesoral ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y doctora en física nuclear de la Universidad de Salamanca, apunta directo al origen del problema.
“La Ley 30 habla de la educación superior como un servicio. Y cuando algo funciona como un servicio, termina dependiendo de la capacidad de pago de las personas”, explica.
Ese enfoque, dice, choca con un contexto en el que cada vez más jóvenes parecen desconectarse de la idea de entrar a la universidad. “Las condiciones actuales y esa cantidad de jóvenes que dicen ‘no me interesa, no quiero’, nos interpelan profundamente”, afirma.
La preocupación no pasa solo por lograr que más personas entren al sistema, sino por lo que encuentran una vez están dentro. Ahí aparece otra tensión: la calidad.
Stephanie Majerowicz Nieto, politóloga, economista y doctora en políticas públicas de Harvard, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, advierte que el problema no es únicamente de cobertura.
“Necesitamos educación de calidad que realmente les abra puertas a los estudiantes en el mercado laboral. En algunos casos, algunas instituciones han terminado vendiendo expectativas que no se cumplen. Y eso pasa tanto en el sector público como en el privado”, explica.
El debate, entonces, deja de ser exclusivamente financiero. También es una discusión sobre qué tipo de educación está ofreciendo el país y qué tan capaz es de responder a las expectativas de los estudiantes.
El capítulo 5 de Nadie nos pidió esto se grabó en el CityU, el centro de Bogotá. De izquierda a derecha: Stephanie Majerowicz Nieto, Antonio Moreno, Carmen Fonseca Cuenca.
Desde 2019, más de 6.000 colegios han cerrado sus puertas en Colombia, con el sector público como el más golpeado. Lo que hoy ocurre en la educación básica podría anticipar lo que viene para las universidades: menos estudiantes, menos ingresos y más presión financiera sobre el sistema.
Majerowicz Nieto propone leer ese fenómeno también como una oportunidad. “Colombia todavía tiene una cobertura en educación superior cercana al 55 % o 57 %. Eso significa que existe espacio para fortalecer el sistema y lograr que más personas accedan a esos cupos que podrían empezar a quedar vacíos”, señala.
Pero esa oportunidad tiene condiciones. Para las expertas, el camino no pasa por escoger entre lo público y lo privado, sino por asumir que el país depende de ambos sectores.
“Creo firmemente que el sistema público debe ser la pieza central de la educación superior en Colombia”, dice Majerowicz. “Pero mientras el país logra fortalecerlo, las universidades privadas van a seguir teniendo un papel importante, para bien o para mal”.
Fonseca coincide en que el debate público ha simplificado demasiado la discusión. “Cuando se habla de financiar la oferta y garantizar que esos recursos permanezcan en las universidades públicas, aparece inmediatamente la controversia”, explica. “Pero ahí hay una diferencia importante: el Estado tiene una responsabilidad particular con el fortalecimiento de lo público”. No lo plantea como una confrontación con las universidades privadas, sino como una discusión sobre prioridades y sostenibilidad.
El gran riesgo que enfrenta Colombia no es elegir entre universidad pública o privada. Es seguir aplazando la pregunta de fondo: cómo construir un sistema capaz de ampliar cobertura, reducir desigualdad y sostener calidad sin depender de soluciones parciales.
Mientras esa respuesta llega, los nacimientos siguen cayendo, los colegios continúan cerrando y las universidades empiezan a mirar un futuro en el que el verdadero desafío quizá ya no sea crecer, sino sobrevivir sin dejar a más jóvenes por fuera.
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Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 MInjusticia.
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