El Gobierno presentó, el 29 de octubre de 2026, el proyecto de Ley de Rescate Económico para realizar un ajuste fiscal. La iniciativa busca estabilizar las finanzas públicas mediante recortes al gasto, cambios en los impuestos y medidas para promover el crecimiento. La propuesta abrió una discusión que toca a todos: quiénes asumirían los costos del ajuste y cómo se protegería a quienes tienen menos recursos. Las medidas propuestas deben ser aprobadas en el Congreso.
¿Por qué es necesario un ajuste fiscal?
Las proyecciones para 2026 recogidas en la Nota Macro 74: La urgencia del ajuste fiscal: menos gasto y más recaudo, un documento de análisis económico de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, muestran que los ingresos del Gobierno Nacional Central serían equivalentes al 16 % del producto interno bruto (PIB), mientras sus gastos alcanzarían el 23,8 %. La diferencia entre lo que recibe y lo que gasta —conocida como déficit fiscal— sería del 7,8 % del PIB. Estas cifras se expresan como proporción del valor de los bienes y servicios que produce el país.
“Los ciudadanos de a pie no sienten la urgencia de ajustar las cuentas y a nadie le gusta que le cobren más impuestos. Sin embargo, aplazarlo pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones del Estado”, advierte Marc Hofstetter, Ph. D. en Economía de Johns Hopkins University y uno de los autores de la Nota Macro.
Aunque las finanzas de un país son más complejas que las de un hogar, el presupuesto de una familia ayuda a entender el problema. Si en una casa se gasta más de lo que se gana y se cubre el faltante con préstamos, a las cuentas habituales se suman los intereses. Cuando esa situación se repite cada mes, sostener los gastos se vuelve cada vez más difícil.
En Colombia, explican los investigadores, este desequilibrio se ha construido durante décadas. Parte del crecimiento del gasto responde a compromisos sociales asociados con la Constitución de 1991: ampliar la cobertura de salud y educación, financiar ingresos para la vejez y entregar recursos a las regiones. Son conquistas que, señalan, deben protegerse y contar con recursos suficientes para sostenerse. “No hemos puesto a la par de ese contrato social los ingresos del Estado”, explica el economista.
Por eso, recortar no resulta tan sencillo. Así como una familia no puede prescindir de la alimentación o de la atención médica, el Estado tiene obligaciones que afectan directamente la vida de los ciudadanos. En las proyecciones para 2026, las transferencias para pensiones y salud representan cerca de seis puntos del PIB; el Sistema General de Participaciones, que lleva recursos a las regiones, 4,4 puntos; y los intereses de la deuda, casi cuatro.
Eliminar gastos innecesarios es importante, pero los ahorros que se lograrían no serían suficientes frente al tamaño del problema. Tampoco es posible reducir de inmediato el pago de intereses: son obligaciones derivadas de deudas adquiridas. Disminuir esa carga de manera sostenible requiere reducir el déficit y depender menos de nuevos préstamos.
Hofstetter advierte que, si no se corrige el desequilibrio, el Gobierno podría verse obligado a aplazar pagos. “Este mes no le pago a estos empleados, el otro mes no pago estas pensiones, el siguiente mes dejo colgados a los proveedores de tal cosa”, ilustra el economista. También menciona el riesgo de incumplir compromisos con proyectos como el metro de Bogotá. Su advertencia describe las posibles consecuencias de no hacer el ajuste con urgencia.
¿Cómo afecta la Ley de Rescate Económico a los colombianos?
Una de las propuestas del Gobierno es eliminar, desde enero de 2028, la tarifa reducida del IVA del 5 %. Alimentos como el café, azúcar, las pastas y el chocolate pasarían a pagar el 19 %.
Otros productos que hoy no generan ese cobro al comprador también quedarían gravados. El queso perdería su exención y pasaría al 19 %. Asimismo, al comparar las listas actuales con las propuestas, alimentos como el tomate y la cebolla frescos dejarían de estar excluidos y quedarían sujetos a la tarifa general.
La dificultad está en cómo se distribuye esa carga. Un aumento en el precio del mercado puede obligar a una familia con pocos recursos a reducir otras compras necesarias. Una familia con mayores ingresos tiene más margen para sostenerlo.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda anunció que la propuesta del Gobierno contempla devolver la totalidad del IVA pagado a 19 millones de personas y hasta el 50 % a otros 16,5 millones. Según esa presentación, la DIAN utilizaría la factura electrónica para calcular la devolución. El mecanismo comenzaría en 2028, con un giro anticipado previsto para diciembre de 2027.
Hofstetter considera que devolver recursos a la población vulnerable es técnicamente posible y recuerda como antecedente las transferencias del programa Ingreso Solidario durante la pandemia. “Rápidamente pudieron poner en marcha unas consignaciones que le hacían todos los meses a la población más vulnerable”, explica. La propuesta actual añadiría un componente: calcular la devolución a partir del IVA pagado en las compras registradas mediante factura electrónica.
¿Qué le falta al proyecto de Ley de Rescate Económico?
Además de las medidas de recaudo y gasto, Hofstetter considera que el ajuste necesita señales que ayuden a construir confianza. “Si le vamos a pedir a los colombianos un esfuerzo tributario, los primeros que debieran ponerse en la fila son los funcionarios públicos”, afirma.
Entre sus propuestas están contener los salarios más altos del Estado, reducir la remuneración de los congresistas y revisar la asignación de vehículos y conductores pagados con recursos públicos. Aunque su impacto sobre el déficit sería limitado, estos recortes mostrarían que el esfuerzo también empieza por quienes tienen mayores privilegios.
“Esas cosas no van a hacer la diferencia a la hora de cuadrar las cuentas fiscales, pero mandan la señal de que todos ponemos y de primeras ponemos los privilegiados del Estado”, concluye.
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