La política colombiana ha abierto espacio a las mujeres y minorías, pero no necesariamente les ha cedido el poder. ¿Son solo un instrumento para ganar votos?
A pocas semanas de las elecciones presidenciales, los 14 candidatos definieron sus fórmulas vicepresidenciales. Y ahí, en esa foto que busca representar al país, aparece una pregunta incómoda: ¿la diversidad es una señal de poder efectivo o una jugada calculada para conquistar votos?
Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del DANE, Colombia tiene más de 80 pueblos indígenas y la población afrodescendiente representa cerca del 7 % del total nacional. Asimismo, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, el país cuenta con 70 lenguas nativas reconocidas. Sin embargo, esa pluralidad no se ha traducido históricamente en una representación equitativa en los espacios de deliberación.
En ese escenario, las mujeres (especialmente aquellas que además son afrodescendientes, indígenas, desplazadas o de la comunidad LGBTI) han tenido que luchar para alcanzar condiciones iguales en la política. No se trata solo de una cuestión de género, sino de cómo distintas formas de exclusión se superponen y limitan el acceso al poder.
Para analizar el potencial de la diversidad de quienes aspiran a la Vicepresidencia de la República, Revista Puntos habló con José Fernando Serrano, director del departamento de Antropología de Los Andes; y con Allison Wolf, experta en filosofía feminista, para enfatizar en tres casos que condensan la discusión: Francia Márquez, Aida Quilcué y Juan Daniel Oviedo.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Francia Márquez. Su llegada a la Vicepresidencia en 2022 fue histórica. A sus 41 años se convirtió en la primera líder social afrodescendiente en ocupar el cargo, siendo un símbolo de lucha social y territorial. Sin embargo, su paso por el gobierno ha sido cuestionado por su nivel de incidencia dentro del Ejecutivo.
Las expectativas sobre su elección fueron altas porque, más allá de la representación, se llevó al centro de la conversación temas como el racismo estructural, desigualdad y derechos de comunidades excluidas.
Si bien a lo largo del mandato le fueron delegadas al menos 15 funciones por parte del presidente Gustavo Petro, relacionadas con equidad y derechos humanos, además de encabezar el Ministerio de Igualdad y Equidad, rápidamente se demostraron las limitaciones del cargo.
En medio de tensiones políticas internas, Márquez fue retirada de este Ministerio, lo que refleja un patrón recurrente en la política colombiana: la vicepresidencia depende del margen de acción que le otorgue el presidente, más que de un poder propio.
Esa distancia entre presencia y decisión es una de las tensiones del cargo. Para Allison Wolf, profesora de la Universidad de los Andes y experta en experta en filosofía feminista, “Hay un gran riesgo político en confundir visibilidad con poder real, porque da la impresión de que el problema ya está resuelto cuando las estructuras de exclusión siguen intactas”.
La decisión de Iván Cepeda por hacer de Aída Quilcué su fórmula vicepresidencial fue una sorpresa, incluso para ella. El candidato pidió su participación mediante una llamada telefónica una hora antes de hacer el anuncio público.
"Yo ya había tomado una decisión y era regresar a mi pueblo, a las comunidades y a seguir fortaleciendo el proceso local, regional y nacional (…). Estaba con mi hija y le dije: ‘No estaba dentro de mis planes volver a la vida política'",
Quilcué, lideresa indígena del pueblo nasa, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el movimiento social. Fue elegida senadora en 2022 por la circunscripción especial con más de 45.000 votos y ha sido una de las principales voceras de las mingas y de la defensa de los derechos territoriales.
Su presencia en la campaña de Cepeda responde a una representación de liderazgo y defensa de derechos humanos en comunidades nativas. Sin embargo, su rápida inclusión ha sido analizada como un mensaje político dirigido al progresismo.
Fernando Serrano, director del Departamento de Antropología de Los Andes, advierte que ninguna figura puede leerse como representación total de un sector y señala que incluso dentro de los movimientos sociales existen tensiones internas y distintas visiones políticas.
Por otro lado, la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula de la candidata Paloma Valencia ha sido altamente cuestionada, pues parece contradictorio que ella, siendo representante de un sector político que tradicionalmente ha defendido posturas conservadoras en temas como el género, haya decidido incluir a Oviedo en su campaña.
La alianza no fue inmediata. Según La Silla Vacía, esta surgió tras negociaciones sobre temas como el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que históricamente han generado tensiones dentro del uribismo.
La elección ocasionó incomodidad dentro del propio sector político de Valencia, precisamente por las diferencias ideológicas entre ambos perfiles. Oviedo es un candidato abiertamente gay, con posturas progresistas en temas sociales, lo que contrasta con el historial conservador que representa Valencia. Para los expertos, esta fórmula responde a una jugada estratégica que busca ampliar su alcance hacia votantes de centro y ciudadanos aún indecisos.
Para Allison Wolf, ese tipo de decisiones pueden cumplir una función política más amplia. “La presencia de una figura diversa puede funcionar para suavizar una agenda conservadora sin modificar necesariamente sus bases”, explica.
En política, la representación y la estrategia no son excluyentes. El problema no es determinar si hay o no instrumentalización, porque toda fórmula responde, en alguna medida, a cálculos electorales. La cuestión es entender cómo opera y sobre quién recae.
En esa línea, Serrano subraya que quienes integran estas fórmulas no son figuras pasivas, sino actores con capacidad de decisión y margen de acción propio.
En el caso de mujeres y sectores históricamente excluidos, su presencia no solo comunica una agenda, también funciona como símbolo de inclusión, legitimidad o cercanía con ciertos sectores del electorado.
Desde organizaciones sociales, el reclamo ha sido claro. Sectores LGBTI han advertido que no quieren ser utilizados como estrategia política, sino reconocidos como actores con demandas históricas.
Parte del problema no está solo en quién llega, sino el lugar al que llega. Según la Constitución Política, el vicepresidente no tiene funciones ejecutivas propias definidas más allá de reemplazar al presidente en sus ausencias. Su poder depende, en gran medida, de las tareas que delegue el presidente, lo que lo convierte en un cargo visible, pero institucionalmente limitado.
Artículo 202 Constitución Política de Colombia
Elección y Reemplazo: El vicepresidente es elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula que el presidente. Reemplaza al presidente en faltas temporales o absolutas, incluso antes de la posesión.
A diferencia de otros cargos del Ejecutivo, la vicepresidencia no cuenta con una agenda institucional propia ni autonomía política garantizada. Y si bien el cargo permite la incorporación de diversidad, no garantiza que esta tenga un poder real de decisión. Es un cargo más representativo que transformativo.
“En nuestro propio diseño constitucional es una figura bastante ambigua, con muy poca incidencia real, aunque sí cumple un papel importante en lo electoral”, explica Fernando Serrano.
La vicepresidencia en Colombia ha sido un lugar donde la diversidad es visible, pero visibilidad no es lo mismo que poder. La pregunta de fondo no es solo quién ocupa estos cargos, sino qué capacidad tienen para transformar decisiones políticas.
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Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
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